Referéndum Revocatorio: ¿Cara o sello?
BENIGNO ALARCÓN
El referéndum revocatorio, tal como está planteado al día de hoy, depende más de su conversión en una movilización con incidencia, que del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para el referéndum revocatorio demuestran, una vez más, que el país no cuenta hoy con un poder electoral independiente e imparcial capaz de asumir las funciones de árbitro electoral que toda democracia necesita como requisito esencial de su propia existencia. Siendo la participación electoral el mecanismo institucional por excelencia para el arbitraje de las diferencias políticas en democracia, el debilitamiento de la institución electoral no implica la desaparición de los conflictos políticos sino, por el contrario, su agravamiento, ya que el descenso de su legitimidad implica el peligro de un potencial desconocimiento de sus decisiones con el consecuente escalamiento de los conflictos no resueltos, que tal como sucede con el agua cuando se acumula, buscará cualquier grieta en el sistema para su liberación o terminará haciendo las paredes que lo contienen.
Es así como, en las recientes decisiones, hemos encontrado una muestra contundente de contradicciones entre lo que hasta ahora se ha cacareado como los grandes avances del CNE y las verdades tras el discurso. El CNE, lejos de facilitar y garantizar el derecho a la participación política, niega tal derecho consagrado en la Constitución vigente al imponer condiciones supra-constitucionales para la celebración del referéndum revocatorio, tal como fue la exigencia del 1% inicial y ahora la pretensión de colocar al 20% de las manifestaciones de voluntad la condición adicional de su distribución regional. Es obvio para todos, que ni la Constitución ni norma alguna exigen ni permiten tal interpretación, así como tampoco se exige que para la elección de un presidente se deba obtener la mayoría en cada estado del país, con lo que ningún presidente de los hasta ahora electos habría ganado una elección en Venezuela. La intención de tal condición es evidentemente obstruccionista de un derecho reconocido y protegido constitucionalmente sobre lo cual, hasta ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha guardado absoluto silencio.
Con tales decisiones el CNE busca inclinar la ruta al revocatorio de manera tal de hacer casi imposible su materialización, sin negar de manera directa el ejercicio del derecho constitucional a la participación política, con lo se coloca a la oposición en el dilema entre aceptar o no el desafío bajo condiciones desfavorables, mientras se afirma que el derecho a revocar no se ha negado y el proceso sigue por la ruta y bajo los términos impuestos por el organismo electoral para tratar de impedir su celebración, al menos durante este año.
Mientras tanto, la oposición parece haber sorteado bastante bien la trampa puesta para provocar su división ante el dilema entre asistir o no al referéndum revocatorio, en el entendimiento de que esta partida se juega con las cartas que tocan, y no con las que se quisieran, lo que les deja al menos con alguna probabilidad de ganar, o no se juega y se pierde todo. Toca ahora a la oposición hacer comprender a los electores la lógica detrás de esta controvertida decisión.
Evidentemente, tomada esta decisión, no quedan superados todos los obstáculos ni mucho menos. Aceptar el desafío no implica que pueda ganarse, sino que se está dispuesto a hacer el mejor esfuerzo posible, y considerando que los rusos también juegan.
Y aunque todos estaríamos de acuerdo en que las estrategias no se discuten públicamente, las alternativas son tan limitadas como lanzar una moneda al aire, por lo que no hablar de ellas no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista estratégico ya que el gobierno sabe bien que la oposición solo puede escoger entre las dos caras del revocatorio: el trámite administrativo o la acción política, o sea cara o sello.
Jugar cara implicaría centrar todo el esfuerzo en el acto administrativo, maliciosamente regulado por el CNE para que la oposición trate de completar el 20% de expresiones de voluntad en cada estado, lo cual es matemáticamente poco probable con el número de máquinas impuestas y con una distribución de centros, de la que posiblemente hoy tendremos noticias, que buscará alejarlos de los electores de oposición.
Jugar sello implicaría centrar el esfuerzo en el acto político de evidenciar la voluntad de la mayoría, haciendo que los días 26, 27 y 28 se centren en la movilización evidente e innegable de mucho más del 20% de los venezolanos para exigir un cambio político, millones de personas que copen los centros de votación exigiendo el ejercicio de su derecho, así como la implementación de mecanismos paralelos de registro que permitan demostrar cuantos electores avalan la revocatoria, independientemente de cuantos logren superar el embudo administrativo impuesto por el CNE, para cerrar con una gran movilización, concentrada en un solo lugar y a una misma hora. Nada de protestas difusas en pequeños grupos por todo el país que solo facilitan la represión y la violencia. Una gran concentración pacífica e inamovible que al concentrarse en un solo lugar le dé seguridad a la gente y tienda a masificarse en la medida que las horas pasan y no se tiene respuesta. Una concentración cuyo objetivo no puede ser otro que el de exigir un pronunciamiento inmediato sobre los resultados y la fecha definitiva del revocatorio, considerando que la recolección de voluntades se hace de manera automatizada, tal como se hace con una elección.
En mi opinión, solo una jugada que haga uso inteligente de la movilización pacífica, que sea capaz de masificarse, será capaz de colocar al actual gobierno ante un dilema represivo que terminará de inclinar la cancha a favor de la mayoría del país. Y Usted, ¿qué jugaría? ¿Cara o sello?
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