MARTA DE LA VEGA
Podría hablarse de nudos críticos y desenlaces en relación con la crisis venezolana. Son muchos los factores en juego y varios los escenarios para superarla. Es claro que el asunto no es solo político. Estamos en un régimen de facto, impuesto por una ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente con la complicidad del poder ejecutivo y del tribunal supremo de justicia.
Los artículos 333 y 350 preservan la plena vigencia de la Constitución de 1999, ratifican la legalidad y legitimidad del principal órgano de representación ciudadana que es la Asamblea Nacional y la única institución pública que rechazó seguir como apéndice del gobierno y ha actuado con apego a la Constitución, el Ministerio Público y su Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ambos perseguidos.
Aunque su poder ni es efectivo ni es originario ni legal ni verdadero, por haber violentado, entre otros, los artículos 347 y 137, la anc, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, pretende constituirse en poder absoluto, sin atender a los límites que le impone la propia Constitución.
Es claro que estamos comandados por el crimen organizado, con tentáculos internacionales denunciados públicamente que han penetrado el meollo del alto gobierno, funcionarios y familiares de personeros principales. Han desmoronado la República no solo la ruptura del hilo constitucional sino la implantación en las estructuras nacionales de poder, de grupos árabes radicales y terroristas, fundamentalistas iraníes, carteles narcotraficantes y delincuentes vinculados con quienes conducen el gobierno.
Así que no son solos los cubanos los que se han convertido en fuerza de ocupación y control desde hace muchos años, presentes en las fuerzas armadas, partícipes de los servicios de inteligencia, notarías y registros, sistema de identidad e inmigración, sistemas paralelos de salud y asistencia social, hospitales y organismos diversos del Estado, el cual ha sido colonizado por el gobierno desde hace 18 años.
Sin pudor, estas mafias dominan a militares de rango superior y a civiles conectados al poder político que aprovechan las pingües ganancias derivadas de la corrupción en el manejo de las divisas por renta petrolera y de la explotación depredadora de los recursos naturales más valiosos.
Dádivas en suntuosos bienes, prebendas y chantajes son el mecanismo para las adhesiones acomodaticias y utilitarias al régimen que busca mantenerse en el poder a cualquier costo. La soberanía nacional no existe sino formalmente porque hemos pasado a formar parte de la red criminal global con alcance transnacional y nos hemos convertido en tuercas de tal engranaje.
¿Cómo salir de esta maraña? Mediciones recientes de Consultores 21 presentadas en foro de Ecoanalítica muestran que 89% de la población encuestada ve mala la situación económica y 84% peor que en 2016. Solo 14% cree que es por la guerra económica y en cambio 59% responsabiliza a la gestión del gobierno. 71% justifica las protestas y 65% piensa que han sido pacíficas y el gobierno las ha violentado. Hay pesimismo en el corto plazo: 75% no ve futuro mejor. En cuanto a escenarios, la vía pacífica y electoral es preferida por 89% que sí quiere elecciones regionales. Y aunque el diálogo parece agotado, según 69%, 26% piensa que las negociaciones podrían abrir camino a la superación de la crisis.
Podemos deducir que urge un cambio de gobierno y de modelo económico para enderezar el rumbo. Si el gobierno se aferra al poder y rechaza los llamados de la comunidad internacional, es muy probable que la implosión inminente nos convierta en Estado fallido o en Estado forajido. Ahora solo hay terrorismo de Estado.
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