EN EL BANQUILLO DE LA CPI
Carlos Canache Mata
Allí
están sentados la dictadura de Nicolás Maduro y sus acólitos: en el banquillo
de la Corte Penal Internacional (CPI) que, como sabemos, es un tribunal de
última instancia para el enjuicimiento de crímenes graves internacionales,
creado por el Estatuto de Roma, concluido en esa ciudad el 17 de julio de 1998,
aprobado por el Congreso de la República de Venezuela por ley del 7 de
diciembre de 1999, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 13 de diciembre del
año 2000.
Desde
febrero de 2018, la situación de Venezuela ha estado siendo objeto de un examen
preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI para determinar si resulta procedente
que la Corte abra una investigación formal. En diciembre de 2020, la Fiscalía
comunicó que, con base de la información que para entonces tenía disponible
(denuncias por los Estados partes Canadá, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y
Argentina; además,informes elaborados por la ONU y por la OEA), había
encontrado motivos “razonables” para creer que en Venezuela se habían cometido,
al menos desde abril de 2017, crímenes de lesa humanidad, por
autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del
gobierno, y, a la vez, indicó que continuaría evaluando la situación.
El
pasado 10 de agosto, se publicó un informe de fecha 15 de junio de 2021 (Fatou
Bensouda estaba entonces en ejercicio del cargo de Fiscal que, al día
siguiente, 16 de junio, pasa a manos del nuevo
fiscal Karim Khan) en el que la ex-fiscal da por concluido el examen preliminar,
ratifica que “existe una base razonable
para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, pero lo novedoso y no menos importante, como lo señala el
director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, es que se
cumplió con el principio (o requisito o criterio) de complementariedad,
conforme al cual si los tribunales nacionales no han investigado y
judicializado a los responsables de estos crímenes, ante tal inacción, actúa la
Corte Penal Internacional. En efecto, en ese informe de Fatou Bensouda se concluye que las autoridades venezolanas “no están realmente
dispuestas a investigar o enjuiciar esos
casos”, además de advertir que ha habido procedimientos internos que buscaban
“proteger a las personas de la responsabilidad penal”. No hay que olvidar que
se ha pedido que se investigue y se enjuicie a todos los responsables de esos
delitos, con inclusión no solo de sus perpetradores, sino también de quienes
integran la cadena de mando, a todos los niveles, que permitieron su realización.
Se está
en espera de que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, decida si se abre y se
pasa a la fase de investigación formal,
para lo cual no hay un plazo predeterminado; podría o no anunciar esa decisión
en diciembre, cuando debe entregar su informe anual de actuaciones. De
concretarse esa investigación formal, sería la primera en América Latina desde
que en 1998 se creó la Corte Penal Internacional.
Aún
cuando la oposición y todos los sectores democráticos han celebrado el
demoledor informe de la ex-fiscal Fatou Bensouda, hay que tener presente lo que
escribió Fernando Rodríguez, ex-director de la Escuela de Filosofía de la
UCV, en su interesante artículo
publicado en Tal Cual el día 15 de este mes de
agosto: “No hay que hacerse muchas ilusiones sobre los resultados concretos de
la acción emprendida por la CPI, ver a unos cuantos de los criminales con
esposas o tras rejas. Su tiempo es lento, lentísimo…De todos modos, es una
contundente pieza para evidenciar ante el mundo la criminalidad del régimen de
Maduro, que ya compite por ser de los más apestosos dictadores del planeta”.
Paso de
avance, es paso de avance. En el banquillo de la CPI siguen sentados los
jerarcas del régimen y su cadena de mando…y están asustados porque
saben que Karim Khan puede decidir el pase a la investigación formal para que
el proceso continúe.
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