¿ES UN DELITO OPINAR?
Exhortación de Venezuela Libre a la Asamblea Nacional
Un profundo sentimiento mezclado con preocupación, angustia e indignación estremece a la sociedad venezolana, ante una serie de inquietantes hechos que constituyen claros indicios de abandono del camino democrático por parte del régimen, con evidente incremento de la intolerancia y la persecución política.
Se agrava ese sentimiento en un ambiente general de pugnacidad, estado de preguerra y agresividad que propicia la presidencia del país, con guerrillas educativas, milicias armadas, hostigamiento al empresariado, desconocimiento de la propiedad privada y distorsión de la realidad histórica, bajo el silencio cómplice de la mayoría de parlamentarios, quienes deberían actuar como genuinos representantes de un pueblo que por abrumadora mayoría desea paz, progreso y democracia.
Todas esas irregularidades ocurren ante la manifiesta indiferencia mostrada por las autoridades de todos los Poderes Públicos, pese a los serios problemas que agobian a los ciudadanos. Dicha displicencia es aún más preocupante de parte de la Asamblea Nacional, la cual tiene una responsabilidad de primer orden en la situación que vivimos.
Todos los venezolanos tenemos el derecho de esperar de los parlamentarios una actuación ajustada al mandato constitucional, acorde con su indeclinable deber de servicio al pueblo que los eligió, pues:
“Los diputados y diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos o instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en
Reclamamos así que del Parlamento surjan leyes y actuaciones imparciales y equilibradas, que nos garanticen igualdad de derechos y que promuevan la tolerancia y la inclusión.
Nos alarma por ello ver a la mayoría de la Asamblea Nacional actuar como instrumento de persecución y de retaliación política. Claro ejemplo de este proceder es el caso de la acusación contra el Dr. Oswaldo Álvarez Paz, que ha terminado con su detención por el falso delito de opinar en un programa de televisión. Dicho proceso fue iniciado con la denuncia realizada por los diputados Manuel Villalba (Presidente de
Similar conducta se evidenció con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Wilmer Azuaje, basándose en imputaciones manifiestamente inconsistentes y con el agravante de sentar el precedente de violación del mandamiento constitucional de antejuicio de mérito, establecido en la Constitución de la República como prerrogativa conferida por el pueblo a los parlamentarios.
A la Asamblea Nacional le corresponde ejercer, por expreso mandato constitucional, el control soberano de las actuaciones del Poder Ejecutivo, para impedir así que excesos, desaciertos o abusos de funcionarios de la administración pública deriven en perjuicios para la comunidad.
Llama por ello la atención la poca diligencia mostrada por una mayoría circunstancial de sus diputados ante la situación de decenas de personas que mueren diariamente a manos del hampa, el alto costo de la vida, la corrupción galopante en la administración pública, las serísimas fallas en los servicios de electricidad y agua en todo el país, la desinversión productiva, el creciente trabajo informal, las frecuentes matanzas en las cárceles, las crisis de hospitales, de vivienda y de vialidad a lo largo y ancho del territorio nacional, por mencionar las quejas más frecuentes de la ciudadanía, sin que haya habido una intervención parlamentaria cónsona con la gravedad de los problemas que aquejan a la comunidad.
Es pública, notoria y comunicacional la subordinación de una mayoría importante de diputados de la Asamblea Nacional a lo ordenado por el Poder Ejecutivo, en flagrante violación del mandato constitucional que establece la independencia de los poderes y atentando seriamente contra sus propias competencias y autonomía. Ello tiene lugar cuando el Poder Legislativo cede repetidamente al Ejecutivo, por medio de leyes habilitantes, su primordial función de elaborar las leyes de la República, otorgándole al Presidente amplios poderes para legislar en todos los órdenes de la vida nacional. Lo mismo puede decirse de la aprobación de instrumentos como la “Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital” y
Actitudes como las aquí denunciadas contrastan con una sociedad democrática que cada vez persigue con más ahínco un Parlamento plural, autónomo y eficiente.
Las razones expuestas nos impulsan a exigir de la Asamblea Nacional retomar el rumbo de la actuación democrática y el apego al mandato constitucional, así como el compromiso con la nación entera, de manera que auspicie la tolerancia y la convivencia entre todos los venezolanos.
Caracas, 15 de abril de 2010.
VENEZUELA LIBRE
Coordinación General
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