BENIGNO ALARCON
POLITIKA UCAB
Todo lo que hemos visto durante los
últimos meses, desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), forma parte de una estrategia coherente y muy bien orquestada del
Gobierno que busca desmotivar y desmovilizar a la población que se le
opone, para garantizarse, mediante la próxima elección, su continuidad
en el poder. La implementación del Carnet de la Patria, la
intensificación de la distribución de los CLAP, la convocatoria
intempestiva a elecciones regionales y municipales, el llamado a los
electos a juramentarse en la ANC, el diálogo recientemente interrumpido
(aunque no necesariamente concluido), la ilegalización progresiva de 281
de los 296 partidos existentes en el año 2013 –incluidos la MUD,
Voluntad Popular, Primero Justicia y buena parte de los oficialistas del
Polo Patriótico–, la reconcentración de los electores progobierno entre
el PSUV y el nuevo partido Movimiento Somos Venezuela y el llamado
sobrevenido a elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril,
forman parte de un proceso progresivo de autocratización hacia una
hegemonía de partido único, como lo hizo recientemente Nicaragua.
La lógica y secuencia de las jugadas
políticas del régimen no deben dejar espacio para dudas sobre la
capacidad estratégica propia y/o de quienes le asesoran, y que al final
han hecho suya gracias a una implementación muy bien orquestada,
considerando las limitaciones que la realidad política, económica y
social imponen a todos, pero en especial a la oposición.
Desde hace años algunos analistas han
venido afirmando que lo económico sería el factor desencadenante de un
cambio político, pero desde hace mucho la política comparada demuestra
que lo económico no es la variable causal de las transiciones políticas.
Puede ser un factor movilizador de la sociedad, pero no lo que
determina el cambio. Es evidente que quienes asesoran las decisiones del
régimen conocen bien esto, y la inteligencia estratégica demostrada nos
obliga a preguntarnos si las consecuencias del mal manejo de la crisis
económica son prueba de ignorancia o, por el contrario, como algunos han
venido insistiendo también desde hace tiempo, son más bien un mecanismo
de dominación que busca mantener a una gran mayoría del país –los
sectores más vulnerable– bajo el yugo de un régimen que apuesta a la
dependencia a través del CLAP y el Carnet de la Patria. Más que
clientelismo, se asemejaría más a una especie de esclavitud política en
la que la lealtad se compra con alimentos y medicinas de las que depende
la supervivencia misma de las personas y la eficacia de esta perversa
dinámica es optimizada por el uso de tecnología de punta.
Foto: Reuters
La hiperinflación, la escasez, la
negativa a reconocer un estado de emergencia humanitaria para cerrar el
paso a la ayuda de cualquier institución que pudiese aliviar la crisis,
hacen que la vida de la gente quede en manos del partido de Gobierno y
la maquinaria gubernamental. Al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de
otros procesos revolucionarios, como el de Cuba y China, se empuja a
inconformes fuera del país, creando la mayor ola migratoria de nuestra
historia, que ya supera el 10% de total de la población nacional.
Mientras esto sucede, las percepciones sobre las causas y
responsabilidades de este terrible escenario de miseria humana son
manipuladas por el aparato de propaganda a través de una narrativa
divisionista, que centra el discurso en la existencia de un enemigo
interno (la oposición) y uno externo (el imperio), cuyas sanciones son
el supuesto origen de la tragedia nacional.
Hay un solo problema para el Gobierno: la
gente comienza a despertar y a hacerse consciente del funcionamiento,
como mecanismos de manipulación política, del carnet de la patria o los
CLAP; también de lo que implican las condiciones de una elección como la
que ha sido convocada. En consecuencia, la legitimidad política del
Gobierno se erosiona día a día, no sólo de cara a la comunidad
internacional, sino también hacia lo interno, colocándole en una
posición de gran vulnerabilidad, inestabilidad y dependencia de la
represión. Conscientes de ello, Maduro y su entorno buscan
desesperadamente frenar su deslegitimación política, tomándole la
palabra a la oposición, que desde principios del año pasado demandaba
“elecciones ya”. Sorpresivamente, han convocado una elección
presidencial adelantada sin respetar los tiempo mínimos para organizarla
y ejecutar las tareas propias de una campaña.
A tal fin, conscientes de su propia
vulnerabilidad política y de que el tiempo juega en su contra, el
régimen intentó desesperadamente que los representantes de la oposición
en el diálogo de República Dominicana aprobaran los términos de un
acuerdo impuesto –con la ayuda del expresidente Zapatero– a lo que,
afortunadamente, la oposición, dando una señal positiva de coherencia,
se negó. Hoy, tanto la oposición como los principales sectores
representativos del país y de la comunidad internacional democrática
le han negado el reconocimiento a una elección planteada en esos
términos. Para el Gobierno, seguir adelante con tal elección le
acarrearía las mismas consecuencias que hoy sufre la ANC: el
desconocimiento de sus decisiones nacional e internacionalmente. A lo
interno, la ANC puede imponer determinadas decisiones por la fuerza,
pero no corren con la misma suerte en cuanto a sus efectos
internacionales. Les genera responsabilidad, incluso penal, a quienes se
arrogan competencias o ejecutan órdenes bajo tales condiciones. Ante un
escenario de semejante precariedad el régimen busca, desesperadamente,
la legitimación de la convocatoria del 22 de abril mediante la
participación de algún candidato representativo de la oposición, en una
elección que, irónicamente, viola el derecho a elegir.
El debate entre votar o no votar el 22 de
abril plantea, una vez más, un falso dilema para la oposición, tal como
aquellos que se plantearon muchas veces en el pasado reciente entre
protestar o dialogar. Tal como ocurre en un juego de ajedrez, la
decisión no radica en mover el caballo o la torre porque nos toca jugar,
sino en el objetivo de mover una u otra pieza. Ciertamente, varios
procesos de transición en el mundo se han producido mediante la
participación en elecciones que no reunieron condiciones mínimas, pero
los sectores democráticos de aquellos casos exitosos tuvieron una
estrategia bien orquestada para ganarlas, lidiar con un potencial fraude
e, incluso, para imponerse ante el intento del Gobierno por desconocer
los resultados reales. Si el sector democrático venezolano estuviese en
la capacidad de ejecutar tal estrategia, no tendría dudas en afirmar que
la decisión debe ser participar, aún en el escenario de una elección
bajo condiciones fraudulentas como la que se nos ofrece. Pero participar
sin una estrategia capaz de derrotar otra estrategia fraudulenta,
cuidadosamente articulada por el régimen, implicaría un suicidio que
sólo contribuiría a legitimar un fraude electoral que colocaría, no sólo
a la oposición sino a la comunidad internacional, en una difícil
posición para continuar sosteniendo sus esfuerzos en favor de la
democracia. No es cierto entonces, como algunos afirman, que la
participación se justifica a sí misma al evitar la desmoralización que
sufrirá el país cuando sea testigo de la proclamación de Maduro el 22 de
abril, cerca de la media noche. La desmoralización será aún mayor ante
una derrota que acompañamos con nuestra participación sin haber estado
preparados para ganar y cobrar ese triunfo.
Si estuviésemos ante un proceso que reúna
las condiciones mínimas de integridad electoral, ni la oposición ni la
comunidad internacional tendrían justificación alguna para desconocer la
convocatoria a tal elección, pero no siendo este el caso, ni estando la
oposición en condiciones de desafiar al régimen en la aventura de
participar en una elección amañada, la decisión no puede limitarse
simplemente a no participar, sino que la misma debe estar acompañada de
una estrategia coherente que ordene una secuencia de acciones que
deslegitimen el proceso que el régimen, de todas, todas, sacará
adelante.
Hoy, el país reúne las condiciones
estructurales para un cambio político que sólo puede ser postergado, más
no detenido, si los actores democráticos actúan de manera coordinada y
cohesionada. La comunidad internacional ha sido un actor fundamental en
estos procesos, y su compromiso con la democracia venezolana es hoy más
que evidente, pero los actores foráneos no pueden sustituir a los
actores políticos y sociales nacionales. Los protagonistas del proceso
están en la sociedad venezolana y no en factores externos. Somos
nosotros los responsables de nuestro propio destino y tenemos todas las
condiciones para generar un cambio político en el 2018, si actuamos con
coherencia e inteligencia.
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