CARLOS CANACHE MATA
Me entero por un
reciente artículo-prólogo de Fernando Luis Egaña que ha aparecido una nueva
edición del libro “Caldera y Betancourt, constructores de la democracia”, cuyo
autor, Gehard Cartay, incorpora una apostilla al texto original “para
precisamente hacer una sucinta evaluación de los tiempos posteriores a 1987”,
año de su publicación. En él se analizan los sucesos que siguieron a la muerte
de Juan Vicente Gómez, los diez años de “democracia balbuciente” de los
gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, el movimiento revolucionario
del 18 de octubre de 1945, la década militar que feneció el 23 de enero de
1958, el Pacto de Punto Fijo, el
gobierno constitucional de Betancourt, el gobierno de Leoni, el primer mandato
de Caldera. Para Cartay, como lo dice el título de su libro, Caldera y
Betancourt son “los constructores” de la democracia venezolana, ahora en vilo
bajo el chavo-madurismo.
Egaña glosa las semejanzas y las diferencias
que Cartay nos cuenta hubo entre
Betancourt y Caldera.
Entre
las semejanzas se menciona que fueron caudillos políticos civiles, que creyeron
que la democracia exigía la existencia de los partidos políticos, y que el tema
social ocupaba lugar eminente en sus propuestas, primacía que “surge de la
propia realidad que vivía Venezuela, cuando las libertades públicas empiezan a
permitir que el país se vea en el espejo
de una miseria generalizada, de un atraso educativo pasmoso y de una situación
de insalubridad pública de proporciones trágicas”. Betancourt y Caldera alzaron
conjuntamente las banderas del movimiento revolucionario del 18 de octubre de
1945. En su libro (primera edición, página 91), Cartay, al juzgar la Revolución de Octubre, asienta:
“Objetivamente analizada, cualquiera sea la posición ideológica desde la cual
se la estudie, la insurgencia de 1945 es un hecho de innegables alcances
históricos en la Venezuela contemporánea. Parte en dos la historia del presente
siglo, al menos hasta ahora, por lo que respecta a nuestra democracia política,
su sistema electoral y sus actuales organizaciones partidistas”. Caldera acepta
el cargo de Procurador General de la Nación, lo que justifica, entre otras
razones, “porque como elemento de las nuevas generaciones, consideraba
intolerable aquel estado de farsa en que se burlaba, nombrándola a cada
instante, la voluntad nacional”.
Las diferencias entre Betancourt y Caldera
fueron muchas, tanto de carácter ideológico, como en la acción política. Al
caer la dictadura de Pérez Jiménez, se hicieron esfuerzos para lograr un
candidato de unidad de las fuerzas democráticas para la elección presidencial
de diciembre de 1958, y, como eso no se logró, los partidos AD, COPEI y URD
firmaron el Pacto de Punto Fijo, en el que se establece que “si
bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una
mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del
Estado de Derecho entre nosotros, imponen convertir la unidad popular defensiva
en un Gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los
factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero”. Copei
cumplió con el Pacto y permaneció en el Gobierno del presidente Betancourt
hasta el último día de su mandato, lo
que fue reconocido por éste en los siguientes términos: “Y quiero aquí
públicamente decir, ahora que estoy en vísperas de salir de Miraflores, que los
hombres de Copei merecen el respeto de este país, porque son leales a la
palabra empeñada y al compromiso adquirido”.
Hubo un episodio, el encarcelamiento de los
parlamentarios del PCV y del MIR, partidos patrocinadores de las guerrillas y
la lucha armada contra el Gobierno democrático, que estuvo a punto de crear una
crisis entre Betancourt y Caldera, narrada en su libro (páginas 272-278) por
Cartay . En relación a ese asunto, puedo recordar que en 1981, cuando se
esperaba en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo la llegada del féretro de
Betancourt, que había sido velado en la Casa de AD en El Paraíso, Rafael
Caldera me dijo que efectivamente en una ocasión había manifestado a Betancourt que retiraría a Copei del Gobierno
si se ejecutaba aquella medida (en su conferencia ‘La Parábola Vital de Rómulo
Betancourt’, pronunciada el 19 de mayo de 1988, Caldera lo precisa: “Y en una
ocasión tuvimos una discrepancia sobre una situación de procedimiento por la
angustia en que él se encontraba ante la situación de Venezuela en el año de 1962. En aquella ocasión me
dijo: ‘estoy dispuesto a hacerlo aunque Copei no me acompañe’, y me vi en el
caso de manifestarle, con todo sentimiento, que no podíamos acompañarlo porque
ello le quitaría fundamentación al mismo
apoyo que le estábamos dando…Betancourt, que era un hombre impetuoso, firme en
sus decisiones, pero inteligente y capaz de reflexionar sobre la situación, en
aquel momento nos dio la razón”), pero que cuando ocurrió el asalto al tren de
El Encanto (28 de septiembre de 1963) y el presidente Betancourt, desde Puerto
Hierro, en Guayana, ordena, sin consultar ni a AD ni a Copei, que se le abriera
juicio militar a los parlamentarios de aquellos partidos y en consecuencia fueran detenidos, no hizo
ninguna objeción dado el terrible impacto que el atentado causó en la opinión
pública. Cartay se refiere al grave suceso: “En septiembre de 1963, poco meses
antes de las elecciones presidenciales, otro conato deja saldo de muertos y
heridos. Se trata del asalto al tren de El Encanto, hecho que conmovió a la
opinión pública, pues entre las víctimas, además, figuraron mujeres y niños.
Betancourt ordena mano dura contra los dirigentes del PCV y el MIR, e instruye
juicio mlitar contra los parlamentarios, los cuales son detenidos
inmediatamente” (página 252 del libro de
Cartay), y agrega, en nota a pie de página: “El Gobierno alega que han cometido
delitos militares, los cuales deben ser apreciados por la jurisdicción
especial. Por tanto, no se solicita el antejuicio por ante la Corte Suprema de
Justicia ni tampoco el allanamiento ante la Cámara respectiva”.
Por
cierto, en 1968 un Tribunal Militar le dictó auto de detención al Senador
Capriles por publicar en uno de los periódicos
de su Cadena un informe secreto de las Fuerzas Armadas, lo que motivó que se
abriera un debate sobre la inmunidad parlamentaria en el Senado y en la Cámara
de Diputados. Cuenta Ramón J. Velásquez (Venezuela Moderna, Fundación Eugenio
Mendoza, Caracas, 1976, página 333) lo siguiente: “Los parlamentarios de Acción
Democrática y de Copei afirmaron que todo delito que no sea político o común
está fuera de lo acordado por la Constitución sobre inmunidad parlamentaria y
se refirieron en el curso del debate a lo afirmado por el Presidente Caldera de
que ‘el juez militar en este caso no ha hecho sino aplicar una jurisprudencia ya establecida
con anterioridad’. Se refería el Presidente Caldera al precedente de 1963, en
que los parlamentarios de izquierda fueron detenidos sin intervención de la Corte Suprema y sin que precediera el
allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva”. La tesis del delito
militar, excluido constitucionalmente entonces de la protección de la inmunidad
parlamentaria, fue respaldada por calificados juristas del país.
Los grandes estadistas responden a las
exigencias de su tiempo y de su circunstancia histórica. Betancourt y Caldera
lo demostraron en el ejercicio de sus gobiernos democráticos.
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