MARTA DE LA VEGA
En estas elecciones de gobernadores, mandato
que había sido incumplido y fijado 10 meses después de lo pautado,
parcialmente, pues fueron ignoradas elecciones de alcaldes y de concejos legislativos,
nunca se había visto tanto ventajismo y delito electoral. La mudanza de
votantes de un centro a otro, en total 273, no solo ha sido arbitraria,
inesperada y de última hora sino fuera de la ley. El único que tiene exclusiva
potestad para mudarse de centro es el elector, salvo que hubiese habido por
fuerza mayor necesidad de modificar el lugar de votaciones, por ejemplo en caso
de catástrofes o desastres naturales. Con el pretexto de la violencia, la
presidenta del CNE ha justificado en sus declaraciones del 12 de octubre tales
despropósitos, solo para desanimar a los votantes y estimular la abstención.
El artículo 70 de la Ley contra la
Corrupción, de 2014, reformada mediante decreto, considera delito de lesa
patria y sanciona con pena de hasta 3 años al funcionario público que utilice
su cargo para favorecer o perjudicar a un candidato, grupo, partido o
movimiento político, es decir, que abuse de su poder y que viole la
Constitución al estar al servicio de una parcialidad política y no de la nación.
Es lo que han hecho sin pausa desde el gobierno. No hay Fiscalía para velar por
la justicia.
A pesar de los inmensos ingresos petroleros,
la población continúa sin bienestar social. No se ha estimulado una mentalidad
con aspiración al logro por el trabajo, la superación y los méritos sino un
inmediatismo dependiente y pasivo de amplios sectores sociales. No se han
estimulado la cultura de la responsabilidad y del cuidado. La ética pública. La
conducción del país por los mejores y más competentes ciudadanos. Se han
desbordado clientelismo y amiguismo en lugar de justicia social y equidad.
Estas características del país hoy han llevado hasta la exasperación los agudos
problemas de escasez, desabastecimiento, desnutrición crónica en niños y
adultos, pésimos servicios públicos, vialidad destrozada, destrucción de los
sistemas de educación y salud.
Ante este panorama, ha habido muchos
pronósticos acerca del resultado de las elecciones. Todos tienden a favorecer a
los candidatos de las fuerzas democráticas en la mayoría de los estados del
país. Pero la conducta del poder electoral atenta contra la transparencia del
proceso de elección y contra la posibilidad de ganar limpiamente, con prácticas
ilícitas que impiden el voto, obstaculizan su ejercicio, vulneran el principio
de igualdad o el respeto pleno a la voluntad del votante. Peor aún, el
ventajismo ha sido impuesto sin pudor. Al consultar en el portal del CNE, por
ejemplo, con el número de cédula de identidad cuál es el centro a donde votar,
se lee este mensaje: “el candidato del pueblo es…” con el nombre del aspirante
oficialista a gobernador.
Al escribir esta nota no sabemos cuál será
la decisión final de los electores. Ojalá que una mayoría deseosa de cambio nos
permita la ruta hacia una economía eficiente, diversificada y productiva. Y
dejemos atrás la calamidad continuada y grave en que se han convertido las
regiones controladas por el poder actual, con militares gobernadores en su
mayoría. El 16 de octubre Maduro no dejará la presidencia. Pero disminuye su
poder en la misma proporción de la victoria de los candidatos de la Unidad
Democrática. No va a desaparecer en seguida el modelo económico sectario,
estatista y concentrador del poder, con un régimen político militarista y
autocrático, mafioso y criminal que marca desde hace 18 años el rumbo de la
República. Pero se puede vislumbrar que estamos más cerca de cambiar de régimen
y gobierno, al sustraerle poder al poder.
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