MARTA DE LA VEGA
El R2P, el 187n° 11, el TIAR o los Cascos Azules de
la ONU no son factibles si los gobiernos aliados de los países democráticos del
mundo en contra de la tiranía usurpadora de Maduro y la camarilla militar civil
que lo sostiene y protege, dirigidos en primer plano por la dictadura cubana,
con Rusia, China e Irán en el trasfondo, han afirmado varias veces que no están
de acuerdo con el uso de la fuerza ni pueden respaldar una incursión militar.
¿Hay
crímenes de lesa humanidad? Sí. ¿Hay un genocidio silencioso e indirecto en
Venezuela, sobre todo desde 2013? Sí. Son 2 de las causales para aplicar el
principio de la “Responsabilidad de Proteger” en su modalidad de medida de
último recurso, al actuar en el país violador, siguiendo el compromiso político
global que fue adoptado por todos los Estados miembros de la ONU en la Cumbre
Mundial de 2005. No obstante, una intervención armada constitucional o un
desembarco por razones humanitarias en costas venezolanas tampoco están en la
agenda ni de la Unión Europea, ni del grupo de Lima, ni del gobierno actual de
los Estados Unidos.
Todos
los que impulsamos la lucha por la democracia, la decencia, el respeto a los
otros y el cumplimiento estricto de las
normas que garanticen la civilidad y la convivencia pacífica en Venezuela, nos
preguntamos hoy cómo es posible que el sátrapa enquistado en Miraflores o en
Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, se mantenga aún en el poder. Aunque haya
militares institucionalistas y apegados a la Constitución, la cúpula de las
fuerzas armadas es la que tiene el dominio del país.
En
todos los niveles, sea por miedo, sea por horror a la delación de sus propios
compañeros, o por las torturas indescriptibles de las que han sido víctimas los
sospechosos de disidencia o de insubordinación, sea por la relajación de sus
conductas institucionales, sea por degradación de sus principios y valores, en
los que ya el honor no se divisa, las fuerzas militares o policíacas sustentan
la dictadura madurista. O callan de manera cómplice ante los desafueros y
abusos atroces cometidos por los integrantes de los organismos de seguridad y
contrainteligencia del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas de
Acciones Especiales, que son escuadrones de exterminio para aterrorizar y
asesinar a ciudadanos inermes.
Sus
motivaciones no provienen de razones ideológicas ni es por respeto a la
Constitución venezolana vigente, pisoteada despiadadamente desde hace muchos
años para aferrarse al poder a cualquier costo. Se ha construido un entramado
denso y oscuro de corrupción generalizada que se extiende desde el general de
más alto rango hasta el soldado raso y contamina todas las estructuras del
Estado, hoy refugio de una banda de hampones que controlan las instituciones de
la república, la explotación criminal del Arco Minero, el narcotráfico con
pingües ganancias, el contrabando de gasolina y ahora la “custodia” de las
bombas surtidoras de combustible.
En
este sentido, la posibilidad de un “quiebre” militar ha resultado ser una
táctica fallida en la visión estratégica por parte de la dirigencia democrática.
Causas muy poderosas como las que acabamos de enumerar frenan una acción de las
fuerzas armadas, pese a los conatos de rebelión, para acatar la Constitución siguiendo
su artículo 328 y contribuir a restaurar el Estado de Derecho.
En
Venezuela ha habido históricamente una mentalidad de privilegio y supremacía
militaristas a pesar de que la Constitución subordina el poder militar al poder
civil. También cierto menosprecio de aquellos hacia estos últimos. Los códigos
de los militares resultan enigmáticos para el mundo civil. No han podido ser
descifrados por la dirigencia democrática para trazar un camino efectivo de
acercamiento hacia el cuerpo armado. Estos sienten desconfianza hacia los
civiles como alternativa real de poder. ¿Qué hacer entonces?
El
engranaje entre los problemas de la gente y sus protestas y un gobierno de
emergencia nacional es indispensable para impulsar el cambio político. Su
antecedente más importante fue el pliego de conflictos elaborado por múltiples organizaciones de la sociedad
civil y partidos políticos, entregado en la concentración del 10 de marzo
pasado al presidente interino de la república, Juan Guaidó. El Plan País marca
una dirección experta y seria para
resolver la multicrisis nacional.
Otro
hecho clave es la firma que acaba de ocurrir para asegurar sin obstáculos el
ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela entre la OPS (Organización
Panamericana de la Salud) con un representante del gobierno interino y el
ministro de salud del régimen de Maduro. Se trata del segundo componente de la
propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional,
denominado “Plan José María Vargas”, a fin de enfrentar la pandemia del
covid-19 y darle apoyo a todos los sectores médicos y sanitarios del país.
No es un acuerdo político como se pretende
hacer ver sino, por un lado, un reconocimiento al gobierno legítimo de Juan
Guaidó y por el otro, un esfuerzo técnico multinacional para evitar de nuevo la
tragedia del 23 de febrero pasado al impedir brutalmente la entrega en
territorio venezolano de la ayuda humanitaria y al ser destruida buena parte de
ella. Fueron necesarias conversaciones por más de 6 meses entre las partes, con
la mayor discreción, para que el régimen cediera, consciente de que no podía
resolver la crisis hospitalaria y de salud que él mismo ha creado, no de ahora
sino desde el gobierno anterior, con las
características de abandono, negligencia, incompetencia comprobada y corrupción
en su gestión pública.
Es
decisivo comunicar ya a la ciudadanía todos los aspectos del contenido de la
propuesta de los negociadores democráticos en Oslo y Barbados, que muchísima
gente no conoce. De los 6 puntos discutidos en la construcción de una agenda que
exigió muchos meses y discusiones, sin encontrarse los representantes del
gobierno legítimo con los del otro grupo,
se establecieron las bases de negociación, mediada por el reino de
Noruega. Después se produjo el encuentro presencial. Los 6 puntos constaban cada uno de 6 u 8 sub-puntos para
discusión, en total, 57 puntos. De estos, fue alcanzado un acuerdo de casi el
90% de los puntos tratados. Uno de sus resultados fue la conformación del
Consejo de Estado. Los emisarios de
Maduro se levantaron abruptamente de la mesa, en agosto de 2019.
Surge luego
una nueva propuesta del campo democrático, basada en las anteriores
negociaciones, de un “gobierno de emergencia nacional”. La importancia mayor
del gobierno de emergencia nacional es que facilita un “puente de plata” a los
chavistas, militares y civiles, sin excluir a los distintos actores de la
oposición. Maduro no podrá seguir en la presidencia, por los sólidos motivos
que conocemos. También se apartará el presidente interino constitucional, Juan Guaidó, para dar paso a un Consejo de
Estado de 7 integrantes, 3 del régimen y
3 del campo democrático, mas 1 escogido por ambas partes, que ejerza funciones
de poder ejecutivo hasta que haya elecciones libres y justas para la
presidencia de la república.
Las
modificaciones presentadas por el gobierno estadounidense agregan una serie de
garantías para los militares, la permanencia del alto mando actual hasta las
elecciones presidenciales, la suspensión de las sanciones y la escogencia de Maduro y sus acompañantes de quedarse en el
país o salir al que ellos deseen sin que se les persiga o extradite. Esta
condición es necesaria pero no suficiente para que cese la usurpación y comience
una transición incluyente de todos los sectores políticos y sociales del país a
fin de emprender su reconstrucción.
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