En pleno proceso de negociaciones que se lleva a cabo en República
Dominicana con facilitación internacional, la ANC ilegítima intenta
obstruir ese esfuerzo al pretender eliminar a los Distritos Metropolitanos de Apure y
Caracas, y al desconocer los derechos políticos de los venezolanos.
Esa ANC ilegítima no tiene competencias para tomar semejante medida y
menos de espaldas al pueblo. La Constitución Nacional vigente
privilegia la participación ciudadana en la decisión de conformar
Distritos Metropolitanos que hagan más eficientes los Gobiernos de
Alcaldías vecinas y con intereses comunes. Además, la organización de
estos Distritos corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional
mediante Ley especial. De esta forma la ANC ilegítima pretende soslayar
la voluntad del pueblo que desde el imperio de la Constitución de 1999
ha elegido a sus Alcaldes y Cabildos Metropolitanos, y una vez más ha
usurpado funciones que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional.
En el caso de Caracas la situación es aún más delicada pues la
supresión del Distrito Metropolitano deja sin efecto el artículo 18 de
la Constitución que consagra ese Distrito como Unidad Político
Territorial que concrete dos niveles de gobierno en la Capital. La ANC,
incluso si fuera legítima, no puede derogar ni suprimir mandatos de la
Constitución, y su función se limita a redactar una nueva Constitución
para la transformación del Estado y someterla a Referéndum popular.
Los habitantes de los Municipios afectados por esta medida tienen a
su disposición dos herramientas poderosas previstas en el artículo 70 de
la Constitución, los Cabildos Abiertos y las Asambleas Ciudadanas,
cuyas decisiones son incluso vinculantes por mandato de dicho artículo.
Instamos a los Alcaldes, Concejales y líderes vecinales a tomar esta
iniciativa para que el pueblo se exprese y se defienda.
Como otra violación a los derechos constitucionales de los
venezolanos, la ilegítima ANC pretende anular a los partidos políticos
que no presentaron candidatos en las últimas elecciones municipales,
algo que sólo las dictaduras más primitivas tienen en su repertorio de
violaciones del Estado de Derecho. El gobierno muestra con ello el
futuro que quiere para el país: un régimen de partido único gobernando
con la manipulación y explotación de las necesidades de la gente.
Mientras tanto el país se encuentra en una situación crítica. La
salud, la alimentación, el transporte, la pérdida del empleo formal y
del poder de adquisitivo del salario, la inmensa miseria y la asfixia
del futuro, le doblan la espalda a todo el pueblo y en especial a los
sectores más vulnerables, que son hoy la mayoría del país. La
responsabilidad es de quien gobierna, pero en lugar de aceptar las
salidas negociadas para enfrentar la crisis, ahora pretende suprimir los
derechos de los venezolanos y dirigir el país hacia una mayor ruina,
con tal de permanecer en el poder contra la voluntad mayoritaria.
Las acciones que intenta ejercer la espuria "constituyente", creyendo
que puede eliminar la Constitución Nacional vigente, son inválidas e
ilegales, sus actos son nulos de nulidad absoluta, y no son ni aceptadas
ni reconocidas por el pueblo venezolano.
Exigimos respeto a la Constitución, respeto a los ciudadanos, respeto
al proceso de negociación con facilitación internacional y medidas
urgentes para sacar al país de este estado de agonía.
Caracas, 22 de diciembre de 2017
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