EL UNIVERSAL
Las cifras angustiantes del proyecto de nueva Ley Orgánica de Educación. El proyecto educativo, en el cual no se habla de calidad ni de los aprendizajes, tiene 9.114 palabras. Pero la palabra "escuela" sólo aparece 9 veces y sólo en 2 de ellas se define su función; "aprendizaje" se menciona 5 veces y "enseñanza" 3. El resto de las 9097 palabras está destinado a "palabras compuestas con la palabra comunidad o una lista de agentes educativos". Estudio realizado por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, CICE, cuyo director, Mariano Herrera, afirma que la ley "está hecha para restregarle a la sociedad que aquí manda el gobierno y que todo el poder va a estar en manos de quien nombre el Presidente"; y agrega, entre otras preocupantes comprobaciones, que "la escuela se concibe como centro comunitario y para adultos y, una vez más, se expresa el desprecio, por parte de los asesores y ministros del área, por la escuela y por todo lo escolar". El proyecto está en Cámara, el gobierno presiona para que sea aprobado antes que terminen las vacaciones escolares, la sociedad civil comienza a organizarse para impedirlo, ésta será una semana pedagógicamente caliente -comentario nuestro. Cuerpo 1, página 6.
UCV convoca a marcha nacional. El Consejo Universitario acordó mantenerse en sesión permanente y rechazar categóricamente la Ley de Educación que se discute en la Asamblea Nacional, e invitó a los ciudadanos a una manifestación que partirá hoy a las 10 de la mañana desde el Colegio de Ingenieros hacia la Asamblea Nacional. Cuerpo 1, página 6.
Trabajadores de Guayana exigen el pago de sus pasivos laborales. Poco parecen haber impresionado los alardes del Presidente Chávez en su visita a Guayana el sábado pasado; representantes de las diversas organizaciones sindicales que pasarían a las dos nuevas corporaciones (del acero y del aluminio) anunciadas por el presidente, mostraron su preocupación porque sean constituidas sin haber cancelado el enorme monto de pasivos laborales retrasados. Claramente tienen dudas respecto a la eficiencia organizativa gubernamental, y piden evitar que se repita la historia de la Corporación Eléctrica Nacional, "donde se mantienen 14 juntas directivas y 14 presidentes de las empresas (eléctricas)" que Corpoelec sustituye. Cuerpo 1, página
EL NACIONAL
Ramírez no le teme a una eventual suspensión del gas desde Colombia. Dice que con el sistema de Interconexión Gasífera Centro Oriente Occidente PDVSA podrá abastecer de gas a todo el país. También dijo que en las elecciones de la directiva del FUTPV ganarán los chavistas. Declaraciones en el acto de inauguración de la remodelación de la Plaza Venezuela, donde además anunció que ahora PDVSA también remodelará el Círculo Militar. Cuerpo Nación, pagina 5.
Viene café de Brasil, pero más caro. El gobierno importará 1.500 toneladas de café verde brasileño, para compensar la escasez local de materia prima. Habrá que pagar un 15 % mas que el precio que se paga dentro del mismo Brasil. Cuerpo Nación, página 6.
Socialismo bancario. La reforma a la Ley de Bancos estipula que las instituciones bancarias entregarán 1 % de sus ganancias a organizaciones comunitarias, mientras que la cartera de microcréditos aumentará del 3 al 5 %, y podrá escalar hasta el 10 %. Cuerpò Nación, página 7.
¿Más alzamientos populares? Los consejos comunales que administran los ambulatorios en el Municipio Guaicaipuro, en Miranda, han asegurado que no entregarán esos ambulatorios al Ministerio de la Salud. Están satisfechos con los resultados de funcionamiento hasta ahora, y afirman que "tendrán que quitárnoslos a la fuerza". Cuerpo Ciudadanos.
ULTIMAS NOTICIAS
La educación se debatirá en la calle. Fuertes controversias ha generado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación que se discute en la Asamblea Nacional, donde la mayoría del PSUV se muestra dispuesta a aprobarla hoy mismo por la vía rápida, a pesar (o quizás por eso) de una fuerte oposición que incluye a aliados chavistas como la representación de PPT. Hoy las calles podrían agitarse -advertencia nuestra. Páginas 2 y 3.
Corrupción en la Morgue. A un desesperado padre lo hicieron esperar en la Morgue más de 24 horas y, de paso, le pidieron Bs. F 1.800.oo para entregarle el cadáver de su hijo. Otra de muchas denuncias del macabro desastre de la Morgue, que ya es crónico. Página 18.
DESCIFRADO
Conflicto bilateral afecta al peso colombiano, el bolívar permanece estable
Mejora la situación del empleo en Estados Unidos.
Ganó Cristina Kirchner. Una cuota de 10.000 vehículos que originalmente iba a ser asignada a Colombia, será ahora de Argentina. Se va el Banco Popular de España. Tenía una Oficina de Representación en Caracas y había solicitado su revocación desde junio de 2008. La ha revocado finalmente la Superintendencia de Bancos. Sección Sector Financiero.
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martes, 11 de agosto de 2009
sábado, 1 de agosto de 2009
UNA LOCURA RECORRE EL HEMISFERIO
Según los entendidos, quienes padecen de trastornos mentales graves afectan a aquellos que integran su entorno, envolviéndolos también, en mayor o menor medida, en su desarreglo; de allí que el tratamiento de estos enfermos deba incluir, en ciertos casos, a los que los rodean, con vistas a lograr una cura satisfactoria.
Con la locura ideológica ocurre lo mismo, y el ejemplo más patente lo estamos sufriendo los latinoamericanos en estos tiempos oscuros en que se pretende imponer un modelo de manejo de los asuntos públicos, ya superado por el avance político, económico y social experimentado en la mayoría de las naciones del hemisferio.
Hoy el foco principal de propagación de esta enfermedad político-ideológica es Venezuela. Curiosamente, el país que fue ejemplo de democracia en el continente, mientras estuvo rodeado por una cadena de tiranías militares que creíamos había pasado a la historia. Un país que con todas sus imperfecciones mantuvo el pluralismo político y acogió siempre en su seno de manera desinteresada a los perseguidos por el despotismo latinoamericano.
Sin embargo, se ha demostrado que no estamos exentos de recaer en estas situaciones de retroceso social, sobre todo, en países como los nuestros que -desgraciadamente- llevan en su ADN esa proclividad a seguir líderes mesiánicos que ofrecen construir el cielo en la Tierra suprimiendo las libertades.
La letal enfermedad que se está expandiendo no es otra que la del autoritarismo militarista, con sus matices colectivistas, populistas, chauvinistas y fascista-indigenistas. Con vista a tales propósitos, se utilizan las formas democráticas y se promueven asambleas constituyentes que consagren la reelección indefinida de los gobernantes autoritarios.
Así, desde el poder alcanzado, tiranuelos electos desencadenan procesos de destrucción de la democracia desde sus mismas entrañas. Vacían a las estructuras político-constitucionales de sus principios y garantías de libertad y demuelen las instituciones establecidas, valiéndose de los mecanismos que aquella ha creado, desnaturalizándolos, todo en función de un proyecto despótico que persigue eliminar la pluralidad política, la propiedad privada y el libre juego de las ideas.
En la ejecución de esta suerte de libreto anacrónico y perverso, se suprime la descentralización político-administrativa, se caotiza el Estado, se corrompe la administración, se conculca progresivamente los derechos de libre expresión, información y prensa, criminalizándolos; se pretende adoctrinar mediante modelos educativos de corte totalitario; se concentra el poder en manos del poder ejecutivo, eliminando la autonomía de los demás poderes; se destruye la economía productiva, acosándola y cercándola; se ahuyentan las inversiones en general y se persigue toda manifestación de oposición, generando así una anarquía en las sociedades en que se implanta.
Esta demencia política opera en un caldo de cultivo social conformado por poblaciones cargadas de problemas y de esperanzas, pero muy dadas a seguir demagogos aventureros, duchos en la manipulación de los mitos y en grandilocuencia a la hora de las promesas fantasiosas.
Los que pretenden implantar este modelo no tienen escrúpulo alguno para acomodarse a las circunstancias y a la hora de tejer sus alianzas. Son capaces de comprometer al país poniendo por delante sus intereses políticos particulares en detrimento de los del país. Sus socios pueden ser los narcoterroristas de las FARC, los fundamentalistas islámicos de Hamas y Hezbolá, la ETA, los déspotas Putin, Lukashenko, Mugabe y Ahmadinejad, o cualquier delincuente que haga falta.
La lamentable situación que hoy experimenta Honduras es una prueba fidedigna del rechazo a un intento de aplicar este mismo esquema retorcido a como dé lugar, y las pruebas son evidentes al ver la intervención descarada de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en estos acontecimientos.
Latinoamérica es hoy campo de batalla entre este modelo autoritario y empobrecedor y la fórmula democrática del bienestar material y de respeto de las libertades fundamentales del hombre. A medida que se aceleran los acontecimientos hemisféricos, muchas más personas y países se dan cuenta del dilema.
Por un lado, la búsqueda del conflicto permanente, el impulso armamentista, el fomento de la violencia, el afán desestabilizador, la carrera enloquecida hacia ninguna parte y a una mayor pobreza; y por el otro, el sendero del diálogo, la cooperación y la integración fructíferas, de la paz, de la garantía de los derechos humanos y de la producción de riqueza en equidad.
De cara a esta locura ideológica, está un modelo político y económico que va dando, con sus naturales altibajos, resultados positivos en términos de libertad, prosperidad y equidad. Brasil, Chile, Costa Rica o Colombia, si mencionamos sólo algunos, van avanzando en tal sentido de progreso, afincados en la pluralidad política y el respeto de los derechos humanos, todo en función de alcanzar niveles superiores de equidad social.
La deriva política demencial de unos pocos gobernantes es posible frenarla y aislarla. Ésa es la tarea prioritaria de los verdaderos estadistas responsables del hemisferio. Ese objetivo lo alcanzaremos si revigorizamos las instancias de cooperación existentes, para lo cual es imprescindible un remozamiento profundo y una adecuación flexible a los nuevos desarrollos, de modo que se vuelvan más eficaces a la hora de preservar la democracia y la libertad de los ciudadanos.
Quizás estos deseos sean vistos como los de un iluso, habida cuenta de la experiencia. Es posible que tengan razón los que así piensan. En política, como lo enseñaba el maestro Raymond Aron, la elección no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo detestable y lo preferible. De allí que apostemos por que se imponga lo preferible, con todo y sus imperfecciones. Y esto significa seguir el difícil camino de los encuentros institucionales y/o informales, debates, negociaciones, consensos y acuerdos, y de los nuevos desencuentros. Perseverar tercamente este proceso es la única garantía de que no nos matemos y que la paz pueda tener una oportunidad, así ésta sea inestable.
Con sus defectos y fallas, las organizaciones internacionales de nuestro hemisferio están obligadas a promover y proteger la democracia y la libertad, de cara a los intentos de imponer un modelo tiránico de nueva generación que se proyecta desde Venezuela.
EMILIO NOUEL V.
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Según los entendidos, quienes padecen de trastornos mentales graves afectan a aquellos que integran su entorno, envolviéndolos también, en mayor o menor medida, en su desarreglo; de allí que el tratamiento de estos enfermos deba incluir, en ciertos casos, a los que los rodean, con vistas a lograr una cura satisfactoria.
Con la locura ideológica ocurre lo mismo, y el ejemplo más patente lo estamos sufriendo los latinoamericanos en estos tiempos oscuros en que se pretende imponer un modelo de manejo de los asuntos públicos, ya superado por el avance político, económico y social experimentado en la mayoría de las naciones del hemisferio.
Hoy el foco principal de propagación de esta enfermedad político-ideológica es Venezuela. Curiosamente, el país que fue ejemplo de democracia en el continente, mientras estuvo rodeado por una cadena de tiranías militares que creíamos había pasado a la historia. Un país que con todas sus imperfecciones mantuvo el pluralismo político y acogió siempre en su seno de manera desinteresada a los perseguidos por el despotismo latinoamericano.
Sin embargo, se ha demostrado que no estamos exentos de recaer en estas situaciones de retroceso social, sobre todo, en países como los nuestros que -desgraciadamente- llevan en su ADN esa proclividad a seguir líderes mesiánicos que ofrecen construir el cielo en la Tierra suprimiendo las libertades.
La letal enfermedad que se está expandiendo no es otra que la del autoritarismo militarista, con sus matices colectivistas, populistas, chauvinistas y fascista-indigenistas. Con vista a tales propósitos, se utilizan las formas democráticas y se promueven asambleas constituyentes que consagren la reelección indefinida de los gobernantes autoritarios.
Así, desde el poder alcanzado, tiranuelos electos desencadenan procesos de destrucción de la democracia desde sus mismas entrañas. Vacían a las estructuras político-constitucionales de sus principios y garantías de libertad y demuelen las instituciones establecidas, valiéndose de los mecanismos que aquella ha creado, desnaturalizándolos, todo en función de un proyecto despótico que persigue eliminar la pluralidad política, la propiedad privada y el libre juego de las ideas.
En la ejecución de esta suerte de libreto anacrónico y perverso, se suprime la descentralización político-administrativa, se caotiza el Estado, se corrompe la administración, se conculca progresivamente los derechos de libre expresión, información y prensa, criminalizándolos; se pretende adoctrinar mediante modelos educativos de corte totalitario; se concentra el poder en manos del poder ejecutivo, eliminando la autonomía de los demás poderes; se destruye la economía productiva, acosándola y cercándola; se ahuyentan las inversiones en general y se persigue toda manifestación de oposición, generando así una anarquía en las sociedades en que se implanta.
Esta demencia política opera en un caldo de cultivo social conformado por poblaciones cargadas de problemas y de esperanzas, pero muy dadas a seguir demagogos aventureros, duchos en la manipulación de los mitos y en grandilocuencia a la hora de las promesas fantasiosas.
Los que pretenden implantar este modelo no tienen escrúpulo alguno para acomodarse a las circunstancias y a la hora de tejer sus alianzas. Son capaces de comprometer al país poniendo por delante sus intereses políticos particulares en detrimento de los del país. Sus socios pueden ser los narcoterroristas de las FARC, los fundamentalistas islámicos de Hamas y Hezbolá, la ETA, los déspotas Putin, Lukashenko, Mugabe y Ahmadinejad, o cualquier delincuente que haga falta.
La lamentable situación que hoy experimenta Honduras es una prueba fidedigna del rechazo a un intento de aplicar este mismo esquema retorcido a como dé lugar, y las pruebas son evidentes al ver la intervención descarada de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en estos acontecimientos.
Latinoamérica es hoy campo de batalla entre este modelo autoritario y empobrecedor y la fórmula democrática del bienestar material y de respeto de las libertades fundamentales del hombre. A medida que se aceleran los acontecimientos hemisféricos, muchas más personas y países se dan cuenta del dilema.
Por un lado, la búsqueda del conflicto permanente, el impulso armamentista, el fomento de la violencia, el afán desestabilizador, la carrera enloquecida hacia ninguna parte y a una mayor pobreza; y por el otro, el sendero del diálogo, la cooperación y la integración fructíferas, de la paz, de la garantía de los derechos humanos y de la producción de riqueza en equidad.
De cara a esta locura ideológica, está un modelo político y económico que va dando, con sus naturales altibajos, resultados positivos en términos de libertad, prosperidad y equidad. Brasil, Chile, Costa Rica o Colombia, si mencionamos sólo algunos, van avanzando en tal sentido de progreso, afincados en la pluralidad política y el respeto de los derechos humanos, todo en función de alcanzar niveles superiores de equidad social.
La deriva política demencial de unos pocos gobernantes es posible frenarla y aislarla. Ésa es la tarea prioritaria de los verdaderos estadistas responsables del hemisferio. Ese objetivo lo alcanzaremos si revigorizamos las instancias de cooperación existentes, para lo cual es imprescindible un remozamiento profundo y una adecuación flexible a los nuevos desarrollos, de modo que se vuelvan más eficaces a la hora de preservar la democracia y la libertad de los ciudadanos.
Quizás estos deseos sean vistos como los de un iluso, habida cuenta de la experiencia. Es posible que tengan razón los que así piensan. En política, como lo enseñaba el maestro Raymond Aron, la elección no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo detestable y lo preferible. De allí que apostemos por que se imponga lo preferible, con todo y sus imperfecciones. Y esto significa seguir el difícil camino de los encuentros institucionales y/o informales, debates, negociaciones, consensos y acuerdos, y de los nuevos desencuentros. Perseverar tercamente este proceso es la única garantía de que no nos matemos y que la paz pueda tener una oportunidad, así ésta sea inestable.
Con sus defectos y fallas, las organizaciones internacionales de nuestro hemisferio están obligadas a promover y proteger la democracia y la libertad, de cara a los intentos de imponer un modelo tiránico de nueva generación que se proyecta desde Venezuela.
EMILIO NOUEL V.
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Human Rights Watch (HRW) condenó hoy el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” impulsado por el Gobierno de Venezuela
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La organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” impulsado por el Gobierno de Venezuela, y afirmó que se trata de una “receta para la censura” incompatible con la libertad de expresión.
En un comunicado, la organización condenó la propuesta de la Fiscalía de Venezuela de incluir una serie de “castigos” contra medios de comunicación en el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos que actualmente prepara la Asamblea Nacional.
La propuesta prevé “castigar” a los medios que “causen pánico” en la población o “perjuicios” a los “beneficios” del Estado, a los que “manipulen” o “tergiversen” y a los gerentes que amenacen o coaccionen a la población, según la fiscal general del Estado, Luisa Ortega.
“Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
“Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión”, añadió Vivanco.
HRW denunció que el proyecto de ley contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes divulguen información que produzca un “perjuicio a los intereses del Estado”, y aseguró que la propuesta sucede a una serie de medidas que las autoridades del país adoptaron este mes y que “atentan gravemente contra la libertad de expresión”.
La organización señaló también que, en caso de ser sancionada, la propuesta de ley presentada por la Fiscalía constituiría “una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión”, incluido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión”, sentenció Vivanco.
La organización también denunció el proceso abierto este mes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra cuatro canales de televisión y dos estaciones de radio por difundir una campaña publicitaria que defendía la propiedad privada.
HRW señaló que Conatel ha prohibido la difusión de anuncios “similares” a estos, en lo que considera una definición “amplia” que dificulta a las cadenas “determinar cuáles avisos no deberían ser transmitidos”.
Según Vivanco, esta “prohibición generalizada” de difundir avisos en los cuales se critica una propuesta legislativa oficial “limita el debate público, que es un componente clave de cualquier sociedad democrática”.
La organización también rechazó la propuesta del ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, de “obligar a los canales de cable que cuenten con más del 30 por ciento de programación venezolana a transmitir en directo las cadenas presidenciales cuando el presidente Chávez así lo disponga”.
“Durante años, Chávez ha abusado de su poder para tomar el control de las señales de aire con el fin de impulsar su agenda política”, dijo Vivanco.
“Ahora está extendiendo este abuso a los canales de cable, que no suelen estar sujetos a este tipo de prácticas”, añadió.
Según la organización, en 2009 Chávez ha obligado a las estaciones a transmitir en directo 75 discursos con una duración promedio de más de una hora.
Por último, HRW acusó a la administración de Chávez de tratar de limitar “la capacidad de las estaciones privadas de radio de conformar circuitos para compartir su propia programación” y conseguir así extender su cobertura a todo el país.
Vía EFE
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SIP rechazó "devastador golpe contra la democracia"
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en Venezuela, pues constituye un "mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".
Para el presidente del organismo, Enrique Santos Calderón, la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para "deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos".
"Es, sin duda, un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela", citó Efe.
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.
Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente para medios y periodistas.
"El Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.
A juicio de los directivos de la SIP, la conducta de la fiscal Luisa Ortega y del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, se debe a que Chávez, en una "diatriba" contra el canal Globovisión, llamó a sus funcionarios a "arremeter contra los medios o, de lo contrario, que abandonaran la revolución".
La SIP subrayó cada paso de la "estrategia" seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para "maniatar a la prensa", entre ellas la promulgación de la "ley mordaza" en 2004 y la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005, que aumentó las penas por desacato y difamación.
Visita in situ de la CIDH La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) advirtió que el Gobierno nacional, con su proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos, aplica "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión en ese país''.
El organismo, que agrupa a más de 170.000 estaciones privadas de radio y televisión de América, Asia y Europa, pidió a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos "respaldar su sistema interamericano de protección de los derechos humanos, para que Venezuela permita la visita 'in situ' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e investigar las graves violaciones registradas en Venezuela".
Cerrar las puertas al ciudadano Tras calificar como "gravísima" la situación que enfrentarán los medios de comunicación de aprobarse este proyecto de ley, el presidente del Bloque de Prensa y director del Correo del Caroní, David Natera Febres, llamó a los venezolanos a luchar por la democracia, porque "ya está muy clara esta rebelión contra los derechos ciudadanos".
Tascón considera que la propuesta parece sacada del III Reich
El diputado advierte que el proyecto de ley promoverá el "sapeo"
Luego de conocer el proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos, presentado el jueves por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el diputado Luis Tascón declaró: "Ese es un texto que se corresponde con el III Reich, el fascismo de Mussolini o Pinochet, pero no con la revolución bolivariana".
Para Tascón, más que "regular", la propuesta pretende "penalizar" la libertad de expresión . "Este borrador vulnera la libertad de expresión, el derecho a la protesta y otros principios constitucionales", advirtió el ex militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En particular, se refirió al artículo 7 del texto, que establece: "El director, gerente, editor o responsable del medio de comunicación social que se niegue a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima, cuando ésta le hubiere sido requerida por el Ministerio Público, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años". A su juicio, esa disposición busca oficializar el "sapeo". "Montará el cartel de los sapos", lamentó.
Sin motivo Antes que sancionar otro instrumento, Tascón recordó que el país ya cuenta con el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para condenar cualquier exceso. "Esas normas son coherentes, fueron consultadas y se hicieron con cuidado", destacó el tachirense.
Interrogado sobre las motivaciones de Ortega Díaz, el legislador respondió: "A veces, las personas exageran no sé con qué propósito político".
De no modificarse el proyecto, el parlamentario anunció que rechazará su aprobación.
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Sindicatos dicen que Pdvsa no absorberá a 20 mil trabajadores
El Univerrsal, 1 de agosto de 2009Cuestionan mecanismo de ingreso a la empresa estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) planea ingresar a su nómina a 8 mil trabajadores de las 74 empresas expropiadas, pero la realidad es que alrededor de 20 mil trabajadores de las compañías nacionalizadas quedarán fuera de la industria petrolera, denunciaron dirigentes sindicales.El dirigente sindical de Pdvsa, José Bodas, explicó que desde el jueves hay protestas en la Costa Oriental del Lago reclamando mayores ingresos a la nómina de la estatal.
Explicó que además de las protestas por los trabajadores que no ingresarán, también están cuestionando el mecanismo de ingreso, pues hay un grueso de petroleros que no fueron incorporados pese a estar en las nóminas de las firmas nacionalizadas.
"Muchos de los tercerizados que no ingresarán tenían entre 12 y 15 años laborando en las empresas que prestaban servicios a la petrolera en el Lago de Maracaibo", explicó Bodas.
El líder sindical agregó que además de los 20.000 que quedarán fuera de la industria, hay que considerar los trabajadores indirectos que también pasarán a cesantes.
Por su parte, Rafael Zambrano, dirigente sindical de Fedepetrol en el estado Zulia informó que la madrugada del jueves un grupo de 100 trabajadores realizó cadenas humanas en los muelles para impedir la salida de embarcaciones en el Lago.
El dirigente agregó que más de 16 muelles de la Costa Oriental del Lago están paralizados por la medida.
Zambrano denunció que muchos de los trabajadores absorbidos por Pdvsa no pertenecen a las empresas expropiadas.
Desde que Pdvsa tomó el control de las 74 empresas de servicios de pozos tanto en el Lago de Maracaibo como en el oriente del país se han generado algunos focos de protestas específicamente en el estado Zulia donde se encuentra el mayor número de firmas nacionalizadas.
Por su parte, Pdvsa en un comunicado informó ayer que ingresó a su nómina a 7 mil 172 trabajadores de las empresas bajo su control en el occidente del país.
Ayer el vicepresidente de Exploración y Producción de Pdvsa, Eulogio Del Pino, entregó 500 nuevos carnés a los trabajadores en el muelle ubicado en el sector El Manzanillo del municipio San Francisco del estado Zulia, según el despacho de prensa de la corporación.
Sin embargo, el directivo aseguró que el ingreso de trabajadores se realiza mediante un proceso transparente.
El funcionario también destacó que los muelles están en completa normalidad y operatividad contrario a lo señalado por dirigentes sindicales. "No permitiremos que se generen problemas de orden en los muelles", enfatizó citado por la estatal en el que agregó que "sindicalistas de la oposición" intentan generar caos en la Costa Oriental.
Aunque sindicatos afirman que 20 mil trabajadores quedarán fuera del plan de absorción, Del Pino agregó que las nóminas de las empresas eran de 2.500 trabajadores cuando a su juicio para esa labores se requiere de 8 mil.
Pdvsa asumió el control de 74 empresas de servicios petroleros en mayo apoyado en una ley que reservó al Estado esas actividades, argumentando que son estratégicas. El ministro de Energía, Rafael Ramírez, incluso había acusado a las firmas de intentar llevarse del país lanchas o maquinarías, y paralizar mantenimientos.
dbuitrago@eluniversal.com
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Ley Electoral permite emplear centros de votación móviles
El Universal, 1 de agosto de 2009CNE utilizará "Petrocentros" diseñados por Pequiven
La reorganización de los centros de votación está en marcha. El artículo 86 de la Ley Orgánica de Procesos Electoral (LOPE) establece que los centros de votación podrán funcionar "en dependencias públicas, privadas o cualesquiera otras que establezca" el Poder Electoral.Este artículo abre la posibilidad para que se continúen instalando centros electorales en dependencias oficiales -taxativamente no se prohíbe utilizar ministerios- y ordena que se inicie un nuevo proceso de desconcentración y la consecuente migración de votantes.
Hasta la fecha existen 11 mil centros de votación ubicados mayoritariamente en instituciones educativas; no obstante, la nueva Ley Electoral establece que los centros "con alta población deberán desconcentrarse, creando nuevos centros instalados en estructuras móviles o fijas dependiendo de la realidad del caso concreto"
La primera etapa de la desconcentración se realizó entre los años 2000 y 2006. Según el análisis de la organización Esdata -especializada en contraloría electoral- en el año 2000 el CNE "cambio" de centro de votación a 355 mil votantes; entre 2000 y 2003 modificó la dirección de votación de 132 mil venezolanos, en 2004 migró a 865 mil y en el año 2006 cambió el centro de votación a 1.308.000 electores.
Los técnicos del CNE aseguran que este proceso no perjudica el derecho al voto, sino que contribuye a facilitar el sufragio de los electores; sin embargo, los técnicos electorales de la oposición sostienen que las migraciones se utilizan para crear centros de votación en lugares "difíciles de supervisar".
La LOPE no aclara qué parámetros se utilizarán para catalogar a un centro de votación como de "alta población electoral", por lo que corresponderá a los rectores del Poder Electoral dar respuesta a esta interrogante y especificar los criterios para la creación de nuevos centros de votación y el uso de los novedosos "centros móviles".
Con relación a este punto, la Ley Electoral no precisa cómo se realizará la supervisión de los centros móviles, si en ellos se utilizarán cuadernos de votación en blanco, o cuál será su rango de movilidad.
Petrocentros de votación El pasado 6 de junio la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, explicó que el organismo comicial, en colaboración con Pequiven, desarrollaría "Petrocentros móviles de votación" para facilitar el sufragio en zonas de difícil acceso.
Trabajo para los rectores
La LOPE, en vez de aligerar de trabajo a los rectores del Poder Electoral, provocará que antes de cada proceso de votación los integrantes del organismo comicial deban aprobar, como mínimo, 10 normas especiales.
La Ley -según explicó el diputado Darío Vivas- permite que existan normas diferentes en cada elección, "porque cada votación es distinta, no es igual una elección a un referendo".
Básicamente los rectores tendrán que aprobar antes de cada elección normativas que regulen: actualización en el Registro Electoral; uso de los centros móviles; reglamento para recolección de firmas; interposición de denuncias; conformación, nucleación, apertura y cierre de los centros y mesas; acto de votación; nulidad de votos en mesas automatizadas; auditorías; regulaciones de la campaña electoral y su financiamiento, etc.
emartinez@eluniversal.com
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Salen del aire "inmediatamente" 34 emisoras por orden de Conatel
CNB 102.3 FM es una de las afectadas, y con ella el programa de radio Aló Ciudadano
El Universal
Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), 34 radioemisoras que venían operando en frecuencias AM y FM desde diversas regiones de Venezuela debieron apagar sus equipos y cesar transmisiones a través de las ondas hertzianas a partir de la noche del viernes.
El titular del organismo, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, explicó que la medida constituye el inicio de una serie de procedimientos administrativos abiertos a varias decenas de operadoras radiofónicas que no podrán continuar haciendo uso del espectro radioeléctrico por vencimiento de la concesión -o renuncia a ella- o por fallecimiento del concesionario.
"Aló Ciudadano" silenciado
La medida recayó sobre empresas ubicadas en 18 estados del país, entre las cuales se cuenta CNB 102.3 FM (propiedad de Rosa Rodríguez de Huescáfore), que operaba como emisora matriz del Circuito Radial Belfort. A trav´és de ella era transmitido a diario desde Caracas el programa Aló Ciudadano. En Amazonas, 1130 AM, propiedad de Erasmo Núñez, y 107.5 FM Órbita, de Abel Cermeño, fueron las afectadas.
En Anzoátegui, la 970 AM, de Barcelona, perteneciente a José Bringa.
En Bolívar (Upata), el Canal 7 TV, de José David Natera. Ciudad Bolívar: 96.9 FM, propiedad de Ramón Rafael Castro Mata.
Carabobo, Valencia: 100.1 FM, Nelson Belfort Yivirin. Puerto Cabello: 98.3 FM, de Pedro Ezequiel Listuit.
Delta Amacuro-Tucupita: 1270 AM, de Sócrates Hernández.
Falcón Punto Fijo: CNB 100.1 de Nelson Belfort Yivirin, y 96.1 FM, de Ramón Jesús Méndez.
Guárico: 99.1 FM, de Bernando José Donaire.
Mérida 106.3 FM de Rubén Antonio Chirinos.
Miranda: 1520 AM, de Guillermo Obel Mejías; Emisora FM, de Guillermo Obel Mejías; la 1550 AM, de monseñor Bernardo Heredia; 97.1 FM, monseñor Bernardo Heredia; 92.1 FM, Gabriel Robinson, Charallave; 1230 AM, Radio Barlovento (Caucagua); 96.9 FM, de Carlos Herci, ubicada en El Hatillo.
Nueva Esparta (Porlamar) la 99.1 FM, de Arturo Gil Escala; 92.9 FM, Ramón Borra Gómez, y 1140 AM, perteneciente a la sucesión de Pedro Sosa Guzmán.
Portuguesa (Acarigua): 1170 AM, perteneciente a Ramón Ramírez Meléndez.
En Sucre, 103.3 FM y 600 AM, ambas de Luis Salazar Núñez.
En Táchira la 730 AM, de Modesto Marchena y la 94.5 FM, de Arturo Álvarez Leal.
Vargas Canal 26 UHF de Catia La Mar y 106.9 FM, perteneciente a Alcides Delgado.
En el estado Zulia: 105.1 FM, de Guido Briceño; 102.1 FM, de Luis Guillermo Gouvea; 1430 AM, perteneciente a Ciro Ávila Moreno (Ciudad Ojeda); 1300 AM, propiedad de Moisés Portillo (Santa Cruz de Mar).
"Preselección sospechosa"
Los procedimientos fueron comentados en la sede de Conatel por Diosdado Cabello en una rueda de prensa a la cual no fue permitido el ingreso de los canales i, Globovisión y RCTV Internacional. "Ya firmé las decisiones. Conatel va a la sede, al estudio donde está funcionando la emisora; se les notifica, e inmediatamente deben cesar las transmisiones. Así está establecido en la ley, el proceso ya comenzó". El presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Nelson Belfort, en declaraciones ofrecidas anoche a Globovisión, señaló que "hay una preseleccion bien sospechosa (...) lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación en Venezuela y más sin un debido proceso".
Fidel Eduardo Orozco
El titular del organismo, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, explicó que la medida constituye el inicio de una serie de procedimientos administrativos abiertos a varias decenas de operadoras radiofónicas que no podrán continuar haciendo uso del espectro radioeléctrico por vencimiento de la concesión -o renuncia a ella- o por fallecimiento del concesionario.
"Aló Ciudadano" silenciado
La medida recayó sobre empresas ubicadas en 18 estados del país, entre las cuales se cuenta CNB 102.3 FM (propiedad de Rosa Rodríguez de Huescáfore), que operaba como emisora matriz del Circuito Radial Belfort. A trav´és de ella era transmitido a diario desde Caracas el programa Aló Ciudadano. En Amazonas, 1130 AM, propiedad de Erasmo Núñez, y 107.5 FM Órbita, de Abel Cermeño, fueron las afectadas.
En Anzoátegui, la 970 AM, de Barcelona, perteneciente a José Bringa.
En Bolívar (Upata), el Canal 7 TV, de José David Natera. Ciudad Bolívar: 96.9 FM, propiedad de Ramón Rafael Castro Mata.
Carabobo, Valencia: 100.1 FM, Nelson Belfort Yivirin. Puerto Cabello: 98.3 FM, de Pedro Ezequiel Listuit.
Delta Amacuro-Tucupita: 1270 AM, de Sócrates Hernández.
Falcón Punto Fijo: CNB 100.1 de Nelson Belfort Yivirin, y 96.1 FM, de Ramón Jesús Méndez.
Guárico: 99.1 FM, de Bernando José Donaire.
Mérida 106.3 FM de Rubén Antonio Chirinos.
Miranda: 1520 AM, de Guillermo Obel Mejías; Emisora FM, de Guillermo Obel Mejías; la 1550 AM, de monseñor Bernardo Heredia; 97.1 FM, monseñor Bernardo Heredia; 92.1 FM, Gabriel Robinson, Charallave; 1230 AM, Radio Barlovento (Caucagua); 96.9 FM, de Carlos Herci, ubicada en El Hatillo.
Nueva Esparta (Porlamar) la 99.1 FM, de Arturo Gil Escala; 92.9 FM, Ramón Borra Gómez, y 1140 AM, perteneciente a la sucesión de Pedro Sosa Guzmán.
Portuguesa (Acarigua): 1170 AM, perteneciente a Ramón Ramírez Meléndez.
En Sucre, 103.3 FM y 600 AM, ambas de Luis Salazar Núñez.
En Táchira la 730 AM, de Modesto Marchena y la 94.5 FM, de Arturo Álvarez Leal.
Vargas Canal 26 UHF de Catia La Mar y 106.9 FM, perteneciente a Alcides Delgado.
En el estado Zulia: 105.1 FM, de Guido Briceño; 102.1 FM, de Luis Guillermo Gouvea; 1430 AM, perteneciente a Ciro Ávila Moreno (Ciudad Ojeda); 1300 AM, propiedad de Moisés Portillo (Santa Cruz de Mar).
"Preselección sospechosa"
Los procedimientos fueron comentados en la sede de Conatel por Diosdado Cabello en una rueda de prensa a la cual no fue permitido el ingreso de los canales i, Globovisión y RCTV Internacional. "Ya firmé las decisiones. Conatel va a la sede, al estudio donde está funcionando la emisora; se les notifica, e inmediatamente deben cesar las transmisiones. Así está establecido en la ley, el proceso ya comenzó". El presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Nelson Belfort, en declaraciones ofrecidas anoche a Globovisión, señaló que "hay una preseleccion bien sospechosa (...) lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación en Venezuela y más sin un debido proceso".
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