De la legitimidad de desempeño a la legitimidad de origen
Alfredo Michelena
Al
final de la década pasada se comenzó a hablar recio de ilegitimidad de
desempeño del régimen chavista, que ganaba elecciones (legitimidad de
origen) pero no ejercía el poder democráticamente. En
este marco se intentaba que la Carta Democrática Interamericana (CDI)
se aplicara de nuevo en el caso venezolano. Allí se establece que “Los
pueblos… tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla”. Lo que sin duda no era el caso. El argumento
era sencillo: si bien Chávez ganaba las elecciones —aun con trampa— no
ejercía el poder democráticamente por lo que el régimen no cumplía,
entre otros, con los artículos tercero y cuarto de la CDI que señalan
los “elementos esenciales de la democracia representativa” y los
“componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”. Es decir,
con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, la
separación de poderes, la libertad de prensa y la defensa de los
derechos humanos. Pero esas argumentaciones no llegaban muy lejos. Al
fin y al cabo había legitimidad de origen.
Con
el triunfo electoral de la MUD en 2015 las cosas comienzan a cambiar.
Representando a la inmensa mayoría de los venezolanos, la nueva Asamblea
Nacional se mueve internacionalmente y junto a Luis Almagro, nuevo
secretario general de la OEA, se comienza a promover la aplicación de la
CDI, con un relativo éxito, pues en el pasado el tema ni siquiera era
tratado. Al comienzo solo se lograron declaraciones de preocupación.
Pero la confiscación de las atribuciones de la AN por el TSJ es la gota
que rebasa el vaso y la OEA declara una “interrupción del hilo
constitucional”, aunque la correlación de fuerzas no dio como para
aplicar la Carta y suspender a Venezuela.
Al
adelantar las elecciones presidenciales para abril, que podrían incluir
las legislativas (fujimorazo), el tema no es solo de ‘legitimidad de
desempeño’ sino también de ‘legitimidad de origen’. Ya occidente
—representado por los 14 países del Grupo de Lima, más EEUU y la Unión
Europea— le advirtieron al pranato que estas elecciones no serían
reconocidas como legítimas, por lo que un nuevo gobierno de Maduro
tampoco lo será. Una primera prueba ha sido la ‘desinvitación’ de Maduro
a la Cumbre de las Américas.
No
se trata de que nadie va hablar con Maduro, aunque lo evadirán; se
trata de que en general el régimen será tratado como un gobierno de
facto y no de jure. Esto podría generar, entre otras cosas, rupturas de
relaciones (doctrina Betancourt) no necesariamente consulares; reducción
de su participación en el concierto de las naciones, por ejemplo,
vetando su presencia en organizaciones multilaterales; cierres de
fronteras y suspensión de comercio; disminución de la cooperación
internacional; y que los convenios bilaterales o multilaterales e
incluso contratos con privados que firme el gobierno pudieran no ser
reconocidos por muchos. Además vendrán sanciones más duras hacia la
cúpula del pranato y la economía venezolana. Ellos quizás piensan que si
los Castro aislados siguen mandando en Cuba ellos también lo lograrán
en Venezuela. Que el pueblo sufra son gajes de las revoluciones.
Publicado originalmente en El Nuevo País.
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