23 de enero: nada estaba asegurado
YSRAEL CAMERO
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El 23 de enero de 1958 el último dictador
del siglo XX venezolano, Marcos Pérez Jiménez, huye montado en “La Vaca
Sagrada”. Pero la democracia estaba lejos de estar asegurada. La
efeméride histórica, justificadamente celebrada, puede llamarnos a
equívocos. Venezuela construyó una democracia que duró cuarenta años a
partir de aquel 1958, pero en esos primeros días del mes de enero no
había garantías de que ese fuera el resultado final.
La democracia venezolana fue fruto de la
labor colectiva de muchos hombres y mujeres. De quienes la soñaron y
declamaron su nombre en 1928, de quienes la colocaron en la calle en
1936, de quienes la convirtieron en centenares de organizaciones,
partidos, sindicatos, ateneos, periódicos, entre ese año y 1945. Obra de
los que votaron masivamente entre 1946 y 1948, participaron en mítines,
reuniones, marchas, manifestaciones, concentraciones, jornadas de
reflexión. Quienes reaccionaron con estupor cuando el Presidente Rómulo
Gallegos, primer mandatario electo por voto universal, directo y
secreto, fue expulsado por un golpe militar palaciego en noviembre de
1948. Por quienes contrariaron las líneas oficiales de sus partidos para
votar en las elecciones a la Constituyente en 1952. Por quienes se
arriesgaron, dentro y fuera de Venezuela, para hacerla democrática en
contra de una dictadura que tenía el poder, la prosperidad y el apoyo de
la potencia más importante del momento. Por quienes distribuían los
panfletos contra la dictadura, y por quienes los leían con temor y
esperanza. Tres décadas de lucha colectiva hicieron posible llegar a ese
año 1958…, pero en ese momento nada estaba asegurado.
Es interesante percibir el tránsito de la
dictadura a la democracia como un proceso que podemos distinguir,
desarrollado desde mediados de 1957, cuando se hace evidente el inicio
del quiebre de los consensos que sostienen la dictadura, hasta el año
1959. Incluso, una década más: cuando el sistema pasa la doble prueba de
la violencia política guerrillera y de la alternabilidad política, tras
1968.
La crisis del régimen militar: de mayo a diciembre de 1957
Ningún gobierno autoritario se sostiene
exclusivamente por la fuerza. En la medida en que los gobiernos
militares se consolidan van construyendo a su alrededor un conjunto de
consensos que los sostienen, al mismo tiempo que el aparato represivo
impone la sumisión. El gobierno militar iniciado en 1948 había
construido a su alrededor el consenso de la institucionalidad militar, y
de sectores conservadores del empresariado y de la Iglesia católica,
así como tuvo el apoyo de los grupos más anticomunistas de las élites
gubernamentales de Estados Unidos.
El año 1957 es señalado recurrentemente
como el momento crítico de la dictadura. Pero la fecha exacta de la
crisis no parece gozar de un consenso tan amplio. La Carta Pastoral de
Monseñor Arias Blanco, del 1º de mayo de ese año, parece desencadenar
una represión novedosa contra la jerarquía eclesiástica.
La crisis económica fue otro de los
factores que propició el cambio político. La decisión de Estados Unidos
de reducir las cuotas que compraba de petróleo venezolano, da inicio a
una crisis fiscal para el Estado, que se extenderá hasta finales de
1963, pero frente a la cual el gobierno militar no tiene capacidad de
respuesta inmediata.
La crisis del bloque de poder fue un
catalizador clave que terminó acelerando el proceso. La pretensión de
Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional –policía política del
régimen– de empezar a “vigilar” a los militares, sostén institucional
del régimen, provocó la reacción adversa de las Fuerzas Armadas, que
presionaron al dictador para que sacara a Estrada del poder. La salida
del infame policía precedió en pocos meses el derrumbe de la dictadura.
En la oposición se estaba construyendo la
unidad posible. Una cosa era la dinámica del exilio, otra distinta la
vida de la Resistencia en la clandestinidad. El acercamiento entre las
fuerzas políticas en el exilio tiene expresiones concretas desde 1956,
pero no será sino a mediados de 1957 cuando Jóvito Villalba y Rómulo
Betancourt se encuentren en la residencia de Ignacio Luis Arcaya en New
York, junto con Simón Alberto Consalvi. Discuten infructuosamente la
posibilidad de suscribir un documento. En simultáneo, Enrique Tejera
París es enviado por Betancourt a Caracas para entrar en contacto con
Rafael Caldera, líder de COPEI, quien aún está reacio a establecer un
vínculo directo, al estar probablemente preocupado por la frágil
legalidad en que se encontraba la organización democristiana.
Dentro de Venezuela la resistencia
clandestina fue construyendo diversas iniciativas unitarias efímeras. En
1950, AD y el PCV habían realizado una huelga petrolera conjunta, pero
no sería sino hasta junio de 1957 cuando se constituiría la Junta
Patriótica. Entre febrero y abril de 1957 se establecieron contactos
entre Guillermo García Ponce y Héctor Rodríguez Bauza, del PCV, y Pedro
Pablo Aguilar, de COPEI. En abril, Aguilar contactó con José Francisco
Sucre Figarella (AD) y con José Herrera Oropeza (URD) en mayo.
Fue Nueva York el sitio recurrente de
realización de un conjunto de encuentros entre dirigentes políticos
durante los últimos días de 1957 y los primeros días de 1958. No sólo
estamos hablando de los encuentros entre Betancourt y Villalba, primero,
y luego con Caldera, sino que será también invitado el mismo
expresidente Eleazar López Contreras, desde septiembre.
La caída insegura de un dictador, la continuidad militar
El derrumbe final de la dictadura es
visto, en el exilio y en la clandestinidad, como una alborada, pero es
leído bajo dos circunstancias disímiles. Para los luchadores presentes
en la Resistencia la experiencia unitaria interna es determinante. Los
intentos de golpe de Estado del 31 de diciembre y del 1° de enero de
1958 sorprendieron a muchos de los implicados, pero contribuyeron a
adelantar el derrumbe del gobierno militar. La huelga general que se
inició el 21 de enero, combinada con la pérdida de apoyo de la
institucionalidad militar, llevan al dictador a huir el 23 de enero. Una
nueva Junta Militar lo sustituirá y dará los primeros pasos en una
transición política cuyo destino final estaba lejos de ser claro. Los
exiliados empiezan a volver.
Un peligroso inicio: las amenazas del proceso
La reconstitución del poder, luego del 23
de enero, no fue un proceso lineal ni sencillo. La posibilidad de una
reversión autoritaria y militarista estuvo presente durante todo el año
1958, y continuó mostrándose posteriormente.
La primera Junta de Gobierno, presidida
por Wolfgang Larrazábal, estaba conformada exclusivamente por militares,
y contaba, además, con la presencia de Roberto Casanova y Romero
Villarte, quienes fueron impugnados por otro militar, Hugo Trejo, hasta
obtener su salida el 25 de enero. El 24 se habían incorporado a la Junta
los empresarios Blas Lamberti y Eugenio Mendoza. La intranquilidad
militar continuó presente antes de los intentos de golpe. Se produjo la
expulsión de Hugo Trejo de su cargo de sub-jefe del Estado Mayor, el 28
de abril. Wolfgang Larrazabal sostuvo que “la Junta considera que la
actividad política no se compadece con las funciones militares”.
Tanto partidos políticos como sindicatos
se encontraban, al momento del derrumbe de la dictadura, en una posición
débil. Tras casi una década de persecuciones, asesinato de dirigentes y
torturas, había mucho que reconstruir. Una de las primeras tareas en la
reinstitucionalización política fue la reorganización de los partidos
políticos y de las organizaciones obreras.
Aunque el rol de la Junta Patriótica fue
clave en la crisis terminal de la dictadura y en los primeros meses
luego del 23 de enero de 1958, en la medida en que avanzó la
reinstitucionalización del país y se reactivaron las direcciones de los
partidos políticos, se empezaron a generar tensiones que se expresaron
en la progresiva ampliación de ella. Al mismo tiempo, la Junta
Patriótica fue perdiendo peso político, tanto frente al gobierno como
frente a las direcciones nacionales de los partidos, que vuelven a
ocupar su espacio en la esfera pública, desvaneciéndose la posibilidad
de que dicha Junta le diera forma a la transición. No podían coexistir
dos direcciones políticas.
La recurrencia del uso en la opinión
pública de la frase “Espíritu del 23 de enero” ratifica un clima
fundacional y unitario de las fuerzas democráticas. En ella hay una
mezcla de ilusiones, una búsqueda, un ansia de preservar dicha unidad
para enfrentar la amenaza de una regresión militar. Sólo el naufragio de
la unidad soñada dará paso a la construcción efectiva de la unidad
posible: el Pacto de Puntofijo que no contradice el Espíritu del 23 de
enero, sino que es su continuidad práctica, su expresión posible.
La calle también es un actor polémico.
Caracas se había convertido en un espacio de movilización recurrente
pero relativamente moderada. En medio de las celebraciones el pueblo
liberó a los presos que se encontraban en El Obispo y en la Seguridad
Nacional. Tomarían la urbanización “2 de diciembre” rebautizándola “23
de enero”. Son saqueadas las casas de Pérez Jiménez, Llovera Páez y
Vallenilla, así como algunos cabarets frecuentados por funcionarios del
régimen depuesto. Esta movilización generó episodios que preocuparon a
los dirigentes de la transición, como lo fueron la presión contra los
extranjeros inmigrantes –italianos, portugueses, españoles– quienes
habían llegado durante la expansión de la construcción, en la década
precedente. La visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Richard
Nixon, en mayo, es otra ocasión donde esta movilización coloca en
tensión a la transición. El Plan de Emergencia, que se inicia el 14 de
marzo, puede ser concebido como una solución coyuntural al problema del
desempleo, que se vincula en parte con las continuas movilizaciones.
Esta movilización de calle es uno de los
factores que puede incidir, como presión, dentro de los cuarteles
militares. Durante más de una década, dependiendo de la perspectiva,
desde 1945 o desde 1936, las Fuerzas Armadas se encontraban insertas en
el centro de la dinámica de poder en Venezuela. Durante una década el
gobierno autoritario había pretendido gobernar en nombre de los
militares como corporación, habían manejado poder efectivo, y no todos
iban a entregarlo sin resistencia.
Resolver la transición de la dictadura a
la democracia entre los sectores militares fue una de las tareas más
difíciles de resolver. La expulsión de Hugo Trejo representa un paso en
la dirección de apaciguar la intranquilidad de los cuarteles respecto al
rol militar en el régimen que se anunciaba.
Pero serán justamente los dos intentos de
golpe de Estado –el de Jesús María Castro león, Ministro de la Defensa
de la Junta y de Juan De Dios Moncada Vidal– los catalizadores que
llevarán a la negociación y firma de un acuerdo político, que adquiere
su carácter más claro en el denominado Pacto de Puntofijo, y en el menos
conocido, pero igualmente importante, Programa Mínimo Común.
La presión de Castro León sobre la Junta
de Gobierno al presentarle, el 23 de julio, una forma de “ultimátum”
desencadena el intento de golpe de Estado, que es respondido con
manifestaciones públicas masivas. El 7 de septiembre será la
insurrección de Moncada Vidal. Ambos pronunciamientos pueden ser
entendidos como expresiones del sector militar conservador que pretendía
postergar la transición a la democracia para preservar estructuras de
poder que la institución armada había detentado por una década. Esta
presión militar se convirtió en un impulso para que el liderazgo civil
llegara a un acuerdo explícito.
Los acuerdos fundacionales
La intranquilidad en las calles de las
ciudades, en el contexto de una recesión económica iniciada en 1957 –que
se expresó en el incremento del desempleo, urbano y rural– motivó
varias respuestas. Una de las más interesantes fue el avenimiento obrero
patronal. La CTV, el movimiento obrero, fue ilegalizado y perseguido
durante la dictadura. El proceso de apertura política y liberalización
de 1958 permitió la reaparición del movimiento de trabajadores. Antes de
la reconstitución plena de la CTV, el movimiento obrero se agrupó en el
Comando Sindical Unificado. Dicho Comando estaba comprometido con la
restauración pronta de un sistema democrático en Venezuela, manifestando
su intención de evitar que la conflictividad laboral se convirtiera en
ocasión para impedir el tránsito a la democracia.
Frente a esto, el rol del empresariado
puede ser percibido de una manera distinta pues Fedecámaras había
permanecido funcionando durante la dictadura. Las conversaciones entre
el movimiento obrero en proceso de reinstitucionalización y los sectores
empresariales se desarrollaron desde febrero de 1958. La firma del
acuerdo entre el Comité Sindical Unificado y Fedecámaras, como parte de
la política de acuerdos y pactos que le dio forma a la democracia
venezolana, tuvo como impulso fundamental evitar el retroceso
autoritario. Los sindicatos fueron los primeros interesados en que se
hiciera posible.
La tregua obrero-patronal es firmada el
25 de abril. Se incorporaba la creación de comisiones de empresas y
sindicatos para estudiar los problemas del capital y la clase
trabajadora, así como se afirmaba la reivindicación de la libertad de la
organización sindical sin interferencias.
La transición tenía que expresarse en un
proceso electoral: tenía que elegirse un gobierno que fuera popularmente
legítimo, y esto también generaba resistencias, y pasiones. Desde su
primer Decreto la Junta de Gobierno plantea como su objetivo enrumbar a
Venezuela hacia un Estado democrático de Derecho. El 22 de febrero se
crea una Comisión para redactar un proyecto de Ley Electoral y se
juramentó el 4 de marzo. El 18 de junio se crea el Consejo Supremo
Electoral y se designan sus miembros.
La candidatura unitaria para la
Presidencia de la República parecía ser, a ojos de la opinión pública de
la época, la consecuencia natural del Espíritu del 23 de enero. Pero
las múltiples conversaciones al respecto fueron infructuosas, las
candidaturas independientes, impulsadas fuera y dentro de muchos
partidos, no alcanzaron el consenso suficiente. La pérdida progresiva de
importancia de la Junta Patriótica es un proceso que dificulta, de
hecho, la consecución de un candidato único.
Las candidaturas de Wolfgang Larrazábal,
con el apoyo de URD y del PCV, de Rafael Caldera, de COPEI, y de Rómulo
Betancourt, por AD, terminaron por hacer imposible una candidatura
única. Será luego del intento de Golpe de Estado, liderado por Juan de
Dios Moncada Vidal, que la posibilidad de una reacción militar obligue a
adelantar algún tipo de pronunciamiento unitario, que vino a cumplir el
Pacto de Puntofijo, firmado finalmente el 31 de octubre de 1958.
En la preservación de la unidad posible
podemos entender el lugar del Pacto de Puntofijo, de allí que hasta el
mismo Partido Comunista aprobó gran parte de lo establecido en el mismo.
Este acuerdo, junto con el Programa Mínimo Común, fue posible tras
nueve meses de conversaciones y treinta años de lucha política, ambas
expresiones de la tradición democrática venezolana.
El interés en el Programa Mínimo Común
deriva de que constituye la expresión sintética de los consensos en
materia de políticas públicas que le darán forma a la democracia
venezolana durante las cuatro décadas posteriores. Asimismo, pueden
rastrearse a partir de su lectura varios de los debates que polarizaron a
la sociedad venezolana luego de la muerte de Juan Vicente Gómez y hasta
la caída de la dictadura militar. La redacción de artículos como los
referidos al modelo económico, al rol del Estado y su interacción con el
sector privado y con los capitales extranjeros, refleja la coexistencia
de acercamientos ideológicos diversos. En ese mismo sentido, el
reconocimiento del rol fundamental del Estado en la educación y de la
libertad de enseñanza expresaba la intención de construir amplios
consensos, que superaban los límites estrictos de los partidos
políticos.
A pesar de la centralidad que los
partidos políticos tienen en la vida democrática que se desarrolla desde
la firma del Pacto de Puntofijo –el Programa Mínimo Común, y la
práctica política posterior así lo ratifica– brindan mensajes claros a
sectores sociales que se consideran importantes para el sostenimiento de
lo que hoy podría llamarse la gobernabilidad, del nuevo sistema.
De esta manera, vemos que tras la
disolución de los consensos construidos entre 1948 y 1952 –lo que fue un
factor determinante en el derrumbe del gobierno militar– hay una
intención en los decisores de construir un nuevo consenso social, que
incluya a empresarios, trabajadores y a la Iglesia Católica, alrededor
de un proyecto nacional democrático de desarrollo, planificado por un
Estado democrático y pluralista.
La política de acuerdos prosigue y se institucionaliza
La redacción consensuada de una
Constitución Democrática en 1961, lo debatido en el Segundo Congreso por
la Paz y la Democracia (1962) y el mal denominado Concordato
con la Santa Sede (1961-1964) fueron parte de una nueva política de
acuerdos para ampliar la base de apoyo de la naciente democracia. Esto
estableció también unas reglas institucionalizadas del funcionamiento
del poder que buscaban maximizar el consenso y minimizar el conflicto,
lo que caracterizaría la democracia venezolana.
Si entendemos el Pacto de Puntofijo en su
contexto histórico, y en el marco de una política generalizada de
creación de amplios acuerdos fundacionales, representó uno de los
procesos más inclusivos y representativos de la historia venezolana. La
articulación entre los partidos y la ciudadanía se encontraba en proceso
de ampliación en el escenario postautoritario.
Así, contra todo pronóstico, contra los
vaticinios más negativos, los venezolanos demostramos la capacidad de
tomar las decisiones correctas en los momentos claves para dirigir el
destino de Venezuela hacia la construcción de un sistema democrático
pluralista y competitivo. Una democracia que se mantuvo estable durante
cuatro décadas, el período más largo de estabilidad de la historia
venezolana, con la novedad de prosperar bajo gobiernos elegidos en
comicios libres, competitivos y alternativos. Nada de esto estaba
asegurado el 23 de enero.
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