SIMON GARCÍA
El régimen, dictadura con uso de simuladores democráticos, asumió su contradicción con la democracia: aceptar una elección lo conduciría a su debacle. Rechazó la realización del revocatorio porque iniciaría una transición pacifica, desde una hegemonía autoritaria y excluyente a una democrática y con la participación de los dos países que han estado hasta ahora enfrentados.
Nadie ignora, porque las barbaridades contra la Constitución han sido muchas, graves y escandalosas, que el gobierno ha dado un golpe contra el Estado. Primero, impuso un ilegal toque de queda electoral durante el 20016 valiéndose de su control sobre el TSJ, el CNE y la Fuerza Armada. Segundo, quiere derrocar por la fuerza a la Asamblea Nacional. Tercero, ha sustituido el principio de que la soberanía reside en el pueblo.
La cúpula gubernamental fabricó un falso positivo judicial en el caso de los diputados de Amazonas y la representación indígena del sur. Suspendió su proclamación sin pruebas ni verificación de las supuestas incidencias en los resultados, dados por buenos por el CNE, porque esa tropelía permitiría despojar a la oposición de la mayoría calificada y mantener una pena genérica, inexistente en nuestro derecho, para anular sine die y genéricamente todas las decisiones de un poder público que es expresión directa y legítima de la voluntad de los venezolanos.
Es falso que la tardanza para convocar al referendo se debe a que se comenzó tarde. La verdad es que el CNE retardó injustificadamente decisiones y apeló a todas las triquiñuelas para evitar que los ciudadanos puedan expresar su decisión de mantener o revocar a Maduro. Tampoco fue un problema de tiempo lo que produjo la eliminación de la elección de Gobernadores que el CNE, por mandato constitucional, debe realizar en diciembre de 2016.
Nadie puede dudar que la puesta en marcha de una operación discursiva y propagandística de inversión de la realidad, recurso propia de los totalitarismos, ha intentado convertir la más descarada violación de la Constitución por parte del ejecutivo, coludido con el CNE y las Salas Electoral y Constitucional del TSJ, en un desacato de aquel poder que está sufriendo esas violaciones.
El único elemento que hace falta para imponer un estado de naturaleza es el uso ilegal de la fuerza y de la violencia por parte de la organización que la debe monopolizar según la Constitución. El Ministro y el alto mando deben dar muestras de que su lealtad es con la Constitución y no con Presidente que perdió pueblo, legitimidad y legalidad.
Nuestra Fuerza Armada es un factor fundamental para decidir si el país toma el camino del diálogo o el de la desaparición progresiva de la democracia y el Estado de Derecho. Un gran dilema cuya respuesta deben formular, civiles y militares, opositores y seguidores del gobierno, antes del próximo 3 de noviembre.
Juntos, aunque diferentes, unos y otros podemos imponer el cambio en paz y hacer que el cambio que el país exige surja de los votos. Venezuela tiene derecho a votar.
@garciasim
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