ELIAS PINO ITURRIETA
La inhabilitación de María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos es un hecho que no debe pasar inadvertido. Es evidente que la decisión no obedece a una misión de la Contraloría sobre el cumplimiento de las normas que obligan a los administradores del destino común. Tampoco al conocimiento que se pueda tener sobre movimientos irregulares de la ciudadana mientras trabajaba como parlamentaria. Si es así, como se desprende de las noticias que circulan en los últimos años ante los ojos de quienes las han querido ver, estamos ante una exhibición de arbitrariedad que conduce a conclusiones espeluznantes en materias relacionadas con la pulcritud y la decencia a la cual acuden los perseguidores para fundamentar su causa. En realidad la pulcritud y la decencia quedan mal ubicadas en el inicio de este inaudito proceder: son aventadas al despeñadero, mientras se persiguen propósitos inconfesables.
¿Cuál es el motivo de la inhabilitación? Al concluir su actividad en la Asamblea Nacional, la ciudadana Machado no entregó la declaración jurada de su patrimonio. Aunque usted no lo crea, desocupado lector, tal es la falta por la cual hoy se le inhabilita por un lapso de doce meses. Pero, atención, mucho cuidado antes de levantar la voz contra el procedimiento: es un paso de apariencia irreprochable. Por lo tanto, nadie puede rasgarse las vestiduras ante su ejecución. Uno de los contenidos de la Ley contra la Corrupción acude a este tipo de sanciones para los detentadores de cargos y oficios públicos que no suministren el testimonio de los haberes materiales en la conclusión de su gestión. La ciudadana no entregó la correspondiente prueba de su fortuna y, en consecuencia, es penada con un ostracismo anual. Un merecido ostracismo anual, si nos atenemos al contenido de la regulación contra los corruptos que merecen el castigo de sus vagabunderías. No es por falta de sustento legal, entonces, que se deba considerar escandalosa la medida.
Pero cuando uno se sale, así sea durante un rato, de los pormenores de este particular caso, descubre un entramado de costura burda. La Ley contra la Corrupción es la más perezosa de las leyes promulgadas por la “revolución bonita”. Los ejecutores de la Ley contra la Corrupción no han destacado por la diligencia en los últimos lustros, sino por la desidia, si nos atenemos a los informes sobre la búsqueda y captura de corruptos que brillan por su ausencia en el ámbito de las diligencias judiciales y en las páginas de la prensa. No se sabe de la compra de nuevos archivos en la Contraloría para la custodia de los centenares de miles de declaraciones juradas de bienes que han suministrado con religiosa puntualidad los ministros y los gobernadores y los diputados y los alcaldes y los concejales rojos-rojitos, preocupados porque un despacho riguroso los va a inhabilitar o los va a mandar a la cárcel. Solo se sabe, aquí y en el extranjero, que no son la pulcritud, ni la virtud, ni la probidad sin tacha, ni la cívica austeridad, ni las manos limpias, las prendas refulgentes de la administración chavista.
María Corina Machado, santa o profana casualidad, ha ventilado en la tribuna pública los incontables casos de corrupción que ya son distintivo esencial del régimen. No ha ahorrado palabras, ni riñones, en su combate contra las injusticias de la “revolución”. No ha ocultado su posición contra las tropelías y las depredaciones del gobierno. Ha pagado caro su conducta, hasta el extremo de sufrir agresiones físicas y de ser defenestrada sin fundamento de una curul que ejercía con dignidad y aún con osadía. En consecuencia, se ha convertido en vocero primordial de la oposición. A nadie le pasa por la cabeza pensar que haya ocultado a postas una declaración de sus bienes para burlarse de la justicia, ni que se le puedan imaginar actitudes ilegales en las funciones que ha desempeñado. Es lícito pensar, en cambio, que el chavismo le propina una zancadilla para evitar que contribuya en el arrollamiento electoral que sufrirán sus candidatos en diciembre y que pretende evitar a toda costa. De allí que estemos ante un episodio que requiere la cuidadosa atención de la ciudadanía.
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