EDDY REYES
El 6 de julio los venezolanos nos enteramos por la prensa de que Uruguay había cancelado su deuda petrolera de 400 millones de dólares con Venezuela, que fue concretada entre Petróleos de Venezuela, S. A., y Ancap, petrolera estatal uruguaya, y que tiene su origen en ventas de petróleo en condiciones de plazo y a tasas de interés preferenciales lo que implicaba, en la práctica, un gran subsidio a los uruguayos.
Al igual como ocurrió con la deuda petrolera de Puerto Rico, el gobierno de Venezuela convino, a través de Pdvsa, en cobrar únicamente un porcentaje de su acreencia –en esta ocasión 62%–, de manera que en lugar de recibir lo realmente adeudado aceptó percibir “revolucionariamente” 260 millones de dólares. De esta manera que sin estar permitido en nuestras leyes, se le regalan a Uruguay 140 millones de dólares, lo que sumado a los 1.933 millones de dólares que le descontamos a Puerto Rico, hace un gran total de 2.073 millones de dólares malversados.
Una vez más lanzo la pregunta a los responsables de este desaguisado: ¿cuál es la base legal de tan perniciosa operación? En mi artículo “¿Es legal el descuento de deuda que se hizo con República Dominicana?”, publicado en El Nacional digital del 7 de marzo y que puede leerse en http://www.el-nacional.com/opinion/legal-descuento-deuda-Republica-Dominicana_0_587341282.html, que señalaba que “por mucho menos que eso se enjuició y condenó al presidente Carlos Andrés Pérez”, con el aplauso de los que ahora conducen los destinos de nuestro país y las acciones de un prohombre de la izquierda, José Vicente Rangel.
Es indispensable rememorar que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, que entró en vigencia el 7 de abril de 2003, cualquier funcionario público que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de 3 a 10 años y multa de 20% a 60% del valor de los bienes objeto del delito. Así, el o los funcionarios públicos que han aprobado las operaciones de descuento arriba mencionadas han distraído los fondos que se adeudaban a Venezuela para ser cancelados en un plazo mayor y a una tasa de interés predeterminada, al permitir su pago antes de tiempo y con un descuento significativo, lo cual, según la información que manejamos, no fue previsto en los acuerdos de financiamiento respectivos por cuanto configuraban un perjuicio a la República.
Como si no fueran suficientes los beneficios concedidos al país sureño, el presidente Tabaré Vásquez declaró que Venezuela se comprometió también a regalar la guinda del pastel, asumiendo el compromiso de cancelar de inmediato –y sin ningún descuento– la deuda que mantenía nuestro país con exportadores uruguayos (de lácteos y productos avícolas) por 38 millones de dólares. Y como Venezuela está necesitada de comprar productos alimenticios y Uruguay tiene en este momento una buena producción, y dificultades de colocarla en algunos mercados del mundo, el país sureño nos venderá en lo que resta del año 120.000 toneladas de arroz, 44.000 toneladas de leche en polvo, 80.000 toneladas de soja, 9.000 toneladas de pollo y 12.000 toneladas de queso, por 300 millones de dólares, también sin descuento. ¡Golazo de Uruguay!
Estos revolucionarios del mundo bizarro hablan y hablan de “guerra económica” cuando lo realmente cierto es que la inopia del país se debe a sus incongruentes acciones políticas y financieras.
Señor contralor general de la República: tiene usted ahora la palabra.
18 de julio de 2015
@EddyReyesT
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