Trino Marquez
Las
discusiones en República Dominicana han resultado tan complicadas y ha sido
imposible llegar a acuerdos sobre el tema clave, las condiciones electorales,
porque el régimen de Nicolás Maduro decidió ignorar la opinión nacional y
desafiar la comunidad internacional, que no aprueba que en Venezuela, principal
potencia petrolera del hemisferio, se entronice una dictadura totalitaria,
alineada con los países más autoritarios del planeta: China, Rusia, Bielorrusia,
Turquía, Irán y Cuba. Nicaragua no entra en esa lista, porque es insignificante;
y con el atolondrado de Corea del Norte ningún país desea asociarse.
Maduro y sus aliados están convencidos
de que perderían por paliza unos comicios en los cuales se cumplan las
condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE),
aprobada en 2009, en plena apoteosis de la hegemonía chavista, cuando el Comandante gobernaba a sus anchas, sin contrapesos de
ninguna naturaleza, pues mantenía el control absoluto de la Asamblea Nacional.
Quienes redactaron ese instrumento fueron personas allegadas al jefe supremo, y
quienes lo sancionaron en Cámara plena fueron sus incondicionales diputados. Ningún
adversario estuvo presente en esa sesión. Maduro no puede alegar que la LOPRE constituye
una trampa de la oposición, del imperialismo o de algún otro de esos enemigos
imaginarios que inventa para justificar sus entuertos y desafueros. Esa ley no
ha sido reformada por la legislatura instalada en enero de 2016, en la cual la
oposición cuenta con dos tercios de los diputados. Lo único que pide la Mesa de
la Unidad Democrática es que se aplique la ley sancionada de forma casi unánime
por el oficialismo.
El régimen evade sujetarse a la LOPRE
porque lo que le parecía imposible en 2009, perder el poder por la vía electoral, hoy le luce inevitable. La
paradoja consiste en que, obligado a realizar las elecciones presidenciales, cómo organizarlas de modo tal que asegure de
antemano la victoria de Maduro. La respuesta es obvia: violando todas las
normas, preceptos y condiciones que ellos mismos juraron respetar hace nueve
años.
No aceptan auditar y depurar el Registro
Electoral Permanente, no admiten la supervisión internacional, no permiten que
los venezolanos que viven en el exterior voten, no acceden a eliminar los
puntos rojos colocados cerca de los centros de votación el día de las
elecciones, proscribieron la tarjeta de la MUD, mantienen inhabilitados a
algunos de los principales líderes de la oposición y a otros los encarcelaron o
desterraron. A la Asamblea Nacional la condenaron al purgatorio. Más
importancia posee el portero de Miraflores que el Presidente del principal foro
político nacional. En contrapartida,
aspiran a que la oposición se subordine a la constituyente y salga presurosa a
exigir el levantamiento de las sanciones contra los funcionarios que han sido
acusados de violar los derechos humanos, decisión absolutamente soberana tomada
por numerosos países, entre ellos los de la Unión Europea, fundamentada en los
informes de sus embajadas en Venezuela y en la imágenes registradas por los
corresponsales y fotógrafos que han cubierto las protestas en el país.
El gobierno quiere todo, sin ofrecer
nada importante a cambio. Aspira a legitimarse ante el mundo, si es que tal
cosa resulta posible, sin ceder ni un ápice en sus pretensiones hegemónicas. Se
comporta como si fuese un gobierno exitoso, popular y valorado por la comunidad
nacional e internacional, cuando en realidad es el gobierno peor evaluado en la
historia venezolana y el más desacreditado en América Latina, tanto que la
presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima en
marzo, se encuentra seriamente comprometida.
Aunque hasta ahora nadie ha firmado el
acta de defunción de la ronda de Santo Domingo, parece inevitable el fracaso de
las negociaciones. Este lamentable desenlace obliga a la oposición a repensar
la participación en las apresuradas elecciones convocadas por el régimen. Si
decide asistir, la abstención afectará con brutal dureza a la oposición. No hay
tiempo para modificar la opinión de los
sectores radicalizados que se resistieron desde el comienzo a acudir al encuentro
en la isla caribeña. Si no participa, el desafío será cómo capitalizar el
ausentismo y promover las acciones que destronen al gobierno ilegítimo que
surja de las urnas electorales. Esta tarea en nada resulta sencilla. Las
victorias de la oposición siempre han surgido de la concurrencia a los procesos
electorales, nunca de la abstención.
El tiempo apremia. La presión
internacional para que el régimen dé un giro que permita pensar en elecciones
libres y equitativas, no termina de doblegarlo. Maduro parece decidido a
gobernar sobre tierra arrasada con el respaldo de sus amigotes nacionales e internacionales.
¿Qué vendrá después del naufragio de Santo Domingo? Nadie lo sabe, aunque sí podemos
asegurar que habrá más hambre y miseria.
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario