Ciudades comunistas: enemigas de la
descentralización
Trino Márquez
La
Conferencia Episcopal, numerosas organizaciones de la sociedad civil y
distintos sectores académicos y políticos han alertado sobre los peligros que
encierra el proyecto de Ciudades Comunales entregado hace algunos meses por
Nicolás Maduro a su Asamblea Nacional. La iniciativa la toma a pocos meses de
las elecciones regionales, cuando el gobierno supuestamente trata de refrescar
su imagen frente a la comunidad internacional y busca legitimar las autoridades
locales, tan devaluadas durante los años recientes. Un paso adelante, dos
atrás. En unas ciudades donde la descentralización fue derogada, y no funcionan
ni siquiera los semáforos, Maduro se muestra muy interesado en que los
habitantes se organicen en comunas, sueño de Hugo Chávez, quien asomó la idea
en la fallida reforma constitucional de 2007.
Los obedientes diputados maduristas ya
discutieron la primera versión del proyecto, que consta de 59 farragosos
artículos. Luego pasaron a ‘consultar’ al pueblo. En la Exposición de Motivos
se insiste en que la ciudad comunal constituye la base de una nueva organización
político territorial. Sus principios se orientan a la construcción del
socialismo, el autogobierno comunal y el fortalecimiento del poder popular, con
el fin de desarrollar la democracia directa y participativa de la cual habla la
Constitución.
Ninguno de los artículos de la CRBV
se se refiere al poder popular, ni al modelo
socialista. Se dibuja sí una nación laica, diversa, inclusiva. Ni capitalista,
ni socialista, ni comunista. Al referirse al modelo económico, se destaca el
carácter mixto de la economía, con la
participación y cooperación de los sectores
público y privado. En cambio, en el proyecto de Ciudades Comunales se bosqueja una sociedad
confesional. Quien no sea socialista pierde sus derechos civiles. La ciudad
comunal es como un enorme monasterio medieval, dirigido por monjes encargados
de vigilar la correcta aplicación de los principios socialistas. Carlos Marx no
se habría atrevido a escribir un texto
tan monacal.
El proyecto de ley es un bazar de ideas
decimonónicas. Entre los valores socialistas se encuentran la honestidad, la
solidaridad, la inclusión, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Irreal percepción de lo que ocurre en Venezuela desde hace más de dos décadas.
La honestidad no es un valor que guíe el ejercicio de la función pública. Los
asaltos a Cadivi y Pdval quedaron impunes. Lo ocurrido con la modernización del
tendido eléctrico es otro episodio turbio de cómo se han manejado los fondos
públicos. Los informes de Transparencia Internacional Venezuela son
demoledores. En una nación donde rigió
por años la Lista Tascón, se exige el Carnet de la Patria para conseguir las
bolsas CLAP o recibir las miserables transferencias monetarias que da el
régimen, hablar de inclusión y democracia
resulta una ironía obscena. De los derechos humanos, basta con citar el
caso de Fernando Albán. En realidad, las Ciudades Comunales están concebidas
para segregar y excluir a todo aquel que no se identifique con el credo
socialista.
La escogencia de la complicada burocracia
que se propone para cada ciudad comunal -Arts. 8 y 14- se realizará sin
respetar el derecho al voto popular directo y secreto, establecido en la
Constitución y en la Ley del Sufragio. La elección de los representantes
comunales es de segundo grado y en asambleas, a mano levantada, lo que
garantiza el control de los comisarios del PSUV. La propiedad privada también
es colocada en la picota. Uno de los objetivos de la comuna consiste en
combatir el ‘espíritu capitalista’ y sustituirlo por el ‘espíritu socialista’.
Con ese fin, se estimulará la ‘propiedad social directa’, Arts. 56 y 57.
La Ciudad Comunal es un proyecto diseñado
para desmontar la descentralización, tal como esta fue diseñada por la Copre
hace un poco más de tres décadas. Las gobernaciones y los municipios quedan
anulados. En la práctica perderían toda importancia. Maduro retoma los
conceptos contenidos en la ‘Nueva Geometría del Poder’, proclamados por Hugo
Chávez en 2007. Se empodera a los
consejos comunales dotándoles de recursos financieros e, incluso, de una
policía comunal -versión venezolanizada de los CDR cubanos- cuya misión real
consiste en espiar a los opositores del socialismo; es decir, del gobierno.
Más que contribuir a crear un Estado
comunal, el proyecto introducido en la AN se dirige a armar un Estado
descomunal, más autocrático y centralista que el existente en la actualidad. A través de las
ciudades comunales se atomiza la fuerza de la ciudadanía. Se le fragmenta en
miles de micro organismos, mientras las instituciones regionales (gobernaciones)
y locales (municipios) se debilitan, y la cúspide del Estado (el Ejecutivo) se
fortalece. El Presidente pasa a ser omnipresente y omnipotente.
La ciudad comunal agravará todos los
problemas existentes en el país. No es una solución al déficit de los servicios
públicos, sino un costoso y dañino capricho
del régimen. Un guiño a los sectores más radicales del oficialismo, que acusan
a Maduro de neoliberal. No le auguro un destino luminoso a ese desatino. Sin
embargo, está allí. Pronto podría ser aprobado por la AN, especialmente si la oposición obtiene
un buen número de gobernaciones y alcaldías. Conviene desenmascararlo y enfrentarlo desde ahora. ¡No a las ciudades comunistas!
@trinomarquezc
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