MARITZA IZAGUIRRE
Las cifras reflejan la grave crisis que afronta la economía nacional, consecuencia de un modelo fracasado, basado en una participación creciente del sector público en la actividad productiva, el cual limita al sector privado. En especial, ocurre en la producción de bienes esenciales, históricamente cubierta por productores radicados en el territorio, grandes, medianos y pequeños, que –al no poder operar bajo las reglas del mercado– disminuyen progresivamente su participación. Así contribuyen, obligados por las circunstancias, al desabastecimiento y escasez.
En nuestro caso, vale la pena destacar la caída de la producción agropecuaria, lo que deja en claro la ausencia del Estado en el apoyo e incentivo a las organizaciones tanto públicas como privadas relacionadas con la generación de conocimiento, tal es el caso de las universidades nacionales de larga tradición y experiencia en este campo. Además se presta poca atención al aparato institucional público, levantado con esfuerzo y dedicación por los funcionarios de la llamada Cuarta República, en la que –siguiendo los patrones internacionales– se promovió desde el gobierno la creación de organismos especializados destinados a generar conocimiento y mejores prácticas en la producción de alimentos. El objetivo: incrementar la producción, contando para ello con el esfuerzo de los productores en aquellos rubros que, al tener ventajas competitivas, podrían satisfacer a mediano plazo la demanda interna y, más aún, exportar los excedentes.
De allí los progresos alcanzados, entre otros, en la mejora de los rebaños para incrementar la producción de carne y leche, lo que implicó biología aplicada, inseminación artificial, adaptación de los animales a los distintos entornos naturales; mejora de pastizales, alimentación, y manejo del rebaño, tareas que exigieron, investigación básica y aplicada, tanto pública como privada. Estas actividades conllevaron la asignación de mayores recursos presupuestarios a la investigación y a la formación de recursos humanos calificados, para apoyar el entrenamiento y capacitación de especialistas, en pregrado y posgrado, creando instituciones y –lo más importante– dialogando y conversando con los interesados, a fin de identificar los problemas que impedían las mejoras de producción. Se requería entonces construir la base de conocimiento necesaria para alcanzar su solución, mediante el desarrollo de tecnologías propias y luego su divulgación, contando para ello con los mecanismos de asistencia y cooperación técnica al emprendedor.
Esto permitió que al actuar en forma coordinada: productores, investigadores y organizaciones, en pocos años lograran mejorar sustancialmente la producción de carne, leche, frutas y hortalizas. Se facilitó la expansión de una industria procesadora, la que –al operar en un entorno macroeconómico estable– logró la meta de producir bienes de calidad y a precios razonables. Esto cubrió en buena parte las necesidades del mercado interno, y se recurrió a la importación sólo para cubrir necesidades estacionales.
De este modo se permitió la consolidación de una base productiva especializada en la transformación de insumos locales, resultado de la aplicación de medidas destinadas a fortalecer el aparato productivo nacional y no al productor internacional. Por lo tanto, a corregir. Cada vez nos queda menos tiempo.
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