¡La Asamblea de 2015 al paredón!
Trino Márquez
El régimen de Nicolás Maduro destruyó a Pdvsa, a la Corporación
Venezolana de Guayana, a la Cantv y Movilnet, a la Petroquímica, y a todas las empresas estatizadas durante
las dos últimas décadas. Acabó con empresas tan exitosas como Agroisleña y La
Electricidad de Caracas, entre los numerosos casos que podrían mencionarse. Durante
años se hizo el distraído frente al contrabando de extracción de gasolina y
alimentos subsidiados que salían para Colombia y Brasil en grandes camiones. Continúa
permitiendo que el Arco Minero sea saqueado por las distintas mafias que
controlan esa región. Allí, al sur del país, el Estado desapareció. Lo que
domina es la barbarie.
Ese gobierno, que ha fomentado
durante décadas la corrupción y el asalto a la riqueza nacional –y que, de
paso, está muy cerca de perder Guyana, por desidia e irresponsabilidad- ahora acusa
de corrupción a Juan Guaidó, a los diputados electos en diciembre de 2015 y a un
grupo importante de personas que han acompañado al joven dirigente político a
lo largo de esa compleja etapa que se abre cuando Nicolás Maduro decide, en los hechos, desconocer
los resultados de los comicios legislativos de 2015, convocar la Constituyente
y llamar a las ilegítimas elecciones presidenciales de de 2018, desconocidas
por la mayoría de los países democráticos. Como se recordará, la toma de
posesión para el nuevo período presidencial que comenzaba el 10 de enero de
2019, fue cuestionada por la oposición venezolana, con el respaldo de la Unión
Europea, un amplio sector de la OEA, el Grupo de Lima, Estados Unidos y gran
parte de las naciones democráticas. A partir de ese momento, se consideró que,
en términos jurídicos, la Presidencia había quedado vacante y que el Presidente
de la Asamblea Nacional debía cubrir ese vacío.
Ahora, muchos de quienes criticaron el
llamado a las elecciones de 2018, se negaron a reconocer a Maduro como jefe de
Estado, exigieron que el entonces Presidente de la AN cubriera el vacío
constitucional y se opusieron a aceptar la validez de las votaciones del pasado 6 de diciembre, se
hacen los desentendidos. Se han convertido en acérrimos adversarios de Guaidó y
de los diputados agrupados a su alrededor. Sin embargo, previamente denunciaron
como farsa la convocatoria de diciembre pasado, no propusieron ninguna iniciativa
válida frente a lo que convendría hacer cuando esa cita se produjera y se
instalara la nueva AN oficialista, el 5 de enero. Esta falta de consecuencia y
coherencia ha ido acompañada con
llamados piadosos a unas negociaciones abstractas, para la cuales no existen
las condiciones previas indispensables: acuerdos unitarios en el plano
político, organizativo y programático.
Los dirigentes de Avanzada Popular se
dirigieron al Parlamento Europeo para pedirles a los eurodiputados que
admitieran que el período de la AN electa en 2015 había expirado. ¿Cuál es propósito de semejante demanda? No es
otro que enrarecer aún más las relaciones dentro de la oposición.
El objetivo fundamental de preservar
el foro electo en 2015 consiste en impedir que Maduro siga disponiendo a su
antojo de los recursos nacionales y se endeude de forma alegre como lo hizo en
el pasado. La contraparte legislativa opositora persigue proteger los activos de
la nación en el exterior y mantener una trinchera para la lucha política. Esto
lo entendió perfectamente Josep Borrel, la Unión Europea y los gobiernos que
han defendido la tesis de la continuidad administrativa.
También parece haberlo comprendido la naciente administración de Biden. Mientras
exista la dualidad de poderes, aunque uno –el opositor- se encuentre
internamente muy debilitado, los gobiernos opuestos a Maduro contarán con
mayores argumentos para propiciar el diálogo, una salida pacífica,
constitucional y electoral, meta que se busca alcanzar desde hace mucho tiempo.
En el caso particular de Estados Unidos, el gobierno tiene una excusa
formidable en sus manos para evitar que se liquide Citgo y otros bienes de la
República que se encuentran en esa nación
El gobierno sabe que mientras exista ese
incordio que es la AN de 2015, votada por más de catorce millones de
venezolanos, le será imposible alcanzar el reconocimiento de la AN electa en
diciembre pasado y darles legitimidad a los acuerdos aprobados en ese
aquelarre, controlado férreamente por el oficialismo, con más de 90% de los
diputados. El régimen es tan insaciable,
que no tuvo ni siquiera la gentileza de darles sesenta diputados -21%’ a los
miembros de la mesita y de otros grupos que participaron como comparsa.
La estrategia de Maduro ha sido
clara: descalificar, calumniar y amenazar a Guaidó, sus compañeros y
seguidores. Decir que se han enriquecido de forma obscena con los recursos de
los venezolanos. Inventar mansiones y fortunas incompatibles con personas que
no recibieron sueldos a partir de 2016, porque el régimen se negó a pagarles. El
ariete de esta demolición es Jorge Rodríguez, cuyo paso por el CNE dejó muchas sospechas
razonables. Lamentable que en esta jauría, orquestada por el régimen y todo su
aparato comunicacional, participen medios informativos y dirigentes que dicen
ser opositores.
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario