ASFIXIA
BEATRIZ DE MAJO
Con una muy corta y limitada visión del futuro, Nicolás Maduro, sus coautores cubanos y sus cómplices militares venezolanos llevan al país a la más dramática de las asfixias económicas con esta decisión de seguir adelante en el aberrante proyecto constituyente rechazado por la inmensa mayoría de nuestros socios económicos internacionales.
No van más lejos en el alto gobierno que aspirar a la acumulación de un poder omnímodo para poder manejar el rechazo interno y para salvarse de la justicia internacional que mantiene a muchos de sus secuaces en la mira.
No se han paseado hasta ahora por las consecuencias económicas que provocará el rechazo tan temprano y contundente que esta votación trucada e inconstitucional ha tenido en la comunidad internacional, porque, al contrario de lo que muchos creen, una acción concertada –o desconcertada– de nuestros principales socios comerciales y económicos va a poner a esta administración a comer tierra.
En medio de su locura antipatria, nadie ha pensado que el rechazo cuasi universal a las decisiones de la asamblea constituyente va a traer como consecuencia una alerta de cada país a sus sociedades mercantiles sobre los negocios con esta Venezuela dictatorial de hoy. Que se trate de comercio, de inversiones, empréstitos, de emisión de papeles de deuda o de cualquier otra actividad de índole económica con Venezuela, de la noche a la mañana se tornará ilegal para países como Colombia, Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, Chile, Panamá, Canadá, la Unión Europea, Suiza, por solo citar algunos de los que, explícitamente, han decidido desconocer las decisiones que deriven de los comicios del domingo y de la asamblea que inconstitucionalmente gobernará el país.
No es preciso hacer un dibujo sobre lo que ello puede significar en materia de depauperación para un país que depende de sus operaciones externas mucho más allá del petróleo. Se trata de un aislamiento total que impedirá, por ejemplo, refinanciar la deuda de la República y de Pdvsa, que este año deberá superar los 8.000 millones de dólares. Pero, además de ello, ¿quién será capaz de negociar nuevos endeudamientos a sabiendas del carácter ilegal de los mismos para los países dentro de los cuales actúan? ¿Quién venderá alimentos o medicinas a Venezuela que no sean cancelados con cash, del cual el gobierno dictatorial no dispone? ¿Quién enviará a Venezuela insumos ni materias primas para ninguna de sus industrias? ¿Quién exportará gasolina o aditivos petroleros para los procesos productivos de nuestra primera actividad?
El colapso económico que se avecina es de proporciones incalculables, pero además inevitable y atribuible únicamente a la decisión de colocar al país al margen de la legalidad y de espaldas al valor universal de la democracia y del respeto de los derechos ciudadanos.
Es deplorable que todo ello redunde muy pronto en un agravamiento de las condiciones de vida del venezolano. Ello terminará por aniquilar la economía, es claro, pero por provocar la asfixia, también, de quienes nos gobiernan. Huir hacia adelante, queriéndose contar en una fraudulenta contienda pública de frente al mundo, ha sido la peor de las decisiones. Han labrado su propia defenestración en manos de un pueblo hambreado, cansado e intolerante. Exacerbado, además, por la monumental burla que, en sus narices y desfachatadamente, Nicolás Maduro y los suyos montaron el 30 de julio de 2017.
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