MANDATOS Y DILEMAS
Marta de la Vega
l 16 de julio de 2017, la consulta popular
convocada por la Asamblea Nacional y organizada por los partidos y sociedad
civil democráticos, fue un acto simbólico poderoso, una espectacular
movilización de ciudadanos en el país y en el extranjero. Fue deslumbrante la
colaboración de la gente para armar carpas, conseguir mesas y sillas, recibir
en donación abundantes alimentos y bebidas, apoyar los equipos de trabajo,
compartir con la gente que se encontraba en los lugares escogidos y contribuir
a que las votaciones transcurrieran pacíficamente.
Fue un hecho ejemplar, político y cívico,
sin precedentes, sin presencia militar para custodiarlo ni intervención del
consejo nacional electoral. Aunque sus resultados son legalmente vinculantes
según el artículo 70 de la Constitución, el régimen transgresor de Maduro no
los reconoce. Lamentablemente, un ataque a tiros de bandas paramilitares
protegidas por el gobierno tuvo el saldo trágico de una persona asesinada y más
de siete heridas entre la población indefensa que esperaba para participar en
el acto electoral en una zona populosa de Caracas.
Este crimen no pudo empañar la demostración
mayoritaria de voluntad de cambio de más de siete millones seiscientos mil
venezolanos que votaron sí a los tres mandatos que se derivaron de este proceso
pero que la AN aún no ha hecho efectivos. Mientras siga en el poder la
camarilla militar-civil cuyo único empeño es perpetuarse a sangre y fuego,
seguirá la pretensión de imponer por todos los medios su proyecto de dominación
totalitaria mediante la falsa asamblea constituyente, cuyo rechazo
multitudinario fue el primer mandato.
Las elecciones ilegales realizadas el 30 de
julio para instalar la inconstitucional constituyente, no solo pusieron en
evidencia la gigantesca trampa para alterar los resultados reales, según
cálculos probados de la Mesa de la Unidad Democrática de 2.483.073 votos, el
12,4% de la población electoral, sino que la respuesta represiva y sanguinaria
se ha intensificado.
El segundo mandato, respeto a la
Constitución por las fuerzas armadas y funcionarios del Estado y respaldo a las
decisiones de la AN no podrá ser exigido si no se cumple lo previsto en el
tercer mandato. Este plantea la renovación de los poderes públicos como
establece la Constitución, elecciones transparentes y libres, con observadores
nacionales e internacionales y la conformación de un gobierno de unión
nacional. Ni de transición, ni paralelo.
El dilema que enfrentan hoy las fuerzas
democráticas es moral y político. La democracia es dialogal y es plural. Para
dirimir los conflictos busca de manera cooperativa construir consensos. Para el
ejercicio del poder se rige por los principios de alternancia y temporalidad
que logra de manera competitiva a través de las elecciones.
Ante un cne parcializado y tramposo hay
legítimas razones morales para desconfiar del llamado a elecciones de
gobernadores y alcaldes, previstas en la Constitución para diciembre de 2016,
que acaba de anunciar Tibisay Lucena, a pesar del estruendoso fraude
descubierto.
A diferencia de las parlamentarias de
diciembre de 2015, cuyos resultados fueron incuestionables, el 30 de julio no
hubo ni controles, ni auditorías previas, ni identificación biométrica, ni
tinta indeleble, ni testigos, ni observadores, ni actas que pudieran ser
cotejadas con el resultado registrado en las máquinas de votación. El dilema
moral se resuelve al plantear que sin estos mecanismos de vigilancia la
participación electoral es inaceptable.
El dilema político es participar o no.
Inscribir a los candidatos de las fuerzas opositoras no significa que
forzosamente haya elecciones. Pero sería un costo muy alto para el régimen
suspenderlas o postergarlas de nuevo. Abstenerse, en cambio, implica cerrar ese
camino de lucha y facilitar al gobierno que acapare gobernaciones y alcaldías
porque no hay competidores. Cooperar y competir son inherentes a toda
democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario