LEOPOLDO MARTINEZ
Esta semana han ocurrido dos hechos gravísimos en la caracterización de un régimen político a la luz del derecho internacional.
Por un lado, unos diputados son agredidos de forma brutal por grupos violentos, no solo frente a la mirada indolente de la Guardia Nacional, sino empujados a ello por la autoridad. Esto es un hecho de inmensa gravedad. Pero más lo es cuando sabemos que la agresión tuvo lugar cuando esos diputados opositores hacían una visita al organismo electoral (CNE) para exigir respuesta sobre el trámite de verificación de las firmas consignadas para iniciar un referéndum constitucional revocatorio del Presidente de la Republica, con el propósito de que todo ocurra dentro de los plazos legales.
Y, por otra parte, en el contexto de una cruel escasez, se ha puesto la distribución de alimentos y productos básicos en manos de comités dirigidos por activistas políticos leales al gobierno. ¿Con cuál finalidad? ¿Que la ciudadanía se arrepienta de haber firmado para activar el revocatorio o se abstenga de votar luego, so pena de no recibir su ración de alimentos?
En efecto, en Venezuela comienza a dibujarse un trazo más nítido, una conexión más concreta, que evidencia la discriminación por razones políticas como una política de Estado. Ya no se trata solo de casos de violaciones a los derechos humanos, represión de manifestaciones y presos políticos que el Gobierno pretende caracterizar ante la comunidad internacional como parte de un plan de desestabilización conspirativa. Se ha ido más allá. Se ha hecho sistémico el concepto represivo, al punto de que los alimentos estarían a disposición solo de quienes sean leales al Gobierno y negados a quienes suscriban cualquier manifestación de apoyo al revocatorio.
Así están las cosas.
Cuesta creer que estos hechos puedan pasar inadvertidos para los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. El establecimiento de canales de diálogo para lograr la convivencia democrática es necesario. Más aún, es indispensable para encontrar caminos de solución a la delicada crisis de Venezuela. Pero los ex presidentes, y quienes quieran abonar el camino del diálogo, deben asumir, como especial condición previa, la garantía institucional de que este trazo de represión sistémica por razones políticas cese. Quien venga a mediar por el entendimiento debe exigir que los trámites del revocatorio se hagan con estricto apego a los plazos y en observación de los derechos que en el curso del mismo asisten a cada grupo político que es parte interesada en el asunto.
Entretanto, creo que va llegando la hora de dejar muy claro algo. Los periodos constitucionales de los gobernadores de estado están por vencer en diciembre de este año, de acuerdo a la Constitución. Y la ley es meridianamente clara. El CNE debe fijar la fecha exacta de realización (y publicar el cronograma electoral correspondiente) seis meses antes del vencimiento de dicho periodo constitucional. Es decir, a estas alturas del mes de junio ya va siendo hora de hacerlo. Esto no es una opinión. Está en la ley. De este dato deben tomar nota también los ex presidentes que intentan ayudar a Venezuela en la solución de la crisis.
Sobre lo económico hemos hablado hasta el cansancio. No es simplemente una caída dramática en los precios del petróleo lo que afecta al país, es un colapso del aparato productivo público y lo que queda del privado, resultado de casi dos décadas de un régimen que jamás fue capaz de invertir el caudal petrolero y minero del país para apalancar el aparato productivo nacional desarrollando estrategias que rompiesen la dependencia de la renta petrolera.
Con toda honestidad, este es el legado social y económico de Chávez, más que el fracaso de Maduro; y esto sin obsequiarle una excusa a Maduro (quien además no podría articularla por falta de liderazgo propio en el oficialismo). Pero lo que sí tiene sentido, para quienes dentro del chavismo deseen abrirse paso en un próximo capítulo de construcción nacional, es hacer el viraje, comenzando por encauzar este episodio con el apoyo del diálogo hacia una transición.
Para la oposición, el diálogo es una herramienta en nada excluyente con el revocatorio presidencial. Las fuerzas democráticas deben insistir en la exigencia de garantías para la realización de dicho referendo y de las elecciones regionales, pero usando esta coyuntura para articular con claridad una narrativa que contenga su visión de país y el camino para salir de la crisis.
Cada semana parece aumentar la crudeza de la cotidianidad en Venezuela. Por eso mismo, la respuesta a la barbarie debe ser más comedida, más apegada a la institucionalidad y a la ley. Ese es el camino que nos lleva al futuro y nos aleja de este horror que, aunque no parezca. Sí tiene fin. Y no lejano.
@lecumberry
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