Si la Casa Blanca no actúa con celeridad y firmeza, Venezuela va a colapsar
ROGER NORIEGA
El régimen autoritario en Venezuela
ha logrado ganar tiempo organizando elecciones fraudulentas y evitando
el impago de su deuda externa. No obstante, la decisión de Caracas de
asignar $2,000 millones en divisas a los tenedores de bonos en vez de
importar alimentos puede resultar mortal, especialmente si el régimen
dirigido por Nicolás Maduro enfrenta otra ronda de sanciones
internacionales o protestas callejeras renovadas por parte de gente
desesperada y hambrienta.
Las sanciones por parte de la
administración del presidente Trump han afectado al régimen y a sus
líderes corruptos. El presidente de los Estados Unidos ha presionado a
socios regionales y europeos para que respalden una transición
democrática urgente. Sin embargo, sin una oposición interna más fuerte y
esfuerzos internacionales más enérgicos, Maduro consolidará una
dictadura o colapsará al país por completo.
La supervivencia de Maduro hasta
ahora es producto de la indulgencia diplomática iniciada por el
presidente Obama. A pesar de que durante años el régimen de Maduro,
respaldado por Cuba, manipuló implacablemente el sistema a su favor, los
diplomáticos estadounidenses han convencido repetidamente a líderes de
la oposición de que el diálogo falso y las elecciones son formas viables
de obligar a la dictadura a compartir el poder. En 2013-14 y 2016-17,
las protestas callejeras comenzaron a agotar el aparato de seguridad
interno, pero los políticos acordaron un “diálogo” que disipó la presión
nacional y extranjera sobre el régimen.
En 2015, la oposición arrasó en las
elecciones parlamentarias, pero Maduro disolvío la Asamblea Nacional
poco después. Este verano, el 98 por ciento de los 7.5 millones de
votantes venezolanos participaron en un plebiscito de oposición
rechazando al régimen ilegal llamando a los militares a defender la
constitución. Después de las “elecciones” de la Asamblea Nacional
Constituyente, controlada por el gobierno, la empresa que computa los
resultados acusó a la junta electoral de cometer un fraude masivo.
Sorprendentemente, la oposición dilapidó el plebiscito e ignoró la
evidencia de fraude con tal de ganar algunas gobernaciones.
A nadie debería haberle sorprendido
cuando las autoridades electorales partidistas anunciaron que un régimen
con índices de aprobación prácticamente inexistentes ganó 17 de las 22
gobernaciones. Peor aún, los llamados líderes de la oposición que
obtuvieron victorias pírricas se vieron obligados a jurar lealtad a la
asamblea constituyente ilegal y omnipotente que Maduro está utilizando
para imponer el control absoluto.
Demócratas incondicionales como María
Corina Machado y Antonio Ledezma rompieron con la oposición por su
decisión de participar en las elecciones regionales. Ahora otros
miembros de la oposición admiten el error de creer que la dictadura de
Maduro celebraría elecciones honestas. Esta última debacle electoral
desacreditó aún más a los jefes de oposición que buscan engraciarse con
el régimen en lugar de buscar un cambio genuino.
Después de más de una década de
asedio en contra de la oposición por parte de los regímenes de Hugo
Chávez y su acólito Maduro, la gran mayoría de los venezolanos prefiere
un cambio fundamental y busca nuevas formas de obtenerlo. Por ejemplo,
las protestas callejeras—que capturaron la atención internacional por
desafiar el aparato represivo del régimen—fueron lideradas por una
alianza de jóvenes que respaldaban la libertad económica y política. A
diferencia de algunos líderes de la oposición desacreditados, la llamada
“Resistencia” es reconocida por el pueblo venezolano por su sacrificio
patriótico.
Crear una oposición mucho más
coherente y decidida, que gane la confianza del pueblo y de la comunidad
internacional, es la clave para evitar un colapso catastrófico o una
dictadura en Venezuela. Un liderazgo mucho más fuerte y claro por parte
de los EE.UU. es indispensable para alcanzar ese objetivo.
La determinación del presidente Trump
de incitar el cambio es muy clara. El Vicepresidente Mike Pence y el
Asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster también han hablado
abiertamente sobre este tema. Autoridades en el Departamento del Tesoro y
en el Consejo de Seguridad Nacional están consiguiendo resultados a
nivel táctico, lanzando una serie de sanciones financieras y anuncios de
políticas dirigidas a Maduro, su vicepresidente y decenas de otros
secuaces del régimen. Este objetivo y estas tácticas parecen gozar de
apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, donde los
proyectos de ley promovidos por líderes de la política exterior
demócrata avanzan en ambas cámaras.
Lo que falta es una estrategia para
enfocar estos esfuerzos pro-democracia de una manera más decisiva y
coordinada. Esta debe ser la tarea del Departamento de Estado. Sin
embargo, la diplomacia de los Estados Unidos ha quedado relegada a la
Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima, integrado por
líderes preocupados en América Latina y Canadá, pero curiosamente no de
los EE.UU.
No es demasiado tarde para que la
Casa Blanca otorgue poder a un coordinador que lidere un esfuerzo de
todo el gobierno para lidiar con la crisis en Venezuela y trabajar con
socios internacionales para promover la democracia y adoptar sanciones
enfocadas y efectivas. Un coordinador también sería invaluable para unir
a la oposición venezolana en torno a un objetivo compartido de una
transición democrática urgente, y para enviar un mensaje a los aliados
de Maduro en Cuba, Rusia, China y dentro del ejército venezolano, para que respeten la voluntad popular.Este apoyo internacional inequívoco para una sucesión democrática posterior a Maduro puede ser la última esperanza para restaurar el orden constitucional y proteger a los venezolanos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de una catástrofe humanitaria.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Newsweek
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