TRINO MARQUEZ
El diálogo en República Dominicana fracasó, como era previsible. El desprecio del régimen por el país carece de límites. Las condiciones que Maduro quiso imponer eran inaceptables. La oposición, a partir de ahora, tendrá que luchar, en circunstancias todavía más adversas, para depurar el ambiente en el que se realicen las votaciones presidenciales de 2018. Si esa pelea no se libra, la abstención en las filas opositoras será gigantesca y la derrota estará asegurada. La dirigencia que acuda a la cita electoral sin haber combatido por reformar el cuadro, quedará como un grupo de entregados, sin determinación para enfrentar un régimen que utiliza las consultas comiciales como colorete para darse legitimidad y, sobre todo, para crear la ilusión de que el gobierno es legítimo porque se origina en el voto popular.
La
discusión en torno a si participar o no en las elecciones convocadas por la
constituyente, ha sido un debate entre iniciados. Dentro de esta cápsula, la
oposición morirá asfixiada. El poder del régimen resulta excesivo frente a un
adversario dividido y enredado. Es imperativo que la gente, el votante,
participe exigiéndole al gobierno que cumpla la Constitución y la Ley
Electoral. La Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores (Averu),
Fedecamaras y otros sectores del país, se han pronunciado demandando el respeto
al Estado de Derecho. En sus alegatos no se percibe una apología de la
abstención, ni se convoca al pueblo a boicotear el venidero proceso electoral.
Esos manifiestos se focalizan en demandar la aplicación de las normas que
garantizan unas elecciones equilibradas, transparentes y justas, que en efecto
puedan recoger la voluntad libre de los venezolanos. A Nicolás Maduro no se le
pide ningún favor, ni nada que no se encuentre en la ley electoral que los
oficialistas redactaron y aprobaron en agosto de 2009, cuando mantenían el
control total de la Asamblea Nacional.
Es
verdad que a unos bucaneros no puede pedírseles que devuelvan mansamente el
botín obtenido mediante el saqueo. Pero, igualmente, nadie puede exigirles a
las víctimas que se comporten como vasallos que renuncian a denunciar el asalto. El gobierno está tratando de imponer
condiciones que desnaturalizan la consulta electoral, convirtiéndola en un rito
para atornillar al poder a sus jerarcas. Las analogías con las elecciones
realizadas en la Polonia comunista, en el Chile sometido por Pinochet o en la
Nicaragua sandinista de los años ochenta, sirven como ilustraciones pedagógicas,
pero no pueden trasladarse mecánicamente a Venezuela. En aquellos países las
opciones de la oposición se restringían a tomar o dejar las migajas que el
régimen autoritario les arrojaba. Ese no es el caso de Venezuela. Aquí el margen
para la disputa es muy amplio, porque sigue existiendo una sociedad civil
fuerte y el apoyo internacional es inmenso. Lo que falta es una conducción
política determinada a dirigir los esfuerzos hacia la búsqueda de condiciones
electorales aceptables.
El
régimen alardea de una fuerza de la cual carece. Esta constituye una diferencia
básica con Pinochet y con Jaruzelski, el dictador polaco. El autócrata chileno
había estabilizado la economía del país, poniéndolo a crecer a tasas
envidiables. El mandón comunista todavía contaba con el apoyo del Ejército Rojo.
Nicolás Maduro preside el gobierno más inepto de la historia nacional, llevó a
la nación a la ruina en medio de la bonanza petrolera y se halla aislado y
desprestigiado en el plano internacional. Si algún gobierno necesita legitimarse
en el continente es el de Maduro. Nadie lo quiere y todos lo detestan.
La
legitimidad que busca no se la darán candidatos pintorescos, ni personajes
tenebrosos como algunos de quienes lo rodean, pavoneándose con el poder
temporal que disfrutan. Maduro necesita que las próximas elecciones sean
aceptadas por la comunidad internacional y que los venezolanos acudan en masa a
las urnas de votación. Unas votaciones encapilladas como la de la
constituyente, le darán una victoria provisional, pero podría ser su condena,
tal como le ocurrió a su predecesor más remoto, Marcos Pérez Jiménez con el
plebiscito de 1957.
En
la urgencia de legitimarse reside el punto más débil del régimen, y el punto
más fuerte de la oposición. Los documentos de la CEV y de Averu señalan un
camino: la lucha por conseguir, al menos, las condiciones en las que se
efectuaron los comicios de diciembre de 2015. Los aspirantes a la presidencia
de la República por parte de la oposición tendrían que plantearse como primer objetivo librar esa batalla. La
firmeza nada tiene que ver con alentar la abstención, Se trata únicamente de parársele
de frente a un gobierno abusador con el fin de
ganar la autoridad que deben
poseer los jefes. Sería lamentable que el candidato de la alternativa
democrática luzca como un mamarracho a quien el régimen irrespeta sin ninguna
consideración.
Maduro
necesita convocar comicios. Una querella sin ambigüedades contra sus abusos
podría convencerlo de que lo mejor que puede ocurrirle a él y a su partido es
que haya elecciones competitivas. A todos nos corresponde pelear en nuestro
campo particular para ganar esa batalla.
@trinomarquezc
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