COMUNICADO PÚBLICO

ONG DENUNCIAN QUE DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA CIDH BUSCAN DEBILITAR EL SISTEMA INTERAMERICANO

Caracas, 13 de mayo de 2009. Las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos y de desarrollo agrupadas en las redes “Foro por la Vida”, “SINERGIA” y Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, respectivamente, dirigieron hoy una carta a la actual Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Luz Patricia Mejía rechazando categóricamente las declaraciones emitidas por ella ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre el capítulo IV relativo a Venezuela, contenido en el informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la pertinencia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH).
El Estado venezolano ha venido debilitando sistemáticamente la tutela que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos, al desacatar abiertamente las sentencias y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitir jurisprudencia interna restrictiva de los derechos humanos y del alcance del sistema interamericano en el contexto interno; al no reconocer la procedencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al evitar la realización de una visita in loco reiteradamente solicitada por ésta al Estado venezolano; y al fomentar y desarrollar una campaña permanente de descredito en contra de la CIDH, la CorteIDH, los abogados y organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos usuarias del sistema interamericano[1].
El propio presidente de la República ha formado parte de esta campaña, cuando el pasado 9 de mayo calificó de inmoral la conducta de los miembros de la CIDH, debido a la información que incluyen en el Informe Anual sobre los casos de violación a los derechos humanos ocurridos en el país.
En este contexto se realizaron las declaraciones de la Comisionada Mejía, durante una entrevista ofrecida a la cadena internacional estatal Telesur, en las que emite opiniones no apropiadas a una experta independiente en materia del sistema internacional de derechos humanos, sumándose a la campaña de descalificación contra el organismo promovido por el gobierno venezolano.
Las ONG firmantes lamentan profundamente que la actual Presidente de la Comisión Interamericana se sume a esta política del Estado venezolano y descalifique abiertamente el trabajo de la Comisión Interamericana, cuestionando por ejemplo “la transparencia de los mecanismos para tomar decisiones en el seno de la Comisión”. Asimismo, ha señalado que “el uso de los medios de comunicación como fuente principal y directa para levantar el diagnóstico general de la situación de derechos humanos en Venezuela, obliga a que haya una clara inclinación hacia dónde terminan siendo no sólo el diagnóstico sino la evaluación y las recomendaciones que se realizan”[2]. Ha señalado además que este informe tiene una “visión política que lejos de proteger y de garantizar los derechos del pueblo venezolano, garantizan que sea un informe para que se instrumentalice políticamente lo que allí se dice”. En afirmaciones adicionales de la hoy Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “la práctica de la Comisión es utilizar en el caso de Venezuela en mayor medida información de organizaciones no gubernamentales que también tienen una clara tendencia política y medios de comunicación que han participado de manera directa como señalé anteriormente en la coyuntura política venezolana”, señalamientos que inequívocamente apoyan los graves ataques que han recibido sistemáticamente los y las defensoras de derechos humanos venezolanas por utilizar los mecanismos previstos en la Convención Americana, colocándoles en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.
La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la “información que sale sobre Venezuela sale a través de medios de comunicación que tienen de alguna manera homogeneizada el análisis respecto de Venezuela y esas son las cifras y fuentes que más se utilizan. No hay relación realmente con otras fuentes, no hay pluralidad y no se debate en el seno de la Comisión la posibilidad o los mecanismos para que se abra la Comisión a otras fuentes diferentes”. La representante de la CIDH olvida que el Gobierno venezolano ha negado reiteradamente las peticiones de información pública realizadas por la propia Comisión y ha evitado la realización de una visita al país por parte de sus integrantes para ratificar las denuncias, las cuales hubieran permitido el diálogo tanto con funcionarios públicos como con diferentes actores sociales del país.
También es preocupante, por su nacionalidad venezolana, la clara intromisión de la abogada Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los asuntos que este órgano está llevando sobre Venezuela, dado que el artículo 17 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los miembros de la CIDH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de los casos o análisis de las situaciones de sus países. Esta actitud crea un nefasto precedente que debilita el accionar de la Comisión, dado que la práctica ha sido que los y las Comisionados (as) se abstienen de tomar posición pública sobre los asuntos que corresponden al país del cual son nacionales, como un gesto mínimo de independencia e imparcialidad.
Asimismo, las ONG venezolanas alertan a sus colegas de América Latina y a todos aquellos que han contribuido al fortalecimiento del sistema interamericano y que siguen apostando por este objetivo, a dar seguimiento a los señalamientos formulados por la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “la necesidad de evaluar la pertinencia y las dinámicas del sistema en general y específicamente en países como Honduras”. Según, la Dra. Luz Patricia Mejía, “el planteamiento que hace el presidente de la República de Venezuela, que hacen los representantes de Cuba y que no sólo son ellos, lo han hecho también los representantes de Bolivia, Ecuador, de Colombia e incluso de Guatemala, con respecto a la transparencia, obliga necesariamente a que en este momento, en esta próxima Asamblea General que se va a dar ahorita próximamente en junio en Honduras, se haga un análisis profundo sobre la pertinencia del sistema. Yo creo que es un momento donde se debe abordar el tema. Nosotros vamos a proponer desde la presidencia de la Comisión, la necesidad de revisar profundamente no solo la pertinencia del sistema sino las dinámicas propias del sistema”.
El sistema interamericano se puede fortalecer aun más y las organizaciones han venido expresando reiteradamente a los Estados miembros las preocupaciones genuinas que presentan al respecto. Pero sería inaceptable que se abra una discusión hoy día sobre la “pertinencia” o no del sistema. Un sistema que con sus fortalezas y sus debilidades ha salvado numerosas vidas en el hemisferio y que ha desarrollado una importante jurisprudencia y doctrina que amplía la protección de los derechos humanos de las numerosas víctimas en el hemisferio. Cualquier cambio que se presente para el sistema interamericano debe estar regido por el principio y la obligación de progresividad contenidos tanto en la Convención Americana como en la legislación interna y los mismos deben dirigirse a hacer más eficientes y más expeditos los mecanismos del sistema interamericano desde la perspectiva de las víctimas.
Cualquier debate para reformar el SIDH debe incorporar a las organizaciones de la sociedad civil y enfocarse en perfeccionarlo para asegurar el acceso a la justicia por parte de las víctimas y su tutela efectiva, así como el impulso de reformas estructurales en los Estados Partes que aseguren la vigencia de los derechos humanos y la no repetición de las violaciones denunciadas. En este sentido es importante recordar que los derechos humanos son un elemento esencial de la democracia[3] y que los Estados miembros de la OEA han manifestado inequívocamente su decisión de fortalecer su protección internacional a través del sistema interamericano[4].
Así mismo, las ONG firmantes manifiestan preocupación por el “Acuerdo en rechazo al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, sobre la República Bolivariana de Venezuela” el cual en concordancia con las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional y la Presidente de la CIDH, expresó en sus considerandos que la CIDH se ha “convertido en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales”; y en su primera disposición acordó rechazar el referido informe sobre Venezuela, por considerar que las afirmaciones contra la República Bolivariana de Venezuela contenidas en dicho informe “son injerencistas, falsas y dirigidas a alentar campañas para desprestigiar políticamente a nuestro Gobierno y a nuestras instituciones democráticas.”
Las ONG consideran que este Acuerdo de la Asamblea Nacional configura un abierto desacato al derecho internacional y a las obligaciones internacionales del Estado venezolano asumidas libremente bajo la Convención Americana, y con ello pretenden erosionar el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Firman las siguientes ONG de derechos humanos:
Provea, COFAVIC, ACCSI, Caritas Los Teques, Caritas Venezuela, Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Centro de DDHH /UCAB, Servicio Jesuita para Refugiados Caracas, Servicio Jesuita para Refugiados LAC Regional, Espacio Público, Secorve, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres.

[1] Por ejemplo Cfr: la decisión 1939 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida el 18 de diciembre de 2008 mediante la cual declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y Otros (Corte Primera de lo Contenciosos Administrativo) vs. Venezuela en la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela señaló que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión”
[2] Declaraciones dadas por Luz Patricia Mejías al Programa en Vivo, transmitido el 11 de mayo de 2009 por la cadena internacional TELESUR.
[3] Artículo 3, Carta Democrática Interamericana.
[4] Artículo 8, Carta Democrática Interamericana.