La muleta militar
Trino Márquez
Me parece llamativa la composición del más reciente gabinete
ministerial designado por Nicolás Maduro, que ocurre en medio de las
conversaciones entre representantes del oficialismo y la oposición, todos
civiles. Diez de los treinta y cuatro integrantes del tren ejecutivo provienen
del estamento militar, tal como con agudeza destacó Control Ciudadano, la
organización no gubernamental dirigida por Rocío San Miguel. No se trata de
despachos marginales, adornos en la estructura del gobierno, sino de
ministerios fundamentales para la conducción del país, verdaderos centros de poder que administran cuantiosos recursos.
En el ya casi
remoto pasado del período democrático, el Ministerio de Relaciones Interiores
era conducido por un civil. Generalmente estaba en el cargo un miembro
fundamental del partido gobernante. Un dirigente con aspiraciones y
posibilidades de ser candidato presidencial del oficialismo. Se entendía que
fuese así porque el jefe de ese despacho llevaba las relaciones con las
instancias endógenas del poder nacional y con los factores y fuerzas sociales
internas. El ministerio proporcionaba una plataforma para proyectar la imagen
de estadista del titular y permitía que este conociera los intrínculis del
Estado. La presencia de un líder político en ese era símbolo de la catadura civil del Estado y
del Gobierno. Ni siquiera en los momentos más ásperos del enfrentamiento con
Fidel Castro y la guerrilla que este promovió y financió, a Rómulo Betancourt o
a Raúl Leoni se les ocurrió designar a un militar activo para esa cartera.
Con el actual
régimen se produjo un cambio radical. Los ministros del Interior, Justicia y
Paz, como se les denomina desde hace algún tiempo, son militares activos, para
que quede claro que el actual es un gobierno militar-cívico, en ese orden, a
pesar de que a México sólo se trasladaron civiles en representación del
Ejecutivo. Que no haya dudas ni nadie se haga el sorprendido. El despacho de
Carmelitas se le concedió al almirante en jefe Remigio Ceballos como premio de
consolación; no pudo desplazar del Ministerio de la Defensa al eterno y en
apariencia imprescindible general Vladimir Padrino López. Antes había estado al
frente la almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ahora aspirante a la
alcaldía de Caracas.
Con el almirante Ceballos hay que
destacar un detalle: mientras ejerció el cargo de jefe del Comandante Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional, fue sancionado por los gobiernos de
Canadá y Estados Unidos, por ‘violación de derechos humanos’, entre otras
acusaciones.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia
y Paz -tal cual lo destaca Control Ciudadano- es un bastión clave para el
dominio de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Dependen de
ese ministerio, entre otros órganos, la Policía Nacional Bolivariana, la
supervisión de todas las policías regionales y municipales; el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Nacional de
Identificación, Migración y Extranjería; la Oficina Nacional Antidrogas y el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No es poca cosa la que maneja
ese ministerio.
Otro despacho
emblemático, que en la era democrática estaba a cargo de un civil, es el
Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Por allí pasaron figuras ejemplares como Ramón J.
Velásquez y Simón Alberto Consalvi. Con
la nueva casta gobernante, el presidente electo en comicios populares designa
como su mano derecha a un militar, quien
además despacha directamente desde
Miraflores. Fusión extraña. Podría decirse que servil. Para el cargo fue
nombrado Jorge Eliéser Márquez, general de la Guardia Nacional, uno de los
cuerpos represivos que con mayor brutalidad se ha ensañado contra los
venezolanos.
En el Ministerio para el Desarrollo Minero se designó
al almirante William Serantes Pinto. Con este nombramiento -de acuerdo también con Control Ciudadano- se le otorga una
parcela de poder económico clave al sector militar, fortaleciendo su control
sobre la pequeña, mediana y gran minería, fundamental en esta etapa en la que
Estados Unidos mantiene estrictas sanciones contra el gobierno de Maduro.
Algunos de los otros ministerios en los cuales
fueron designados militares como titulares son Agricultura y Tierras,
Alimentación, Habitad y Vivienda, Obras Públicas y Energía Eléctrica. Esos
nombramientos, desde luego, no se realizaron con la finalidad de elevar la
eficacia de la gerencia pública ni la eficiencia del Estado. Es proverbial la
ineptitud de los militares maduristas al frente de organismos y empresas del
Estado. Vimos de lo que fue capaz el general Manuel Quevedo en Pdvsa: casi la
quiebra. Los militares que han dirigido la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) han sido de una ineptitud inaudita. La mayoría de las centenares de
empresas estatizadas, que les han sido entregadas a militares activos o en
condición de retiro para que las administren, se encuentran en bancarrota.
Ninguno de los gobernadores que forman parte
de ese cuerpo se ha destacado por el brillo de su gestión. El manejo de los
asuntos civiles les resulta extraño e incómodo.
En la militarización del Estado y el Gobierno también
se evidencia el fracaso del PSUV y del proyecto hegemónico iniciado hace más de
dos décadas, dirigido a destruir la democracia. Este dato hay que tomarlo en
cuenta en México.
@trinomarquezc
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