MARTA DE LA VEGA
Pese a la coincidencia de líderes demócratas nacionales e internacionales acerca del diálogo en Venezuela como condición indispensable para despejar el camino hacia un cambio político pacífico y un modelo económico que a la vez supere el estatismo exacerbado y el rentismo, no hay voluntad política del gobierno para que sea exitoso. Ni sinceridad, ni reconocimiento del otro fuera de su parcialidad política, ni veracidad ni transparencia.
Como si no fuera su responsabilidad, el jefe del poder ejecutivo pretende que las fuerzas democráticas opositoras resuelvan la crisis pavorosa que sufre el país en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y moral. Maduro manipula y miente al afirmar que el poder legislativo, aunque maniatado y bloqueado por un poder judicial sumiso a favor del régimen, ha destruido el país en los 6 meses de su gestión.
Como si el colapso al que las erráticas y equivocadas políticas del gobierno y sus dirigentes han conducido la economía no hubiera sido provocado por ellos mismos, por su rigidez mental, espíritu sectario y anacrónica ideología de un socialismo que no es ni democrático ni generador de riqueza y bienestar, achacan la culpa del fracaso del proyecto “revolucionario” a factores o agentes externos.
A diferencia de países como Finlandia, Dinamarca u Holanda, no hay tal socialismo en Venezuela sino una amalgama puramente retórica o efectista de principios de justicia social derivados de la experiencia socialdemócrata y de la democracia cristiana, mezclada del dirigismo estatista, paternalista e interventor típico del populismo latinoamericano militarista, con un pretendido socialismo calcado de la sanguinaria dictadura castrista cubana y heredero de la tradición marxista estalinista de cuño totalitario.
El Estado vaciado de su estructura democrática, militarizado y ausente, salvo para reprimir brutalmente a disidentes, acallar protestas por el terror policíaco institucionalizado e irrespetar cínicamente Constitución y derecho, ha facilitado la violación de las reglas de juego vigentes o la invención sobre la marcha de nuevas, como ocurre con el referendo revocatorio, y una anarquía generalizada que destruye las bases del tejido social y la confianza.
Por ello no basta un cambio de gobierno sino de régimen, que facilite las inversiones, la creación de empleos productivos, la reactivación del aparato industrial, la diversificación de la producción manufacturera y la expansión de las actividades agropecuarias.
También urge cambiar y fortalecer las instituciones para que el Estado legítimo no sea solo formal, mientras está ejercido ilegítimamente por un poder hamponil real efectivo tras la careta de cualquier institución legal. Así lo dijo Alejandro Moreno en 2015 en “Proyecto hampa”.
Para él, policía, tribunales, cárceles, distribución de alimentos, uso y adquisición de divisas, construcción de viviendas, carreteras y calles, asignación de recursos para proyectos a consejos comunales y comunas, aduana y nacionalización de importaciones, no están regidos por la ley sino por decisiones delictivas. Concluye: “Sobre el proyecto revolucionario se afirma, consentido y apoyado en forma cómplice, un proyecto delictual de Estado que se asienta como real futuro del país”.
Prospectiva desoladora. Como antídoto, ética política y poner en práctica planes factibles propuestos por destacados expertos en economía y petróleo.
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