CARLOS CANACHE MATA
A lo largo de la historia, el combate por la democracia y por los derechos humanos ha alumbrado las relaciones entre los pueblos. La soberanía y el principio de la autodeterminación han modulado sus formulaciones clásicas y en el Derecho Internacional ya se admite como una verdad incontrastable la supranacionalidad de la promoción y defensa de la libertad, de los derechos y valores democráticos.
En el recién publicado libro “El Control Parlamentario de la Política Exterior”, que coordinó el internacionalista Edmundo González Urrutia, se analizan, por varios autores, aspectos de la política exterior en general y muy especialmente de la política exterior de nuestro país. Los gobiernos están obligados a respetar los convenios, tratados y pactos internacionales que hayan suscrito, tal como lo establece el artículo 23 de la Constitución venezolana vigente: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos , suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Como señalo en el trabajo que me tocó presentar, vivimos en un mundo interdependiente, un mundo en el que se amplían y profundizan las relaciones entre los países por el proceso de globalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales han tenido cambios importantes. Hay una nueva realidad. Trascendiendo su dependencia colonial, decenas de países han conquistado su independencia para incorporarse a la escena mundial. Las armas atómicas han transformado en holocausto la posibilidad de una nueva guerra mundial. De allí que la ONU en su Carta enarbolara la bandera de la paz y consagrara la defensa de los derechos humanos y principios para el progreso social de los pueblos y un trato justo en las relaciones internacionales. Igualmente la OEA sostiene que “la solidaridad de los Estados Americanos y los fines que con ella se persiguen, requiere la organización política de los mismos sobre la base el ejercicio efectivo de la democracia representativa”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también recoge los valores y principios que son intrínsecos a la democracia, y la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, declara en su artículo 1° que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Es extraño que quienes actualmente ejercen el poder en Venezuela califiquen de “ingerencia” en nuestros asuntos internos los reclamos y críticas que se hacen desde el exterior al incumplimiento del compromiso internacional con la democracia que a diario constatamos.
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