ELSA CARDOZO
No es violenta ni ingenua y, en medio de todas las tentaciones para serlo, se va abriendo camino con admirable constancia. Así es la resistencia que se manifiesta en las colas que por enésima vez hacen los venezolanos por un cambio de rumbo urgente, pero no de cualquier manera ni hacia cualquier destino. Y eso que se percibe en el país que no se resigna al imperio de la muerte, el hambre y la indolencia, ya no solo es inocultable ante otros países sino que los mueve a actuar.
La semana que concluye ha estado llena de señales sobre lo que lleva al menos dos años ganando visibilidad, pese al incesante activismo internacional del gobierno para hacerse inescrutable y aislarse de responsabilidades internacionales en nombre de una malentendida soberanía. Entre esas señales hay algunas hemisféricas especialmente importantes por fortalecedoras de los méritos, derechos y posibilidades de la resistencia democrática.
Venezuela es ya un caso crítico en la OEA y las reuniones de esta semana confirman que no hay intención de dejar su trato únicamente a la Unasur, como se hizo explícito en la sesión del Consejo Permanente el martes pasado. Ni siquiera Brasil, país para el que ese acuerdo suramericano sigue siendo geopolíticamente tan importante, planteó su incompatibilidad con las gestiones de la OEA. Lo cierto es que el propio presidente del Consejo Permanente, el argentino Juan José Arcuri, invitó a Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández –los facilitadores invitados por el gobierno venezolano bajo el paraguas de la Unasur– a que informen periódicamente sobre sus gestiones a ese Consejo, a la vez que les ofreció apoyo institucional en todos los aspectos que la atención integral que el caso requiere. Es una manera de hacer a la OEA más presente, aunque el gobierno venezolano se haya empeñado en impedirlo.
Una cosa ha sido el aplauso hemisférico del martes pasado a la posibilidad de alcanzar acuerdos en las áreas que tan vagamente y con perspectiva de extrema lentitud presentó el ex presidente español, y otra muy distinta la constatación de que no solo no hay verdadero diálogo en marcha, sino que el Ejecutivo y los poderes controlados por él lo niegan cada día con su decir y quehacer, incluso en el propio Consejo Permanente de la OEA.El gobierno venezolano no logró ganar apoyos para suspender la cita de ese Consejo convocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco jurídico de la Carta Democrática Interamericana. Tampoco pudo impedir la presentación de su informe el jueves pasado. En cambio, la suspensión de la convocatoria a los cancilleres de la Unasur ese mismo día en Quito fue otra señal –ya reiterada por quince cancillerías americanas en su declaración del 15 de junio– de lo difícil que está siendo dar la espalda a la crisis venezolana.
El jueves, con la aprobación del orden del día de la sesión del Consejo Permanente, se puso en práctica por primera vez el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, es decir, colocar sobre la mesa hemisférica la situación de la democracia en un país sin mediar la autorización de su Poder Ejecutivo. No es poca cosa, y el balance de la votación lo hace aun más significativo.
Se dice y repite, con razón, que la solución de los problemas venezolanos está y debe estar en manos de los venezolanos, y así es. Pero es el caso que el propio gobierno de Venezuela viene negando su obligación de respetar ese derecho, consagrado por la Constitución venezolana y en la Carta Democrática. La búsqueda de acompañamiento internacional para asegurarlo es parte de la legítima defensa de la soberanía. Soberanía bien entendida, de eso trata la resistencia democrática que no ha cedido ante innumerables obstáculos y que ahora defiende y merece el apoyo internacional para hacer efectivo el derecho de convocar este año un referéndum revocatorio del mandato presidencial.
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