RAMON ESCOVAR LEON
El voto es el rasgo vital de la democracia siempre y cuando sea
convocado por instituciones legítimas que garanticen un proceso
electoral imparcial y pulcro. En Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
España, Alemania, Canadá y otros países democráticos se celebran
elecciones que respetan la voluntad del elector. En sistemas
dictatoriales, como el cubano, el dictador tiene garantizado el triunfo
“como sea”. Lo mismo ocurrió con Sadam Hussein, quien poco antes de su
estrepitosa caída ganó las elecciones con 100 % de los votos.
En Venezuela, las “elecciones” presidenciales fueron convocadas
por la asamblea nacional constituyente, que no tiene facultades
constitucionales para hacer dicha convocatoria. En efecto, una
constituyente de ser legítima solo tiene como tarea elaborar una
Constitución. Asimismo, la ANC no es reconocida por las democracias
occidentales, las cuales en sintonía con esta posición han declarado que
no reconocerán los resultados electorales de las elecciones fijadas
para el próximo 22 de abril. Entonces, el “triunfador” de esas
elecciones será ilegitimo y quedará aislado internacionalmente.
A este cuadro se añaden dos obstáculos adicionales. En primer
lugar, la ilegitima asamblea nacional constituyente y su ejercicio del
poder en forma totalitaria ha traído zozobra a los venezolanos. En
efecto, en el caso de que la oposición decidiera participar, y para el
supuesto (poco verosímil) de que se respeten los resultados electorales,
de inmediato la asamblea constituyente con sus poderes fácticos sería,
en definitiva, una instancia superior al nuevo presidente electo. Puede,
incluso, arrebatarle las facultades o destituirlo. De ahí la necesidad
de exigir la disolución de esta constituyente, como paso previo para
unas elecciones.
El segundo obstáculo está en el parcializado Consejo Nacional
Electoral, pues se trata de un organismo que no representa la
correlación de fuerzas políticas imperante en el país. La reforma de
este organismo debe ser un paso necesario a cualquier proceso electoral.
Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados
deben ser reemplazados por juristas que merezcan confianza por sus
trayectorias y formación intelectual. Estos son cambios fundamentales en
la búsqueda de las condiciones necesarias para elecciones libres.
La presión internacional llevó al régimen a aparentar una
negociación con la oposición para ganar tiempo. La oposición se sentó a
“negociar” porque la comunidad internacional así lo aconsejaba, pero
luego de este simulacro quedó evidenciado que el socialismo del silgo
XXI (que sigue paso a paso lo que hizo Stalin, hambruna incluida) cuando
llega al poder es con vocación de perpetuidad.
Para resolver esta coyuntura es necesario que la MUD y los líderes
políticos definan sin ambigüedad si van a participar o no en el proceso
electoral convocado por la ANC. Es conveniente que indiquen cómo van a
vencer los obstáculos señalados para determinar el plan político de
talante democrático a futuro. También sería recomendable que fijen
posición frente a las posturas del Grupo de Lima y la Unión Europea en
relación con el eventual desconocimiento del proceso electoral
anunciado. Darle más largas al asunto solo crea zozobra entre las
mayorías opositoras.
La situación exige la unidad y el diseño de una estrategia única,
producto de una amplia discusión que pondere las distintas opiniones. La
oposición debe participar en cualquier proceso electoral si se recupera
la integridad electoral para llevar a cabo unos comicios con igualdad
de oportunidades, sin inhabilitados ni presos políticos.
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