Grupo La Colina

Una Venezuela para estrenar

  
 

 

 EDITORIAL Politika UCAB

 

“Yo, como lo prometí, quiero entregar a esta magna asamblea mi proyecto de Constitución para la República Bolivariana de Venezuela. El proyecto que aprobamos en 1999, ese es mi proyecto, ese es nuestro proyecto, perfeccionar la Constitución pionera de 1999″.

Tal fue la afirmación del presidente de la República, Nicolás Maduro, la noche de este jueves 10 de agosto, durante su exposición a la asamblea constituyente en el Palacio Federal Legislativo, confiscado por la vía de los hechos a su legítimo adjudicatario, la Asamblea Nacional.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1999 –fecha indeleblemente vinculada a la tragedia natural en Vargas y Caracas– fue producto del debate de cuatro meses llevado adelante por la Asamblea Nacional Constituyente, electa en julio de ese año. Desde su entrada en vigencia, esa Carta Magna no ha tenido plena observancia. El país que se perfiló en el proyecto concebido por el propio Hugo Chávez Frías y muchos de sus acólitos –que ahora se aprestan a modificarla– nunca vio la luz. La Venezuela concebida en la Constitución de 1999 es un país envuelto en el celofán de lo nuevo, para el estreno, de lo que pudo ser y no fue.

Mucho se dijo, especialmente los expertos en el área, sobre los avances incorporados en la Constitución de 1999 en materia de Derechos Sociales y Derechos Humanos. Venezuela sería un país de vanguardia. La incorporación de la “democracia participativa y protagónica” haría a los residentes de este país ductores de su propio destino. Esa Constitución no previó, por ejemplo, la reelección indefinida del Presidente de la República ni de los gobernadores –incorporada con la enmienda de 2009–, así como tampoco permitía desbancar al país a punta de “millarditos” extraídos de los ahorros petroleros.

Al contrario de ser un país rumbo al desarrollo, al cabo de los casi 18 años de la aprobación de “la mejor Constitución del mundo”, Venezuela ha sido lanzada a un vertedero. Las estadísticas económicas y sociales nos ubican en la retaguardia del continente, en cotas que ni en las peores pesadillas habrían podido vislumbrar economistas y sociólogos.

La opacidad signa todos los aspectos de la vida institucional. El artículo 51 de la Constitución prevé el derecho de petición, pero desde el año 2000 el Tribunal Supremo de Justicia ha rechazado demandas para el acceso a la información pública en materias de: salud, vivienda, derechos humanos, recursos financieros, asignación de divisas preferenciales, salarios de funcionarios, denuncias sobre corrupción, conexión de Internet y datos macroeconómicos, entre otros, lo que ha obligado a ONG, universidades y gremios a levantar estadísticas propias.

La negativa del Banco Central de Venezuela a suministrar cifras, ha dejado a la economía nacional en un cuarto oscuro que impide fijar apropiadamente salarios y precios. El país no sabe, a ciencia cierta, cuánto produce PDVSA; tampoco cuántos son los muertos que derraman su sangre en las calles producto de la violencia, en un Estado cuya Constitución establece que la vida es un derecho fundamental “inviolable”. Eso, sin hablar de las cifras divulgadas este año por un estudio de la Gobernación de Miranda, según el cual el 50% de los estudiantes dejan de ir dos veces a la semana a clases para tratar de conseguir algo de comer, en un país donde el embarazo precoz es de las cosas que nos ponen a la cabeza de las estadísticas regionales.

El crecimiento de la pobreza –coyuntural y estructural– ampliamente detallada en la encuesta ENCOVI, en la que participa la Universidad Católica Andrés Bello, da cuenta del peligro del no retorno que se cierne sobre Venezuela. Al cierre de 2016, el 86% de los hogares estaba en situación de pobreza. Para ese momento, la inflación no había alcanzado los niveles actuales, acelerados por la incertidumbre –o quizás, certeza– de lo que ocurrirá con la constituyente ilegal, instalada bajo la denuncia de fraude.

Desde 2016 el país vive bajo un régimen de Estado de excepción, que a partir de los anuncios hechos por el Nicolás Maduro el jueves, se asoma al totalitarismo.

Si bien en 1999 la Constitución de Hugo Chávez no contó con la aprobación de la mayoría del país, debido al alto nivel de abstención, fue en el referendo de 2007 cuando ese texto se legitimó electoral y socialmente. Sobre este punto se ha abundado, pero el asunto adquiere de nuevo importancia a propósito del encuentro efectuado el pasado domingo 6, en la sede de la UCAB, con el auspicio del rector, padre José Virtuoso sj.

A casa llena, el aforo del Aula Magna de la UCAB no se dio abasto para los que quisieron oír, de viva voz, el debate. Fue un domingo en el que, de nuevo, los rumores anunciaron que Venezuela “amaneció de golpe”, pero en esta Universidad la gente querían hablar de Democracia, de Derecho y de Justicia. Entre los asistentes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz –quien reivindicó ser la única y verdadera– recibió el reconocimiento de los asistentes.

El domingo pasado se hizo público un esfuerzo de entendimiento que se viene trabajando desde hace tiempo, con mucha discreción, por individualidades de ambos sectores. Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y voceros del denominado chavismo democrático –todavía no aglutinados en una sola plataforma– expresaron su compromiso de trabajar juntos para luchar por la consecución de una solución democrática para Venezuela. En el encuentro “En Defensa de la Constitución” se habló de “unidad superior”, de “salvar los valores democráticos” y de “alta política”, para poner orden en el caos institucional producto del enfrentamiento entre los Poderes Públicos por el desconocimiento de la Constitución.

El país vive momentos en los que es apremiante encontrar un proyecto común, democrático, legítimo y viable. Pero ese proyecto no puede perfilarse exitosamente en momentos de tanta turbulencia y privaciones. Es hora de dejar la retórica y hacer, en la práctica, lo que se ha dicho en los últimos años: levantar una República democrática para todos los venezolanos sobre la Constitución de 1999. No hay traición a Hugo Chávez si el sector democrático del chavismo, que venera su memoria, asume, junto con la Mesa de la Unidad Democrática, el rescate del texto aprobado en 1999 y preservado de cambios en 2007. Así, cuando la lucha por la restitución de la democracia finalmente logre la victoria, todos podrán entonces descubrir cómo es ese país que no ha sido y que está descrito en el preámbulo. Podrán exigir a un nuevo gobierno que abra el paquete y estrenen juntos el país que Venezuela todavía puede ser.

@ElviaGomezR