RUMBO FRANCO AL COLAPSO DE LA ECONOMÍA
La demencia ideológica, unida a la ignorancia y la mediocridad, cuando caracterizan a un gobierno, tendrá, con seguridad, consecuencias sociales y económicas demoledoras para los ciudadanos, las empresas y las instituciones de un país. La experiencia histórica lo enseña de manera reiterada y dramática.
Basta revisar los resultados desastrosos de los distintos modelos de estatismo que en el mundo han sido implantados, tanto los inspirados en ideologías totalitarias como los moderados, para no querer repetirlos.
Sin embargo, y a pesar de aquella experiencia concluyente, estamos presenciando en Venezuela uno de los procesos más regresivos en materia económica y política de que se tenga noticia en las últimas décadas, todo dentro de un marco de altos ingresos petroleros.
Pareciera que todos los avances logrados por la reflexión de la ciencia económica internacional y nacional no tuvieran importancia alguna para el gobierno venezolano a la hora de diseñar políticas y normas jurídicas.
Los gobernantes venezolanos lucen como zombis surgidos de las catacumbas de un marxismo anacrónico y fracasado, que probó ser una gran estafa política y un infierno social.
El paquete de leyes que acaba de ser aprobado entre gallos y media noche, sin consultar a los distintos sectores afectados, como lo manda la Constitución Nacional, es el mejor ejemplo para ilustrar la demencia de la que estamos hablando.
Un examen somero de aquellas disposiciones que regulan ciertas actividades económicas, más las que ya están vigentes, conduce a una funesta conclusión: la economía va hacia un desastre a corto y/o mediano plazo. Y, de paso, las instituciones estatales a cuya cabeza está la flor y la nata de la mediocridad y la estulticia, también.
Estamos conscientes de que en el ámbito económico se está en mora con algunas regulaciones importantes. Pero éstas deben apuntar a su modernización, teniendo siempre presente que son reglas, fundamentalmente, para el estímulo de la actividad productiva privada, la promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, la creación de nuevos fuentes de empleo y para la protección de la competencia y de los consumidores.
Las erradas políticas económicas, las estatizaciones, el colectivismo y las leyes recientemente aprobadas generarán distorsiones económicas serias, desincentivarán y expulsarán las inversiones nuevas y viejas, fomentarán la corrupción, aumentarán el desabastecimiento de productos y dispararán la inflación, lo que traerá como consecuencia una alta conflictividad social, que ya está en ascenso.
Estoy convencido de que la estructura estatal quebrantada y caótica que tenemos no podrá lidiar con los desafíos que las circunstancias demandan. Los funcionarios que la dirigen ni siquiera son capaces de aplicar las leyes disparatadas que producen. El proceso de des-institucionalización y deterioro de la calidad de la gerencia pública que ha propiciado el gobierno nacional será cuchillo para su propio pescuezo.
No obstante, el daño económico que causará a los ciudadanos, sobre todo los más pobres, y a las empresas, será irreparable.
A los demócratas no nos queda otra que luchar sin pausa por lograr espacios de poder en la sociedad y en las instituciones políticas. Sólo triunfos sostenidos en estos campos nos permitirán ir haciendo contrapeso al autoritarismo militarista que pretende acorralarnos en una economía dependiente del Estado, sin libertades y en una sociedad en que los venezolanos seamos anulados en nuestra individualidad.
Es imperativo político y moral derrotar, con la movilización ciudadana y el voto, estas pretensiones perversas de imponer por medio de artificios legales ilegítimos unas propuestas políticas y económicas que fueron repudiadas por la mayoría del país en diciembre pasado.
Miembro del Grupo La Colina
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