31 de julio 2016
“¡Planta parada, planta tomada!”, ha repetido este año el presidente Nicolás Maduro en clara demostración de que sigue vigente la política de estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones de bienes privados que inició su antecesor, Hugo Chávez, y que entre 2005 y 2015 registra 110.974 violaciones de la propiedad privada, según el Observatorio de Propiedad Privada, de Cedice Libertad.
La data del observatorio indica que fue el año pasado cuando hubo más actuaciones contrarias a los bienes de terceros. De los 110.974, 107.954 ocurrieron en 2015: 9 expropiaciones, 14 regulaciones confiscatorias, 96 invasiones, 219 ocupaciones e intervenciones, 296 decomisos de mercancía, 28.000 cierres de empresas y 65.433 fiscalizaciones. Además, se impusieron 13.887 multas.
La socióloga Isabel Pereira, directiva del observatorio, recordó que así como el año pasado, en la última década el gobierno se valió de varias vías para atropellar los bienes privados de manera directa e indirecta. “Hay casos de violaciones cometidas por particulares, pero que fueron promovidas por el gobierno”.
El abogado Luis Alfonso Herrera, investigador de Cedice, recordó que las afectaciones se iniciaron con la intervención de grandes extensiones de tierras y luego la ocupación de industrias de varias áreas, así como la toma de edificios, entre otras.
“Han sido violaciones sistemáticas, generalizadas, conscientes y propias del proyecto político socialista que no han traído ningún beneficio para el país, sino grandes costos económicos, sociales y jurídicos”, agregó.
La economista Bárbara Lira, coautora del libro Gestión en rojo, en el que se analizan 16 casos de empresas expropiadas y creadas por el gobierno entre 2007 y 2011, también cree que las intervenciones han traído pérdidas al país. “Los resultados de esta política deben evaluarse con base en los objetivos que se plantearon. En el caso de las expropiaciones el gobierno dijo que buscaba lograr entre otras cosas el desarrollo endógeno, la estabilidad laboral y la soberanía agroalimentaria, y la verdad es que no nos está yendo mejor en ninguno de esos aspectos”.
El fracaso de las expropiaciones ha sido admitido incluso por dirigentes del mismo partido político del presidente Maduro. “En el pasado tomamos algunas medidas como expropiación de algunas empresas que, lamentablemente, o no las hicimos productivas o fracasaron en nuestras manos”, dijo el jefe del Comando Central Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, en un programa de televisión transmitido el 3 de julio.
Dos semanas después el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, manifestó en otro programa de televisión que algunas empresas que ha tomado el gobierno han sido exitosas y otras no. Sin embargo, aseguró que no por los fracasos que han tenido van a dejar de tomar las empresas que se paren.
Poca confianza
Lira señaló que la política de intervenciones de la propiedad ha sido muy costosa para el país, pues el gobierno ha tenido que erogar grandes sumas de dinero para pagarle a los propietarios de algunas plantas con las que se llegó a acuerdos y para indemnizar a otras empresas que han demandado al país ante organismos internacionales porque les quitaron sus propiedades arbitrariamente.
Solo entre 2007 y 2011 el gobierno gastó en grandes casos de estatización de empresas 23,2 millardos de dólares, afirmó. Precisó que entre los pagos acordados destacan el de la nacionalización de Sidor, que ascendió a 1,97 millardos de dólares; y el del Banco de Venezuela, que alcanzó 1,05 millardos de dólares.
“Esta ha sido una política costosa en términos financieros y sobre todo en términos de generación de confianza. Las personas dudan en invertir por temor a que de un momento a otro puedan perder lo que les pertenece”, dijo. Agregó que la falta de confianza para nuevas inversiones, sumada a la dificultad de las empresas del Estado para aumentar su producción, han incidido en las fallas de abastecimiento que se registran en el país.
Herrera indicó: “Con estas acciones el gobierno solo condujo a una destrucción de los medios de producción. Empresas que se encontraban operativas cuando estaban en manos de privados, hoy no están trabajando”.
Cifras publicadas en las Memoria y Cuenta de los ministerios de Agricultura y Tierras e Industrias respaldan las observaciones de los especialistas. Los reportes muestran que la mayoría de las empresas expropiadas y adquiridas por el gobierno tienen una producción por debajo de las metas que se plantean, entre otras cosas por dificultades de acceso a la materia prima y por la falta de recursos financieros para las operaciones.
La empresa de Invepal, por ejemplo, una de las primeras expropiadas por Hugo Chávez, programó producir 10.938 toneladas métricas de papel bond en 2015. Sin embargo, al cierre del año pasado apenas logró fabricar 1.395 toneladas métricas; es decir, solo ejecutó 13% de lo previsto. Una situación similar presentan Lácteos Los Andes e Industrias Diana, que fueron compradas por el gobierno en 2008.
Ley para resarcir daños
Investigadores de Cedice Libertad, así como de las asociaciones civiles Liderazgo y Visión y Un Estado de Derecho, elaboraron un anteproyecto de Ley Especial de Restitución y Garantía de la Propiedad Privada que discuten diputados de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para su posible promulgación.
El abogado Luis Alfonso Herrera, uno de los autores de la normativa, precisó que el texto consta de 19 artículos con los que se busca que se reconozca e indemnice a las personas a las que el gobierno les ha vulnerado los derechos de propiedad desde hace más de una década.
Agregó que para evitar que se sigan cometiendo violaciones, el anteproyecto de ley también contempla la derogación de otras normativas que a través de varios mecanismos permiten e incentivan los atropellos contra la propiedad privada. “La finalidad es eliminar o depurar el ordenamiento jurídico de las bases legales que le permiten al gobierno cometer estas violaciones. Los diputados están midiendo el impacto económico del anteproyecto para llevarlo luego a plenaria”.
296 ataques a la propiedad se registraron por día el año pasado, de acuerdo con el Observatorio de Propiedad Privada.
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