Grupo La Colina

La corrupción y la lucha por la democracia

Victor Rodríguez Cedeño

El Nacional

Los supuestos actos de corrupción hechos públicos los últimos días, atribuidos a parlamentarios opositores, afecta la lucha por la democracia y cuestiona el liderazgo emergente. Una vez más, lamentablemente, esta práctica abominable para hacer dinero fácil y escalar posiciones se hizo presente en la dirigencia política que intenta abrir el camino hacia la transición y la recuperación de la libertad, una generación, como dice muy acertadamente Werner Corrales, “de la que esperábamos ver una forma distinta de hacer política, en la cual tendrían lugares especiales la transparencia en la gestión, el destierro del sectarismo y del reparto de cargos por razones solamente partidistas, el predominio de la acción estratégica frente a la improvisación y el marketing electoral y la desaparición de la corrupción”.

Tal como se señala en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de 1996, cuyo proyecto fue considerado por la OEA poco después de la Cumbre de las Américas de 1994, con base en una propuesta del gobierno democrático de Venezuela, elaborada por una Cancillería de altura dirigida por Miguel Ángel Burelli Rivas y en la que participaron Sebastián Alegrett, Gonzalo Parra Aranguren y Milagros Betancourt Catalá: “La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Se agrega en este instrumento regional que “la democracia representativa (…) exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

La lucha contra la corrupción y su definitiva erradicación es una responsabilidad de todos, tanto dentro del país -y más en estos momentos, en el que no caben complicidades de ningún tipo- como en el ámbito internacional. Se exige la mayor cooperación para lograr prevenir, detectar, sancionar y erradicar estos actos que ponen en peligro el proceso de recuperación de la democracia en el cual estamos empeñados todos.

Sean quienes fueren y actúen como autores, cómplices, encubridores o de cualquier manera, los responsables de estos actos, absolutamente injustificados, deben ser castigados. Estamos ante el mal uso y el aprovechamiento de recursos públicos independientemente de que provengan del Estado o de algún Estado o siempre en forma lícita de cualquier entidad no gubernamental, entregados a personas con fines determinados sean o no funcionarios del Estado pero que actúan en nombre de este o en relación con este.

Los venezolanos apostamos a un cambio político, económico y social en el más corto plazo, para detener el desastre del chavismo, pero sobre todo un cambio moral en el ejercicio de la función pública. Todos esperamos superar este vergonzoso período de corrupción absoluta, libre, tolerada y promovida desde las más altas esferas del poder, para llegar a un sistema político en el que prevalezcan los principios y los valores.

Las acusaciones o señalamientos en contra de algunos diputados opositores son sumamente graves. Habrá que esperar para saber si son o no responsables y en qué medida, pero lo cierto es que esta situación aprovechada por el grupo de delincuentes que ha secuestrado el país, ha tenido un impacto desastroso en la lucha por la democracia, en la confianza que se ha brindado a dirigentes políticos de las nuevas generaciones para salir adelante y construir un futuro mejor, en libertad y en democracia.

Las investigaciones deben hacerse cuanto antes y a fondo, de manera independiente, dejando de lado los acuerdos y los intereses político-partidistas y castigar a quienes sean responsables de estos actos por haber participado o actuado (acción) en contra de los intereses de los venezolanos o por haber tolerado (omisión) tales actos, constituyéndose en cómplice o encubridor. Los responsables deben ser castigados penalmente; pero, además, deberán ser inhabilitados de por vida para ejercer cualquier actividad pública.

No se puede guardar silencio ante estos deplorables actos. Es mejor una pausa a tiempo y la recuperación interna y recomposición del liderazgo político que dar paso a quienes, más que por la democracia y la libertad, estarían luchando por intereses personales.