LUIS VICENTE LEON
EL UNIVERSAL
Nos referimos a un default en
el contexto financiero y se refiere al incumplimiento de pagos de
capital, intereses o tiempo de una deuda. Es irrelevante la razón del
impago. Puede que el deudor no tenga como pagar o el banco que lo
representa no tenga la capacidad operativa para llegar a los acreedores o
que haya sanciones que compliquen el pago. El resultado es el mismo: default.
Esto ocurrió en Venezuela la semana pasada, pues dos bonos no fueron
pagados en el tiempo de la prórroga. La pregunta es: ¿Qué viene ahora?
Hemos señalado que las consecuencias de un default
podrían ser demoledoras. Siendo un país hiperdependiente de su actividad
petrolera, el impago de la deuda de Pdvsa puede desencadenar una serie
de demandas y embargos que afecten aún más el flujo de caja de la
nación. Pero debo aclarar que todavía no estamos en situación de
enfrentar las consecuencias descritas. ¿Por qué? Porque no todos los
default son iguales, ni desencadenan las mismas acciones posteriores.
Hay una diferencia gigante entre no pagar una deuda o
pagarla tarde, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela. Ambas
acciones representan una ruptura de las condiciones establecidas, pero
difícilmente un acreedor embarga a un deudor por el retraso de un pago
que al final se realiza.
Un tenedor de bonos venezolanos, que no recibió su pago a
tiempo, pero lo recibió, tiene tres posibilidades de acción. 1) Quienes
hayan “asegurado” sus bonos contra el default comprando instrumentos
derivados para tal fin, van a cobrar su seguro tan pronto las
autoridades financieras declaren que en efecto se cometió la falta. 2)
Los tenedores de los bonos pueden también pedir una aceleración del pago
de toda la deuda pendiente, aunque sólo se haya hecho default en una
cuota parte de capital e intereses. En ese caso, todo el monto de esa
emisión entra en default y, si el gobierno no lo paga, arrancan los
procesos judiciales que hemos descrito anteriormente. ¿Estamos frente a
esa posibilidad? No es el escenario más probable. Los tenedores de esos
bonos, que el gobierno ha continuado pagando después de sus fechas de
vencimiento, son los últimos interesados en que se acelere una demanda
por default real y el gobierno termine parando todos los pagos y se
materialicen las pérdidas de su inversión. Es preferible apostar a
seguir cobrando y esperar por un refinanciamiento ordenado. El riesgo
está en que esos tenedores de bonos, aún cobrando tarde, piensen que la
jugada futura de Pdvsa es comprar tiempo para mover sus activos y
operaciones a otras empresas y luego hacer un default planificado,
dejando a los tenedores mirando pa’ San Felipe. En ese caso, preferirían actuar de inmediato.
Lo que está claro es que el mercado se enrarece y se
llena de ruidos. Con más desconfianza, los precios de los bonos se
desploman. Algo que tampoco afecta, por ahora, el flujo de caja de
Venezuela y podría facilitar la recompra a sus aliados, como Rusia,
China o India, que podrían estar jugando a gallo tapado. 3) Pero la
acción más probable, tanto de los tenedores como del emisor, es buscar
una negociación que los lleve a un refinanciamiento de esa deuda. Es
decir, cambiar voluntariamente las condiciones originales y facilitar su
pago a futuro. Para que esto ocurra, el gobierno debe estar dispuesto a
ceder políticamente y validar a la AN, pues sin ella el mercado no
aceptará un acuerdo de refinanciamiento. La oposición tendría que
legitimar el refinanciamiento, a cambio de una negociación política que
oxigene la democracia asfixiada. El gobierno Trump tendría que
flexibilizar las sanciones financieras y los acreedores aceptar las
condiciones propuestas por el gobierno. De esta pelusa hablaremos en
breve.
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