lunes, 27 de septiembre de 2021

Elecciones sin sobresaltos (para el oficialismo)


BENIGNO ALARCON


POLITIKA UCAB


A solo dos meses de las elecciones regionales, todo apunta a que la oposición saldrá con severos daños, no solo por la falta de condiciones competitivas, sino también por el fraccionamiento de la unidad y los partidos que compiten con el Gran Polo Patriótico. A la espera de la decisión de la Unión Europea y la ONU sobre el envío de técnicos electorales y los múltiples inconvenientes que se han presentado a lo largo del proceso, incluidos los desacuerdos entre candidaturas, las inhabilitaciones y la no devolución de tarjetas, entre otras, no se descarta la revisión de la decisión de participar en los comicios. Mientras, el gobierno se siente tan cómodo que ha podido mantener una política restrictiva del gasto público, algo inusual en épocas de comicios, y sigue dando señas de que las negociaciones en México pueden acabar más pronto de lo previsto

Cuando apenas faltan dos meses para la realización de las elecciones regionales, algunos decisores clave de la oposición comienzan a ver como un error la decisión de participar en esta contienda y, en la medida que el tiempo transcurre y las dificultades se multiplican, se hacen más conscientes de los altos costos que tendrá una muy probable derrota el próximo 21 de noviembre. Hoy existe la certeza de que, por las presiones internas y externas, el corto tiempo para decidir, y para evitar la confrontación entre los partidos que conforman el G4+, los acuerdos sobre candidaturas se hicieron de manera apresurada, dándole a cada organización lo que demandaba del reparto territorial, imponiéndose candidaturas que no tienen ningún chance de ganar, sin ninguna racionalidad estratégica, lo cual los pone en una muy débil situación de cara a lo electoral. Y por ello se cree que dicha derrota se dará, no solo como consecuencia de la abstención, sino también por la dispersión entre candidaturas y votantes.


Ante esta cruda realidad, que se veía venir desde antes de la elección parlamentaria del año pasado (ver Prospectiva 2020 Semestre IIProspectiva 2021 Semestre I y Prospectiva 2021 Semestre II), producto de la estrategia de clientelismo competitivo político-electoral, a cuyo éxito no solo contribuyen “la mesita” y “los alacranes” coordinados bajo la figura de la “Alianza Democrática”, sino cualquier cantidad de aspirantes regionales y locales, actuando de buena o mala fe, a quienes se le facilitó su participación para terminar con, aproximadamente, unos 70.000 inscritos en el proceso, de los cuales 3.082 representan a las candidaturas oficialistas (una por cada cargo) y el resto a “las oposiciones”. El resultado de este proceso de inscripción abona, sin lugar a duda, en favor de la estrategia del régimen para constituirse en una minoría mayoritaria (o una mayoría relativa), entre las muchas minorías que intentan competir con ella. Es por eso que, ante esta realidad, algunos dirigentes comienzan a considerar, tras haber caído en la trampa oficialista, que una mejor opción sería retirarse. Decisión que, en la medida que se avanza, se pone cada día más cuesta arriba.


Para sumar a las dificultades, la decisión de enviar o no una misión electoral por parte de la Unión Europea aún sigue en stand by, aunque desde la Delegación Europea en Venezuela se están haciendo esfuerzos para que se firme el acuerdo que debió haberse perfeccionado el pasado 15 de septiembre. A todo evento, y pese a todos los inconvenientes, es evidente que Josep Borrell continuará insistiendo hasta el último minuto en el envío de una misión europea, pese a las limitaciones que el transcurrir del tiempo continúa sumando en contra del éxito de una delegación técnica que ya, debido al importante retraso, no puede cumplir con los protocolos propios de una misión de observación electoral (MOE).


Como era predecible, el gobierno ha ralentizado la aprobación de una misión que podría generarle problemas, por las características del plan de trabajo presentado por los europeos, que incluye la presencia de un equipo de alto nivel desde un mes antes de la elección, así como el inconveniente de un potencial veredicto público que pudiera ser adverso, como fue el caso del de la última Misión de Observación Electoral (MOE) Europea que monitoreó la elección presidencial de 2006. Sin lugar a duda, tanto el régimen como sus representantes ante el directorio del Consejo Nacional Electoral estarían mucho más cómodos limitando la misión europea a un esquema de acompañamiento similar al que acordó con el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos del (CEELA), que no es una MOE y es muy distinto del plan de trabajo presentado por la UE.


Elecciones sin sobresaltos
La estrategia de clientelismo competitivo político-electoral aplicada por el régimen ha logrado, por ahora, tres resultados clave para el régimen. Primero, el distanciamiento entre las fuerzas opositoras se incrementó, tanto entre los partidos del G4+ como con los disidentes (los conocidos como “la mesita” y “los alacranes”, que ahora conforman la “Alianza Democrática”), así como con las nuevas organizaciones políticas, como Fuerza Vecinal y Centrados; el segundo es el que se ha dado al interior de los partidos, como es el caso de la postulación de Tomás Guanipa para la alcaldía del municipio Libertador en detrimento de Roberto Patiño, líder con un importante trabajo a nivel popular, ambos de Primero Justicia. Y el tercero es la forma en que todas estas confrontaciones y decisiones afectan la opinión pública y impactarán la disposición a votar por parte de los electores opositores. Es así como lo que va del proceso ha originado una mayor ruptura entre fuerzas políticas, como consecuencia de la estrategia oficialista de “divide et impera”, a la que nos hemos venido refiriendo en nuestros escritos y en los análisis de Prospectiva desde el año pasado (ver supra).


Indudablemente, en medio de este caos político, la participación de los electores de oposición luce hasta ahora baja (estimamos en nuestro último estudio alrededor de un 50%) y no creemos que esta tendencia cambie dadas las expectativas decrecientes del votante opositor. Por ello, es muy probable que, en esta oportunidad, la oposición gane en un número muy limitado de estados. En la mayoría de las alcaldías la situación será similar. Más allá de la cantidad de candidaturas que hay por cada gobernación o alcaldía, lo grave es que estamos ante una elección que no logra generar expectativas ni polarizar el voto, por el efecto dispersión, lo que favorece al oficialismo.


En este sentido, debe destacarse que es poco probable que el régimen acepte revisar unas reglas de juego electoral que le permiten ir a este proceso, como fue a las parlamentarias, sin sentirse amenazado por los posibles resultados de la elección. Ello resulta evidente en el manejo de la economía, donde se ha mantenido una política fiscal de contracción, algo atípico en tiempos electorales en los que normalmente se produzca una importante expansión del gasto público. Eso no significa que se mantendrá así durante el resto del año. Es aún probable que el gasto público se incremente hacia finales de octubre y principios de noviembre, ya más cerca de los comicios, para amortiguar el impacto de la reconversión y el repunte de la inflación.


Bajas expectativas sobre la negociación en México
Mientras este fin de semana se celebra en México la tercera reunión de la Mesa de Negociación entre el gobierno y la oposición venezolana, la verdad es que las expectativas en cuanto a resultados positivos son muy bajas.


Entre las acciones que contribuyen a deteriorar las expectativas sobre la negociación, están los planteamientos poco pertinentes del gobierno, como el de solicitar la inclusión de Alex Saab como miembro de la delegación oficialista, la llegada con retraso de un día de la representación oficial, y el show de las caretas, lo que –más allá de atentar contra la viabilidad de la negociación- es una burla al institucionalismo internacional que se ha constituido para apoyar el proceso de negociación, y un mensaje en el que se deja claro que el régimen se presenta si quiere, cómo quiere y cuándo quiere.


Por eso, no es descabellado pensar que esta mesa de negociación tenga una vida muy corta, si no se cambian algunas dinámicas fuera de la mesa de negociación que impliquen alguna simetría en la relación entre gobierno y oposición, obligando al primero a considerar seriamente la necesidad de un acuerdo. Tampoco es de extrañar que el gobierno abandone las conversaciones y replantee en enero un regreso, pero con nuevos actores opositores, basándose en los resultados electorales de noviembre. Hay quienes consideran que esto no va a pasar porque el gobierno de Estados Unidos apoya incondicionalmente a la oposición liderada por Juan Guaidó, pero la realidad es que Maduro hará todo para reemplazar a esta oposición por otras oposiciones más cónsonas con sus intereses.


Nuevamente, estamos ante una coyuntura de gran repercusión estratégica para las fuerzas democráticas, donde la orientación y ejecución estratégica amerita revisión y una actuación del liderazgo que evite, no solo una derrota electoral de gran escala, sino también su disolución y una lucha de todos contra todos por el liderazgo después del 21 de noviembre, lo que haría mucho más difícil el apoyo internacional a cualquier iniciativa, así como la coordinación de nuevas acciones, bien sean encaminadas a aprovechar nuevos comicios en el mediano y largo plazo, incluyendo la posibilidad de un revocatorio, o para incrementar la presión interna.

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