TRINO MARQUEZ
El
reciente trabajo del periodista Orlando Avendaño en el portal PanamPost, acerca
de los supuestos manejos dolosos en los que se habría incurrido con recursos
destinados a la ayuda humanitaria recaudada en el concierto de Cúcuta, desató
una pequeña tormenta. El gobierno de Nicolás Maduro habló de corrupción y
señaló a Juan Guaidó y a Voluntad Popular como responsables del desaguisado.
Jorge Rodríguez se deleitó hablando de cómo ellos, castos angelitos, estaban conmovidos
por la crueldad con la que actúa la ultrederecha, insaciable cuando de dinero
se trata. El complaciente fiscal Tarek
William Saab, al día siguiente de haber declarado Rodríguez, imputó a Rossana
Barrera y a Kevin Rojas, comisionados de Guaidó, por los delitos de
corrupción. Algunos supuestos
opositores al régimen de Maduro montaron en cólera. Las redes reventaron
exigiendo que los responsables fuesen condenados sin apelación de ningún tipo.
A los corruptos hay que castigarlos, se vistan del ropaje que se vistan. Los
colaboracionistas son iguales al gobierno.
A medida que han ido apareciendo
informaciones fidedignas, el sonado caso se ha ido despejando. Aid Live Foundation publicó un
comunicado en el cual señaló que los fondos no han sido utilizados. Con lo cual
dejó claro que no habían podido ser malbaratados. La plataforma informática impedía
tener acceso a esos recursos. Las posteriores declaraciones de Gaby Arenas,
directora ejecutiva de ALF, reafirmaron
esas apreciaciones. La rueda de prensa de Lester Toledo y Francisco Sucre
limaron asperezas. Posteriormente, el mismo portal PanamPost atenuó la denuncia
inicial. Tomaron conciencia de que, sin proponérselo, habían provocado un
escándalo que favorecía al gobierno más corrupto e incompetente que ha tenido
la historia nacional.
La corrupción hay que denunciarla y
combatirla en todos lados. Es probable que Cúcuta se cometieran excesos y desmanes
que deberán ser esclarecidos por las investigaciones. El caso se encuentra en
la Fiscalía colombiana. Juan Guaidó y Humberto Calderón Berti actuaron con
celeridad. Exigieron que los hechos se aclararan. Guaidó separó de sus cargos a
Barrera y a Rojas. Nada de complicidad. Ninguna solidaridad mecánica con los
señalados. Ese comportamiento es el adecuado ante casos que comprometen el
futuro de una lucha tan ardua como la que se libra y frente a dineros
destinados a aliviar la miseria de la población y de los militares que se
encuentran en Colombia. En el plano ético y político resulta saludable.
Sin embargo, en un ambiente tan
crispado e intervenido por imponderables, como el que impera en Venezuela, nada
puede descontectualizarse. El régimen cuenta con un poderoso aparato de
propaganda que trabaja todo el día para desprestigiar, intimidar e inhibir a
sus adversarios.
Con relación a lo ocurrido en febrero en
Cúcuta se produjo un viraje que debe diagnosticarse. Cuando el concierto estaba
desarrollándose, las informaciones transmitidas por el régimen señalaban que la
cita era un fracaso de concurrencia y recaudación. Apenas habían asistido unas
pocas miles de personas y sólo se habían recaudado unos cuantos miles de
dólares. Se intentó desvirtuar la realidad, minimizando lo sucedido. Lo que había sido un fiasco total era el concierto convocado por Maduro. Fue
concebido para que durara tres días, y no sobrevivió sino unas pocas horas.
Ahora se les presentó la oportunidad de
vengarse. No les importa incurrir en contradicciones flagrantes. ¿Cómo es eso
de que el concierto fue una decepción y, no obstante, la oposición incurrió en
el despilfarro de millones de dólares provenientes de la recaudación? Se trata de
una incongruencia. El objetivo luce claro: el régimen trata de sembrar dudas
sobre la administración de los fondos con el fin de evitar que se repitan
concentraciones gigantescas como la del 23 de febrero. Si la oposición queda
como una banda de hampones que se burla de la buena fe de las miles de personas
que aportaron dinero para auxiliar a los más necesitados del país, perderá toda
credibilidad y le será imposible repetir el éxito de esa extraordinaria
jornada.
Su imagen como opción también queda
lesionada. La oposición no puede ser una alternativa de cambio porque incurre
en los mismos vicios que el régimen que
pretende sustituir. La honestidad no forma parte de los principios que la
animan. Este es el juego del gobierno. La guerrilla comunicacional busca
desmontar la alternativa democrática. El G2 cubano y todo el andamiaje
propagandístico del madurismo se alinearon tras esa meta: horadar y degradar la
oposición.
Conclusión: la oposición no está
integrada por ángeles; al igual que cualesquiera otros ciudadanos, quienes
cumplen labores de coordinación, administración y conducción deben ser objeto
de vigilancia y control; si incurren en delitos, deben ser castigados; todo hay
que examinarlo en el contexto de un régimen que saqueó y arruinó al país, y
pretende perpetuarse en el poder destruyendo física y moralmente cualquier
opción de cambio.
@trinomarquezc
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