Grupo La Colina

HACIA LA PAZ

MARTA DE LA VEGA

Martin Luther King, en su carta de Birmingham, escrita mientras estaba preso, afirmó: “la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión: es la presencia de justicia”. Y, como dijo Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz.” Justicia y respeto, dos aspectos indispensables para construir la paz, que hoy brillan por su ausencia en Venezuela, cuyo pésimo gobierno aplasta los derechos básicos de los ciudadanos. Por eso marcharemos el 1-09, pacífica y multitudinariamente, para lograr el cambio necesario. La paz es consecuencia de un buen gobierno, sin el cual es imposible que un país avance y prospere. Con tal propósito en la mira, el gobierno de Colombia, para terminar el conflicto armado, acaba de firmar un acuerdo con los altos mandos de las FARC, guerrilla que mantuvo en jaque al Estado durante más de 50 años, cuyos miembros son actores de crímenes atroces y de lesa humanidad, con un trágico y altísimo costo en vidas humanas, asesinados, secuestrados, desaparecidos, torturados, desplazados. Sus finanzas se nutrieron en los 60, desde la época de Marulanda, alias “Tirofijo”, de las “vacunas” o extorsiones, sobornos y abigeato en las zonas agropecuarias. En las ciudades usaban la “pesca milagrosa”: atrapar al azar a gente que iba en sus vehículos o en taxis para secuestrarlas o “pasearlas” hasta que entregaran altas sumas de dinero, de los cajeros automáticos o de parientes o amigos. Con suerte, podían ser liberadas en cualquier calle. Si no, las mantenían cautivas hasta conseguir “rescate”. Si las víctimas, comerciantes, hacendados o ciudadanos comunes, no pagaban lo exigido, eran simplemente ejecutadas, a veces con métodos de implacable crueldad, como poner al cuello un collar de explosivos, que accionaban si la persona no cedía al chantaje, como ocurrió con una hacendada y comerciante. A pesar de que la libertad de los individuos es reconocida como un derecho humano fundamental, en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el fenómeno del secuestro cobró más de 39.058 víctimas directas en los últimos 40 años. Los que recurrieron a este método en mayor medida fueron las FARC, aunque también otros grupos irregulares enfrentados a la institucionalidad vigente y a los sucesivos gobiernos, como el ELN, han usado esta práctica para enriquecerse. La violencia continuada y múltiple como factor de demostración de fuerza hizo que el 98% de la población repudiara las acciones de este grupo armado y de otros de menor peso en el combate contra el Estado colombiano. Conflicto o guerra interna, es un error hablar de “guerra civil” o fratricida, como sí hubo en El Salvador, por ejemplo. Grupo criminal y terrorista, las FARC se enfrentaron y buscaron someter mediante coacción o miedo al resto de la población, despojarla de sus tierras y bienes, reclutar forzosamente a menores sitiados por el hambre y las condiciones precarias de vida e instaurar, a sangre y fuego, un Estado dentro del Estado, por ausencia de este en muchas de las regiones del país. Si sus acciones subversivas al parecer estuvieron inicialmente guiadas por metas altruistas y de justicia social, su motivación se pervirtió. En los 80, emerge una economía paralela bajo control de los pretendidos “revolucionarios” de las FARC al descubrir otra fuente de financiamiento aún más lucrativa y fácil de controlar: el cultivo ilícito de coca y heroína y el narcotráfico. El reciente escándalo y el proceso judicial contra los 2 sobrinos privilegiados de la actual esposa del presidente de Venezuela, Cilia Flores, han puesto en evidencia la cartelización de las FARC y sus vínculos internacionales, así como los nexos con altos funcionarios del gobierno venezolano. De las FARC provino la cocaína destinada a Estados Unidos, con la expectativa de exorbitantes ganancias para estos allegados de la primera dama. Sin embargo, así como Colombia inicia un arduo camino hacia la paz, que esperamos irreversible, Venezuela, de la guerra diaria del Estado contra los ciudadanos, marca el rumbo hacia la paz, el respeto y la justicia con la lucha por el RR