Grupo La Colina

COLLAGE SOBRE RÓMULO BETANCOURT (XX)

                        (LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE)

             CARLOS CANACHE MATA

La resistencia del gobierno de Medina Angarita a la consagración constitucional de la elección del Presidente de la República y de los miembros de los Cuerpos Deliberantes mediante el sistema de sufragio universal, directo y secreto, a lo que se sumó la crisis generacional y el descontento en el seno del Ejército, causaron la rebelión cívico-militar del 18 de octubre de 1945. La etapa histórica que comenzó en 1899 con el ascenso del general Cipriano Castro al poder y continuó con los regímenes de Gómez, López Contreras y Medina, se cerró, 45 años después, con el gobierno provisonal de facto que, entre 1945 y 1948, presidió Rómulo Betancourt. La soberanía popular estaba secuestrada, y había que rescatarla. Para que hubiera real y verdadera democracia –  existe cuando es el pueblo, y no un ‘gran elector’ o una camarilla, quien escoge sus gobernantes- se impuso la necesidad de recurrir a una vía no democrática. “Desviarnos para enderezar”, dijo Rómulo Gallegos: “…Por eso incurrimos en aquella desviación que he calificado de aparatosa, pero que ya puedo decir que no fue sino aparente. Por eso echamos por aquel atajo, seguros de que al tenerlo bajo nuestras plantas, responsablemente asentadas en él, le quitaríamos angosturas y torceduras y a la ocasión eventualmente propicia para nosotros la convertiríamos en punto de partida de perdurable felicidad y dignidad de Venezuela. De tal modo que bien puedo y debo agregar ahora, sin que se me atribuya gana de jugar con las palabras, que  de esa colaboración nuestra al levantamiento de armas el lema fue éste: desviarnos para enderezar” (1).

Como se indicó en el Collage décimo noveno, la reunión inicial entre Acción Democrática y los militares descontentos con el gobierno de Medina fue el 6 de julio de 1945. Hay muchas y variadas explicaciones de ese descontento militar, que Marco Tulio Bruni Celli analiza detinadamente, entre otras,  el ‘enfrentamiento’ de los oficiales de academia con los “chopos de piedra”, el asunto de la modernización de las Fuerzas Armadas, el reclamo de más formación profesional, la firma del Tratado con Colombia de 1941, el no ‘cultivo’ del presidente Medina de relaciones personales con los oficiales, etc , para luego llegar a la conclusión de que “las intenciones de la mayoría de los militares del 18 de octubre, al igual que las de los jefes de otras conspiraciones militares en nuestra historia, obedecían más bien al escondido y permanente propósito de tomar el poder bajo la inspiración y aplicación concreta de la tesis del ‘destino manifiesto’ “, (2). Una opinión semejante tuvo el mismo Rómulo Betancourt: “Sucesivas entrevistas con grupos militares nos llevaron a la conclusión de que había hombres de vocación democrática, convencidos de que el Ejército no debía ser fuerza deliberante y de la solución del sufragio libre, como única fórmula racional para efectuar cambios de Gobierno. Otros se nos revelaron desde el primer momento como ambiciosos desorbitados. Pero unos y otros nos produjeron la impresión muy clara de que estaban dispuestos de ir a la acción violenta, con o sin nosotros, porque además de los factores de orden general, que influían sobre su decisión, ésta encontraba fuertes asideros en la forma como se comportaba el régimen frente a las Fuerzas Armadas…en esas conversaciones esclarecedoras, prolongadas por largas horas, fuimos descubriendo junto con el perfil aventurero de unos, la convicción de otros de que era necesario romper la viciosa tradición militarista de los Generales-Presidentes elegidos por Congresos en los cuales no intervenía el pueblo, para que la nación escogiera en comicios democráticos a un Gobierno de fisonomía civil”  (3).   

El historiador Ramón J. Velásquez narra los sucesos de aquel día, así: “Estalla el movimiento en la Escuela Militar de la Planicie entre las once y las doce del día 18, lo secunda el mayor Celestino Velasco al sublevar la Guardia Presidencial de Miraflores, lo apoyan en horas de la tarde los comprometidos de Maracay, resiste la policía Caracas durante toda la noche y a las 10 de la mañana del 19, el Presidente Medina se presenta al Cuartel ‘Ambrosio Plaza’ y ordena que se pongan en libertad a Marcos Pérez Jiménez, Julio César Vargas y José Teófilo Velasco, detenidos en las primeras horas del 18, para constituirse en su prisionero y responsabilizarlos del destino de la República” (4). El protagonista principal del acontecimiento revolucionario, Rómulo Betancourt, reseña: “Tan rápido fue el desmoronamiento del Gobierno, que la acción popular no pudo hacerse sentir en la magnitud y proporción que previmos. Sólo en  escaramuzas aisladas dentro  de la ciudad de Caracas y en las colinas de la Escuela Militar, los miembros de AD se batieron al lado de los militares. De ahí resultó, como ya había sucedido al MNR en Bolivia, cuando su primera experiencia de Gobierno en 1944, que no fuera a impulsos de una arrolladora marea de pueblo armado como llegáramos al poder. El Gobierno de facto nació de un golpe de Estado típico y no de una bravía insurgencia popular. Lo que tenía de negativo tal circuntancia no necesita ser subrayado” (5).

El 19 de octubre, a las 8 de la noche, se constituye en el Palacio de Miraflores la Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por siete miembros, presidida por Rómulo Betancourt, que sería el Poder Ejecutivo de la Nación. Esa misma noche, la Junta emite su primer comunicado público en el que se expresa que “este Gobierno Provisional tendrá como misión inmediata la de convocar al país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir sus representantes, darse la Constitución que anhelan y escoger el futuro Presidente de la República”. También se anuncia que se sancionará a los personeros más destacados que hayan cometido peculado durante las administraciones desde fines del siglo pasado y que se tomarán las medidas encaminadas a elevar las condiciones  económicas y sociales  en que vive el pueblo. El día 21, concurrió al Palacio de Miraflores una comisión de representantes del empresariado venezolano ante la cual el presidente Betancourt expuso los lineamientos de la política económica que seguirá el Gobierno, y el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción ofreció prestar su colaboración al gobierno. También el día 21, se celebró una reunión con una representación sindical, y el presidente Betancourt manifestó: “En relación con el movimiento obrero, estamos plenamente definidos en el sentido de que se le rodee de toda garantía; que el derecho de sindicalización sea respetado, que se estimule la organización de los trabajadores en sus sindicatos de resistencia económica, porque consideramos que el obrerismo y el campesinado organizados son una garantía de estabilidad para un gobierno democrático”. El día 30, en alocución dirigida por radio a la Nación, el presidente Betancourt ratificó los propósitos básicos programáticos del gobierno de la Revolución de Octubre. Entre éstos, insistió en que “esta Revolución ha sido hecha para devolver al pueblo su soberanía”, y, a tal efecto, anunció la promulgación de un Decreto mediante el cual se crearía la Comisión encargada de redactar un estatuto o código electoral que permita la elección por sufragio directo de una Asamblea Nacional Constituyente; y que se exigirá “un trato equitativo en las relaciones entre el Estado y los inversionistas” y no obtengan sobrebeneficios quienes son concesionarios de fuentes nacionales de riqueza.

En cumplimiento de lo anterior, en relación a la cuestión político-electoral, el 17 de noviembre de 1945 se designó la Comisión  (sólo uno de sus miembros era de Acción Democrática, Andrés Eloy Blanco, los otros eran de partidos de oposición o independientes) que redactaría el Estatuto Electoral a fin de convocar a  elecciones generales  para la Asamblea Nacional Constituyente). El 15 de marzo de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno aprobó el Decreto (fue el N° 217) que promulgó el Estatuto Electoral redactado por esa Comisión, que, en uno de sus artículos, garantiza “el derecho de sufragio para todos los venezolanos mayores de dieciocho años”, es decir, el sufragio universal porque incluye a hombres y mujeres sepan o no leer y escribir, para elegir a los diputados de la “Asamblea llamada a dotar a la República de una Carta Fundamental que contenga los modernos principios de la democracia, el derecho y la justicia social y corresponda así adecuadamente a las necesidades históricas de la Nación”. El historiador Germán Carrera Damas, en su obra “Rómulo histórico”, página 151-152, afirma que “el ejercicio de la soberanía popular, significaría la más radical transformación sociopolítica experimentada por la sociedad venezolana, desde la ruptura del nexo colonial”, al ser llamados (los venezolanos) “a ser, por primera vez, ciudadanos en la plenitud del conceoto”.  Y, en relación a la cuestión petrolera, el 31 de diciembre de 1945 se dictó el Decreto-ley modificatorio de la Ley de Impuesto sobre la Renta estipulando un impuesto extraordinario que dio al país un rendimiento económico superior al de la reforma petrolera d 1943. Posteriormente, se aprobó por el Congreso Nacional de 1948 una Ley que establecía que “si sumados todos los impuestos pagados por las empresas, la tributación de éstas no alcanzaba al 50% de sus ganancias, quedaban obligadas a satisfacer al Fisco la respectiva diferencia”. Fue el famoso fifty-fifty. Se decidió sobre la marcha la política de no más concesiones petroleras para no seguir subastando las reservas de nuestro subsuelo. Se le participó a los truts la decisión del Gobierno de colocar y vender directamente en el mercado exterior el petróleo proveniente de las “regalías” que le correspondían al Estado. Se obligó a las compañías a aumentar sustancialmente la cuota de refinación en el país. Se le impuso a las empresas petroleras la obligación de reinvertir en el país parte de sus utilidades. Esa política nueva, valiente, permitió que en sólo 3 años, de 1945 a 1947, los ingresos fiscales petroleros se elevaran, según la estimación de Manuel Pérez Guerrero, de 581 millones de bolívares en 1945, a 952 en 1946, y a 1.315 en 1947. Detrás de esos resultados, y al lado de Rómulo Betancourt, estaba ese apóstol del nacionalismo y gran venezolano que se llamó Juan Pablo Pérez Alfonzo.

En lo que respecta a los aspectos generales de la gestión administrativa de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el balance lo hizo, por la circunstancia de que no coincidía la finalización de su mandato con la fecha fijada por la Constitución para la presentación de las Memorias y Cuentas de los Despachos Ejecutivos, ese balance, digo, lo hizo ante el Congreso, como se verá en su momento, el Presidente Constitucional Rómulo Gallegos.

Continuará el análisis en el próximo Collage.

1)Rómulo Gallegos. Discurso  en México, el 13 de septiembre de 1955, al clausurar la Asamblea de Acción Democrática conmemorativa de su décimo cuarto aniversario de fundación. “Venezuela Democrática”, edición facsimilar del órgano de los desterrados venezolanos de AD en México. N° 5, páginas 1 y 6.

2)Marco Tulio Bruni Celli. “El 18 de Octubre de 1945”. Primera edición, octubre de 2014. Página 186.

3)Rómulo Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica, 1956. Página 191.

4)Ramón J. Velásquez. Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el último Medio Siglo. “Venezuela Moderna 1926-1976”, Fundación Eugenio Mendoza, 1976. Página 70.

5)Rómulo Betancourt. Obra citada, página 198.