LA EXPANSION DEL DOMINIO MILITAR
Por
28 de enero de 2018
El Informe de Corrupción 2017
elaborado por la ONG Transparencia Internacional capítulo Venezuela
alerta que el protagonismo castrense se ha hecho preponderante en
sectores clave de la vida nacional y se ha traducido en una intervención
casi absoluta de las Fuerzas Armadas en los procesos civiles de la
sociedad. El documento advierte sobre la opacidad de las actuaciones y
el altísimo riesgo de corrupción, y señala que la mayoría de los
recursos humanos y financieros asignados a la FANB están dedicados a
áreas ajenas a su función constitucional
El control de los militares sobre los
canales de distribución de alimentos en el país recibió un nuevo
espaldarazo esta semana, con la inserción en la Gaceta Oficial 41.325
de una serie de resoluciones que depositan más responsabilidades en
esta materia sobre el sector castrense, entre ellas la creación dentro
del Comando de Abastecimiento Soberano de una coordinación que se
encargará de gestionar los permisos para surtir supermercados e
hipermercados, frente a la cual estará el general de división Alejandro
Pérez Gámez.
Nombramientos de este tipo apenas
sorprenden: para los venezolanos se ha hecho cotidiana la cada mayor
presencia de funcionariosmilitares en sectores clave de la vida
nacional, muy ajenos a las responsabilidades de defensa del territorio y
de la soberanía que les encomienda la Constitución. Se trata de una
tendencia que, de acuerdo con el Informe de Corrupción 2017, elaborado
por la organización no gubernamental Transparencia Internacional
capítulo Venezuela, se agudizó en el último año y que se ha traducido en
el control casi absoluto, por parte de la Fuerzas Armadas, “de los
procesos civiles de la sociedad”.
Para muestra, señala el documento,
basta una revisión de la composición del Poder Ejecutivo. De los 32
ministerios operativos en noviembre de 2017, 37,5%, es decir, 12
carteras, estaban bajo la responsabilidad directa de personal militar,
entre ellos las concernientes a electricidad, vivienda, transporte,
obras públicas, agua y alimentación, además de la de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz y la de Defensa, tradicionalmente a cargo de
un militar.
La influencia castrense también se
observa en el poder ejecutivo estadal y municipal. Como ejemplo, ocho de
los gobernadores juramentados en octubre por la asamblea nacional
constituyente son funcionarios militares activos o retirados. Podría
argumentarse que se trata de un fenómeno que ya era evidente durante el
gobierno de Hugo Chávez, y por tanto una herencia que recibió Maduro. De
hecho, en 2012, 11 ex oficiales ocupaban gobernaciones en los 20
estados controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin
embargo, lo que adereza el nuevo escenario es la extensión de ese poder a
nuevos espacios, pues “alcanza todos los estratos del aparato
administrativo”, advierte el informe.
“El control militar sobre lo civil se
ha profundizado, se ha hecho más descarado y se sigue expandiendo”,
diagnostica Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia
Venezuela. Pero también preocupa la opacidad que en general caracteriza
la administración de áreas sobre las que tienen responsabilidad los
militares, “que generan compras, que manejan presupuesto, tienen
privilegios como el manejo de dólares preferenciales o contrataciones
sin licitación, por lo que estamos además ante un riesgo de corrupción
altísimo”, advierte.
Designaciones estratégicas. Una
evidencia que revela la preponderancia castrense en todas las esferas
de la vida del país fue la designación del mayor general Manuel Quevedo
como presidente de Pdvsa, que se hizo efectiva mediante el decreto 3.178
del 26 de noviembre de 2017. Al mismo tiempo, también fue nombrado como
ministro de Petróleo, un hecho que, señala el informe, no solo socavó
“el proceso de rendición de cuenta y contrapesos de la gestión pública”
sino que también se convirtió en “el evento necesario para afirmar que
el control político y económico del sector militar sobre el desarrollo
económico del país es total”.
Para Francine Jácome, investigadora
del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, se trata de
la expresión de un proceso de subordinación del gobierno actual al
estamento militar, por razones políticas. “Es muy distinto a lo que
ocurría con Chávez, que tenía control sobre la Fuerza Armada y no
dependía de ella para gobernar. Maduro depende del Alto Mando y a eso se
debe que haya tenido que ceder tanto control, hasta el punto de
otorgarle nuestro sector económico más importante, que genera más de 95%
de la divisas”.
El dominio castrense sobre Pdvsa
también se tradujo en designaciones de militares al frente de otros
cuadros directivos, además de la presidencia. En 2017 estuvieron a cargo
de la vicepresidencia ejecutiva, la vicepresidencia de refinación y la
dirección externa con competencia en finanzas, “observándose un ciclo
que abarca no solo el funcionamiento interno de Pdvsa, sino la
interrelación con los otros sectores productivos, financieros y
cambiarios, representados por la figura del general retirado Rodolfo
Marco Torres”, indica el informe.
Igualmente elocuente es el señorío
militar sobre la Corporación Venezolana de Guayana: siete de los diez
presidentes que han estado al frente del holding desde el año 2000 han
sido militares. El actual, Justo Noguera, es además gobernador del
estado Bolívar, proclamado por el Consejo Nacional Electoral en unos
comicios calificados de fraude por su contendor, el ex candidato Andrés
Velásquez. Sobre las implicaciones de esta doble responsabilidad también
alerta el análisis de Transparencia Venezuela, pues señala que elimina
cualquier contrapeso político en la zona y deja bajo su mando “los
recursos mineros y naturales de casi un tercio del territorio físico del
país”. A la opacidad sobre el manejo de las empresas básicas también
contribuye el hecho de que 5 de los 12 funcionarios que ejercen cargos
directivos en la corporación también provienen del mundo militar.
Especialmente grave se considera la
creación de la Compañía Anónima Militar de las Industrias Mineras,
Petrolíferas y de Gas, en funcionamiento desde 2016. De acuerdo con el
presupuesto nacional presentado el año pasado, uno de los objetivos de
la empresa era la producción diaria de 250.000 barriles de
hidrocarburos, 13% del total de la producción nacional. Con ello “se
inaugura un peligroso antecedente nunca antes visto en los cien años de
historia petrolera en el país: un estamento de la sociedad se apropia de
la producción y explotación petrolera y Pdvsa pierde el control sobre
la producción petrolera nacional”.
Al poner la lupa sobre las
actividades de la empresa mixta Cancorfanb, creada para la explotación y
distribución de minerales de interés en el mercado de commodities, se
encuentran otros motivos de inquietud. Estaba planificada la extracción
de 72.000 toneladas de piedras preciosas que serían vendidas en los
mercados internacionales, pero la auditoría de esa actividad es
imposible “debido al cerco informativo”.
Alimentos que no llegan. Capítulo
aparte merece la actuación militar en la alimentación, sector que se ha
caracterizado por una escasez marcada, que en agosto del año pasado se
calculaba en 73,4%. El informe recuerda que, desde la creación de la
Misión Alimentación, el Estado ha invertido 31,8 millardos de dólares en
esta área “pero el hambre, la desnutrición y la muerte por inanición
aumentan cada año”.
De los once funcionarios que han
estado al frente del Ministerio de Alimentación desde 2004, diez han
sido militares. Se trata de ministros que han tenido “un control
decisivo sobre ingentes cantidades de recursos, no solo en bolívares,
pues las importaciones de alimentos, como todas las importaciones de
alimentos que realiza el gobierno, han sido opacas y se realizan a un
cambio de diez bolívares por dólar, lo que supone una posibilidad de
enriquecimiento brutal, con una alta discrecionalidad y baja o nula
posibilidad de sanción”, precisa el informe.
Un elemento que habla de la
intervención militar en el área alimentación ha sido la Gran
Misión Abastecimiento Soberano, creada en 2016 y dirigida por el
ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que aunque no recibe
transferencias directas de recursos define “los parámetros para la
ejecución presupuestaria de toda la cartera conformada por más de 15
organismos”. Un papel protagónico lo ha tenido el Comando para el
Abastecimiento Soberano, coordinador de los 9 principales mercados
mayoristas y de 18 rubros principales asignados a un alto oficial, entre
ellos aceite, arroz, aves, azúcar, carne bovina, café, caraotas,
artículos de higiene personal, harina de maíz y lácteos. A esto se añade
la participación institucional de la Fuerza Armada a través de la
empresa Agrofanb, que también tiene asignado un papel en la distribución
de productos de primera necesidad.
De Freitas llama la atención sobre el
hecho de que la crisis en el sector no ha mejorado con la actuación
castrense. “La ineficiencia no distingue entre civiles y militares: si
la excusa en algún momento era que nombrar a un general para encargarse
resolvería los problemas, vemos que no hay sector que funcione bien y no
hay sector donde no haya militares”.
Gobierno paralelo. Al
analizar los proyectos en los que están involucradas las Fuerzas
Armadas, el informe encuentra que la mayoría de sus recursos humanos y
financieros están dedicados a áreas ajenas a su función principal. “De
los 33 entes adscritos al Ministerio de Defensa, solo 6 tienen objetivos
directamente relacionados con la defensa y seguridad de nuestra
soberanía, y estos 6 entes manejan solo 24% de los recursos asignados
a la FANB”, señala.
Esto se traduce en que del
presupuesto estipulado para el sector militar 76% se dedica a gastos
distintos de esa función principal. Cuando se revisa en qué se invierten
esos recursos, la conclusión “es que el mayor foco de la Fuerza
Armada son las finanzas públicas del país”, señala el documento.
Adscritos al Ministerio de Defensa se
encuentran un banco, una aseguradora, una empresa de transporte de
valores e instituciones para el manejo de fondos e inversiones sociales y
financieras. “Gracias a las distintas prebendas obtenidas por la
importancia política y social que ha tenido y sigue teniendo contar con
el apoyo del poder militar, en la práctica se ha convertido en un
gobierno paralelo con la capacidad de manejar importantes recursos sin
la participación del sector financiero tradicional”.
Para tener idea del peso que tienen
las inversiones en las finanzas de la Fuerza Armada comparan lo que se
invirtió en 2017 en estos mecanismos financieros: 376.803 millardos de
bolívares, en comparación con 42.225 millardos de bolívares invertidos
en el sector eléctrico y 26.802 millardos en agua. “Se observa como el
gobierno prioriza el gasto militar antes que la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos”, concluye el informe, que no deja dudas sobre el
poderío del sector castrense en la Venezuela de hoy.
De Freitas insiste en que se hace
urgente evaluar la responsabilidad de los militares en la actual
situación venezolana. “No es algo menor lo que nos estamos jugando, hay
mucho dolor en la sociedad, de todo tipo, gente que ha tenido que
emigrar, organizaciones y empresas que han tenido que cerrar, el día a
día del venezolano se ha hecho muy duro y al parecer nadie se
responsabiliza por nada”.
Opacidad en manejos financieros y falta de rendición de cuentas
Muchas interrogantes quedan abiertas
luego de analizar la creciente participación de los militares en la
administración pública. En opinión de De Freitas, cuando se trata del
mundo castrense se profundiza la opacidad que caracteriza a otros
sectores del país.
El Informe de Corrupción 2017,
preparado por la ONG, ejemplifica esto cuando hace la revisión de dos
organismos adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el
Complejo Industrial Fuerte Tiuna I y EMS Vehículos Venezolanos. “Ambas
empresas no publican información referente al manejo de sus finanzas,
resultados financieros y el proceso de rendición de cuentas no está
claramente establecido ni auditable”, señala el texto. En el caso de la
primera, su actuación se limitó a la producción de uniformes miliares,
escolares y de empleados públicos y al tratamiento de agua potable,
mientras que la segunda, dedicada al sector automotriz, no informó
piblicamente los resultados del ensamblaje de los 1.100 vehículos que
estaban planificados el año pasado, en los que estaba previsto invertir
34,8 millardos de bolívares.
Una de las preguntas que se hace la
organización tiene que ver con la condición laboral de quienes ejercen
cargos distintos a su función en la Fuerza Armada. “No sabemos si
renunciaron ni, en todo caso, quién ejerce por ellos las funciones que
desempeñaban”. El componente militar, advierte el informe, ha ido
penentrando diferentes sectores sociales, una tendencia que continuó en
2017. Cita datos del portal de investigación periodística Armando.Info
que revelaron la vinculación de 785 oficiales activos con contratos
públicos y con cargos de alta jerarquía, 286 en el sector de
construcción, 75 en alimentación, 38 en insumos médicos y medicinas y 70
en informática. Esta situación, además, implicaría una influyente
presencia “en los diferentes entornos y actores que hacen vida en la
sociedad civil, lo que deja ver la imposición en las relaciones
económicas, así como en las cadenas de mando y jararquía, en
espacios que no son de naturaleza militar”.
La indagación sobre el papel que ha
jugado el mundo castrense en la actualidad venezolana está incompleta,
admiten. Entre las tareas pendientes figura también la revisión del uso
de tribunales militares para procesar a civiles, al que se apeló durante
las protestas ciudadanas que tuvieron lugar durante el primer semestre
de 2017.
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