POMPEYO MARQUEZ
Autocracia y militarismo son dos rasgos, indisolublemente unidos, de este retroceso histórico que ha sufrido la República a lo largo de 17 años de régimen chavomadurista y que analiza el profesor Luis Martínez en su libro “Hay que enterrar al caudillo” (Editorial Punto: 2016), cuyo prólogo tuve el honor de escribir recientemente.
Todos los argumentos de este valioso ensayo parecen confirmarse día a día con la respuesta totalmente disparatada de un régimen que sucumbe ante el fracaso del intento de imponerle por parte de una minoría un modelo político, social y económico que ha fracasado donde quiera ha tratado de implantarse. La más reciente muestra del autoritarismo y militarismo es el hecho de delegar en un militar las funciones constitucionales de un presidente civil.
Martínez expresa en su ensayo:
“…el gobierno autocrático de Chávez [da los pasos] para ir creando las bases que sustente su proyecto a perpetuidad. En sí, la búsqueda de una hegemonía totalitaria, utilizando al sistema democrático como mampara para el logro de su objetivo. Esa hegemonía supone la destrucción del estado federal descentralizado, que en las primeras de cambio no pudo lograr con la Asamblea Constituyente, pero que más adelante intentó innumerables veces, tratando de cambiar el estamento jurídico del país”.
En el referido prólogo me permito hacer un recorrido sobre la suerte de algunos caudillos desde 1830 hasta el presente, iniciando con Páez, quien muere en el exilio antes de pasar por la cárcel de Cumaná; José Monagas quien fue aclamado durante 10 años, y gobernó alternándose con su hermano hasta que tuvo que asilarse en la legación de Francia en Caracas tras renunciar a la presidencia en 1858; Antonio Guzmán Blanco a quien incluso le erigieron estatuas que fueron después derribadas y tuvo que irse a Europa donde falleció; Cipriano Castro, quien enfermó fruto de las parrandas, orgías y otros excesos en que incurrió durante su gobierno, y tuvo que viajar a Alemania a operarse, dejó el poder en manos de su compadre y vicepresidente Juan Vicente Gómez quien ese mismo año 1908 del viaje, da un golpe de Estado y es aclamado como presidente.
Quisiera rememorar un episodio poco conocido en relación a Gómez, a propósito de la polémica que se ha desatado con la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación: bajo la influencia de su ministro de la Secretaría de la Presidencia Baptista Galindo decretó en 1927 una amplia amnistía que vacía todas las cárceles y permite el regreso de los exiliados. Podemos entonces concluir, que aun en los regímenes más despóticos y crueles existen personajes que compartiendo en lo fundamental los propósitos del gobierno y gozando de las simpatías del jefe difieren en sus formas y sobre todo se oponen por razones de humanidad a todo atropello a la dignidad y a la integridad de los ciudadanos.
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