AYUDA MEMORIA
ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
Cuanto más se deteriora la situación venezolana, con la violencia,
empobrecimiento y envilecimiento que se nos imponen, más necesario es
sostener el esfuerzo consistente y coherente de procurar una solución a
través del acuerdo, y más urgente son tanto la coherencia opositora
democrática nacional como la concertación de las iniciativas
internacionales. Así de sencillo, así de complicado.
Un ángulo para considerarlo es el de la evolución de los
acercamientos entre gobierno y oposición, y la naturaleza del respaldo
internacional para unos, otros y sus eventuales acuerdos. En la lista
están los encuentros de 2014 y 2105, el diálogo de finales de 2016 y la
negociación cuyos preparativos y rondas se iniciaron en 2017 y han
continuado en enero de 2018. El denominador común, sabido es, ha sido la
ausencia de compromiso del gobierno que, fuera de encuentros, diálogos y
negociaciones, ha negado con sus acciones y omisiones lo poco a lo que
asiente en ellos. Así fue quedando cada vez más en evidencia ante
quienes han mantenido transparente y responsablemente la voluntad de
acordar una solución pacífica y constitucional; esto no ha sido tiempo
perdido.
Entre 2014 y 2015, en medio de persistentes protestas
violentamente reprimidas, la coalición opositora, no obstante sus
divergencias estratégicas, logró precisar su agenda de exigencias
constitucionales al gobierno, ante el país y el mundo. Para el gobierno
fue inevitable y también útil participar en sesiones de diálogo y
aceptar el acompañamiento internacional, no solo de tres cancilleres de
la Unasur, sino, por insistencia de la oposición, del nuncio apostólico.
Esta intermediación fue muy débil y carente del respaldo político de la
mayoría de los países americanos. La oposición decidió detener su
participación ante la sordera del gobierno a lo planteado en los
encuentros: constitución de una comisión de la verdad imparcial que
evaluara los hechos durante las protestas y estableciera
responsabilidades por los fallecidos y la represión; escogencia de un
CNE imparcial; revisión de los casos de presos y exiliados políticos, e
inclusión de los estudiantes en el diálogo.
En 2016, ante el desconocimiento gubernamental de la mayoría
ganada por la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones
legislativas, se multiplicaron aún más que en los dos años previos las
denuncias y declaraciones internacionales en defensa de la legitimidad
de la Asamblea Nacional. En la OEA, hubo tres reuniones del Consejo
Permanente sobre el caso venezolano, se produjo la presentación del
primer informe del secretario general Luis Almagro, el acuerdo de
hacerle seguimiento a la situación y el ofrecimiento de asistir el
diálogo. Sin embargo, fue nuevamente la Unasur la que cobijó la
participación de tres ex presidentes propuestos por el gobierno
venezolano –Martín Torrijos, Leonel Fernández y José L. Rodríguez
Zapatero– para acompañar diálogos, a los que otra vez, por el insistente
requerimiento de la oposición, se incorporó un representante del
Vaticano. La MUD asistió poco concertada, sin la necesaria preparación,
con reducido apoyo interno y débil respaldo internacional. Tras ambiguos
anuncios, alentados por los acompañantes, sufrió, además, la ilegal
suspensión del proceso de convocatoria del referéndum revocatorio del
mandato presidencial. Con todo, en el balance final de estos encuentros
cuenta para bien la carta que en diciembre difundió el secretario de
Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en la que precisaba los
temas que debían ser atendidos para poder continuar el diálogo: medidas
para aliviar la crisis de medicinas y alimentos, concreción de un
calendario electoral, restitución de las atribuciones a la Asamblea
Nacional y aplicación de los instrumentos legales para acelerar la
liberación de los presos políticos. Estos temas se hicieron parte de las
declaraciones y posiciones internacionales ante la situación de
Venezuela que se han multiplicado desde entonces.
A lo largo de 2017 no solo no fueron atendidos esos asuntos por el
gobierno sino que sus acciones y omisiones en esos cuatro ámbitos
fueron de tal gravedad –entre ellas la instalación inconstitucional de
una asamblea constituyente– que, al lado de las protestas reprimidas con
violencia sin precedente, las expresiones de preocupación y compromiso
internacional aumentaron en cantidad y en el alcance de sus efectos. Al
primer informe del secretario general de la OEA, de marzo de 2016, lo
siguieron tres en 2017. El de abril de este año propició una resolución
del Consejo Permanente que calificó la situación venezolana con términos
de la Carta Democrática Interamericana: “Ruptura inconstitucional del
orden democrático”. Ante la paralización de ese foro, que entre marzo y
junio trató ocho veces la situación venezolana, en agosto se produjo la
Declaración de Lima, en la que doce países de la OEA asumieron la
responsabilidad que el primer artículo de la citada carta asigna a los
gobiernos americanos. A ello se fueron sumando las sanciones
internacionales, individuales y financieras, impuestas a partir de mayo
de 2017 por Estados Unidos, Canadá y Europa.
Desde finales del año pasado la presión y persuasión de la
comunidad democrática internacional alentó los inicios de una
negociación en propiedad. La intermediación, asumida más seriamente que
nunca antes, cual mediación, ha evidenciado la intención de un conjunto
significativo de países de detener un desastre humano, material e
institucional cuyas consecuencias desbordan las fronteras venezolanas. A
la oposición, no obstante sus inocultables problemas organizativos y de
coordinación, la sigue favoreciendo contar con el reconocimiento
internacional de la Asamblea Nacional, lo que le ha permitido sostener
una participación institucional en la que ha procurado una mayor
preparación, apertura a asistencia de actores de la sociedad civil y
razonable transparencia.
Aun asumiendo como constante la voluntad gubernamental de no ceder
en nada que reduzca su control del poder, al gobierno ahora le es más
complicado y costoso ignorar las exigencias mayoritarias de cambio,
internas y externas. Internacionalmente, la vistita de Thomas Shannon a
España, el encuentro del canciller de México con el secretario general
de la OEA y las sesiones del Consejo de la Unión Europea y el Grupo de
Lima mañana lunes nos hablan de la sostenida atención exterior sobre la
cada día más grave situación venezolana y el aliento a una salida
negociada, pero también de la necesidad del mayor concierto
internacional posible para el logro de una pronta y pacífica solución
nacional. En cuanto a la unidad democrática, ante las trabas
oficialistas a la negociación, el buen manejo de este ejercicio y su
eventual paralización pueden ser propicios, en el momento nacional e
internacional presentes, para su reorganización y coordinación de
acciones, incluidas las de apertura de asistencia social internacional,
las estratégicas para un proceso electoral presidencial y, sin duda, las
de continuidad en la preparación negociadora de un acuerdo que abrevie
costos, riesgos y sufrimientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario