CARLOS CANACHE MATA
Avergüenza a los
venezolanos el régimen que tenemos. Es una dictadura distinta a las que
habíamos conocido. No se limita a la abolición de la libertad y la democracia,
sino que anda de manos tomadas con el terrorismo y el narcotráfico, dos
fenómenos que, aunque viejos, ahora, gracias a la globalización y los avances
de la comunicación, tienen condiciones más propicias para alcanzar mayor
relevancia.
Desde hace 20 años comenzó el largo entierro
del Estado de Derecho. No estamos ante la clásica dictadura que secuestraba
para sí el poder político, sin la tentación de arropar el resto del acontecer nacional.
Se le han pedido préstamos al fascismo y
al comunismo staliniano para ahogar el país en el puño totalitario. Sería una
fábula decir que en Venezuela hay separación de poderes. Actualmente en nuestro
país, el poder ejecutivo es omnímodo, controla la Asamblea Constituyente que se
inventó para invalidar la Asamblea Nacional, controla el poder judicial de
arriba abajo, controla el Poder Ciudadano (el Ministerio Público, la Defensoría
del Pueblo y la Contraloría General de la República), controla el Poder
Electoral (que ejerce como ente rector, el tristemente célebre CNE). Montesquieu
decía que el poder es el peor enemigo de la libertad, pero como el poder es
necesario, sólo mediante la división de éste (que “el poder detenga al poder”)
se puede garantizar la libertad. Ese mecanismo de pesos y contrapesos entre los
poderes, fue pulverizado por el autodenominado “socialismo del siglo XXI”.
Por lo expuesto anteriormente, es que no hay
libertad en Venezuela y se cierran las puertas a la disidencia. Según el
investigador y profesor universitario Marcelino Bisbal, hace 20 años había 334
periódicos impresos en nuestro país, ahora apenas circulan 28. La ONG Espacio
Público informó que en el pasado mes de mayo hubo 114 violaciones de la
libertad expresión, entre las que hay que contar el cierre de RCR por darle
cobertura a los sucesos del 30 de abril, los frecuentes bloqueos a las redes
sociales, a portales y plataformas web, especialmente cuando Juan Guaidó participa en actividades públicas. El abogado
Fernando Fernández ha declarado que se está aplicando “el derecho penal del
enemigo” a los que discrepan del oficialismo. Está prohibido pensar distinto. Además del dominio político-institucional, el
régimen obstaculiza la iniciativa privada, dirige su gestión al control de la
economía nacional e invade áreas que no le competen. Se prodiga en un afán totalitario
que no oculta.
Por si fuera poco lo dicho, la dictadura que
nos oprime navega a velocidad de crucero en el mar de la corrupción. Recientemente, un reportaje
publicado por el rotativo estadounidense The Washington Post reveló que el
llamado “Cartel de los Soles” traslada miles de toneladas de cocaína desde
Venezuela que finalmente llegan a EEUU y Europa, y que “el entorno inmediato de
Maduro no está solo inmerso en tráfico de drogas, sino también en otras
actividades ilícitas como la minería ilegal, el contrabando de gasolina, la
corrupción en la venta de divisas, así como el control de las importaciones de
medicinas y comida”. Si se cuestiona ese
reportaje por provenir desde “el imperio”, valga citar entonces a los países
del Grupo de Lima que en un comunicado del día 4 de este mes de junio “instan a
la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento
del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en distintas formas de corrupción,
narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implica a sus
familiares y testaferros, así como el amparo que otorga a la presencia de
organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y
el impacto en la región de sus actividades”.
Un cuadro dantesco.
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