CARLOS CANACHE MATA
Una de las
acepciones que el DRAE (Diccionario de
la Real Academia Española) da del vocablo “apocalítptico, ca” es la siguiente:
“Terrorífico, espantoso. Dícese de lo que amenaza o implica exterminio o
devastación”. Esa definición contiene las palabras que calzan exactamente para
describir la situación que atravesamos los venezolanos desde el pasado día 7 de
marzo, cuando estalló el megaapagón eléctrico, con sus dramáticas repercusiones
o consecuencas en los otros servicios públicos. Y para burla de todos nosotros,
la dictadura, que azota a esta tierra que en un tiempo fue “tierra de gracia”,
sigue insistendo en que la falta del fluído eléctrico es obra de un sabotaje
del “imperialismo y sus lacayos crriollos”, que ahora (25 de marzo) han
utilizado un francotirador para disparar con un fusil de larga distancia contra
una línea de transmisión y sus subestaciones. Y para que no nos hagamos
ilusiones de que la secuencia de apagones nacionales cesará pronto, sino que
continuará el ascenso al calvario, “el usurpador”, es innecesario decir que me
refiero a Nicolás Maduro, declaró el pasado domingo 31 de marzo que “he
aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga”,
como llama al racionamiento de la electricidad.
La catástrofe eléctrica, que la dictadura
pretende explicar y justiticar con torrentes de mentiras, desde hace más de
diez años la habían advertido varios expertos en la materia, y que se causaría
fundamentalmente por “la escasa inversión en la infraestructura y un completo
descuido de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo”. Se oculta
que no se pudo ni se puede cubrir con generación térmica el faltante de la
generación hidroeléctrica porque, como lo señaló Aviem (Asociación Venezolana
de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines), “la generación
termoeléctrica está en el suelo, de los 16.000 megavatios instalados se dispne
de 2.500 megavatios”, y, en consecuencia, “no hay complementariedad entre la
generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica”. La verdad es ésta y
no otra.
El caos eléctrico ha agravado el lamentable
estado de otros servicios públicos: desabastecimiento de agua, de gas natural,
colapso del metro y del transporte
público en general, interrupciones del sistema educativo, riesgos en el
funcionamiento de los hospitales y de las clínicas privadas, etc. Aún se
desconoce el alcance de los daños materiales (impacto en el desarrollo
industrial y en la actividad comercial, pérdida de electrodomésticos,
conservación de alimentos y medicamentos, etc), y, lo que es más importante,
habrá que precisar cuántas víctimas letales hubo por suspensión de las diálisis
renales y por truncarse intervenciones quirúrgicas en plena ejecución. Estos
muertos también forman parte del ya voluminoso prontuario de la dictadura.
Las calles de Caracas y del interior del
país han sido escenarios de manifestaciones populares protestando contra las
grandes fallas o la supresión de los servicios públicos, especialmente del
agua, puesto que ésta es insustituible, a diferencia de la ausencia de la luz
que parcialmente puede paliarse con el uso de velas y linternas. Como a la
dictadura le gusta golpear en la cicatriz, ha reprimido brutalmente esas manifestaciones
valiéndose de las fuerzas de seguridad pública y de los llamados “colectivos
armados”, grupos paramilitares que actúan al alimón con la Fuerza Armada
Nacional.
Tenemos un Estado fallido y criminal.
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