EDDY REYES T.
El Banco Central de Venezuela (BCV) es una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional y naturaleza única. Es (o mejor dicho, debería ser) un ente autónomo para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia; y además, no está (o mejor dicho, no debería estar) subordinado a las directrices del Poder Ejecutivo. Precisamente por esa naturaleza y característica tan especial, en su ley se le asignan funciones relevantes, entre las cuales está la de acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos (artículo 7, numeral 13 de la ley del BCV). Se trata pues de una función esencial y que es común a muchos bancos centrales del mundo, en especial de los que operan en países democráticos.
Las estadísticas que debe producir y publicar el BCV tienen el mismo valor que el mapa para un geógrafo, la brújula para quien necesite orientación o el GPS para cualquier aviador o conductor de la actualidad. Por tanto, la falta de publicación de tan importante data nos devuelve a épocas pasadas y remotas que no están en sintonía con el mundo de hoy. Algo tan fundamental y básico parece no importarles a las autoridades de dicho organismo, ni al gobierno nacional, lo que es violatorio de la ley.
Por eso, lo que está ocurriendo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es preocupante. El IPC es un indicador estadístico que mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar durante un período determinado. Por excelencia, el IPC –que ha sido elaborado por el BCV desde 1945– es el indicador utilizado en el análisis de la inflación. Su uso, sin embargo, va más allá. Así, entre otras cosas, se le emplea en la actualización de deudas o pagos ordenados en procesos judiciales, en las negociaciones de patronos y obreros para la determinación de los ajustes salariales, en los ajustes futuros de los cánones de arrendamiento, y como deflactor (proceso de trasformar valores monetarios nominales en otros expresados en monedas de poder adquisitivo constante) de las cuentas nacionales y otras estadísticas. Por tanto, la omisión en que incurre el BCV obstaculiza el normal desarrollo de las anteriores y otras muchas operaciones y actividades.
Para muestra un botón. Hace pocos días, un colega abogado me llamó por teléfono para comentarme que había alquilado un local hace varios años y que en el contrato de arrendamiento suscrito se contemplaba que a finales de julio de cada año se haría un ajuste del canon de arrendamiento para los próximos doce meses, de acuerdo con IPC publicados por el BCV en los doce meses precedentes. En vista de la falta de información de los últimos seis meses, las partes involucradas estaban evaluando usar, en la proporción correspondiente, la cifra anualizada dada públicamente por un reconocido economista venezolano. El guarismo en cuestión es cercano al que recientemente pronosticó el Bank of América para este año (172,4%). Mi reacción fue indicarle que ambas partes estarían jugando a la ruleta rusa porque al final una de las dos resultaría perjudicada. Lo que vivimos en el campo económico a partir del mes de enero, es un torbellino devenido en terrible huracán. Cada día, por la falta de toma de decisión del gobierno, la situación empeora más y más; y nada asegura que las políticas de paños calientes que al final se adopten, cambien radicalmente las expectativas y pronósticos. Mi sugerencia fue que acordaran una cifra estimativa, con el compromiso escrito de que al momento en que el BCV se dignare cumplir con su función, se hicieren los reintegros o pagos adicionales, según fuere el caso. Eso aseguraría el equilibrio entre ambas partes.
Más allá de las soluciones puntuales que los abogados y economistas puedan encontrar a cada problema, lo anterior nos es más que una pequeña muestra del deterioro que vive el país en un área muy específica.
Pues bien, como se ha dicho, desde finales del año pasado, el BCV incumple con una de sus funciones básicas y viola flagrantemente su ley. Por tanto, la justificación que el presidente del mencionado organismo ha dado en una reunión con periodistas, en el sentido de que “la inflación no se publica porque hay una inconsistencia metodológica con otra entidad gubernamental que mide la inflación, el Instituto Nacional de Estadística”, no es más que una baladronada.
Si los poderes del Estado realmente fueran independientes y funcionaran, el Directorio en pleno habría sido destituido y este cuento se habría acabado. Pero como estamos en tiempos de revolución (bonita), la violación e incumplimiento se produce como si nada, por el lapso que se les antoje a unos líderes que no lideran. Es por ello que desde esta tribuna no podemos más que limitarnos a llamar al orden a las autoridades del BCV.
@EddyReyesT
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