Grupo La Colina

La Relatora de la ONU y el ajedrez de los Derechos Humanos

     Maria Alejandra Aristeguieta

CODEIV.ORG

Las declaraciones sin fundamento y poco precisas de Alena Douhan, Relatora Independiente de la ONU sobre los derechos humanos y las sanciones han causado sorpresa y revuelo en los medios de comunicación las redes sociales venezolanas. Lo sorprendente es que hayan sorprendido. En realidad, esas declaraciones eran totalmente predecibles, puesto que son parte de una estrategia de largo plazo diseñada por quienes desde hace mas de veinte años detentan o controlan el poder en Venezuela. Nunca es un azar, y aunque a veces se retrasen, el tener un objetivo claramente definido les permite llevar a cabo cada actividad por conveniencia táctica o por aprovechamiento de oportunidades.

Veamos por partes.

El sistema universal de derechos humanos monitorea la protección y promoción de los derechos fundamentales en todos los países parte de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela no es una excepción, y aunque el organismo a cargo de proteger y promover tales derechos tardó bastante en reaccionar ante las primeras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Hugo Chávez, el mismo ha ido documentando cada caso traído por abogados, defensores o activistas de la sociedad civil a alguna de sus instancias. Más recientemente, y en particular desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, este monitoreo se ha acentuado y profundizado vista la escalada que se inicia a partir del 2014.

Si revisamos la documentación existente, podremos constatar que se pasó de la erosión de los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, o de casos ejemplarizantes, a patrones sistemáticos para aterrar y someter a la población.  Es decir, en un primer nivel,  se persiguieron los medios de comunicación y se cerraron periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, se expropiaron bienes muebles e inmuebles. Luego pasamos a casos de detenciones arbitrarias en los que se evidenciaba la ausencia de independencia del poder judicial, como fue el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien Hugo Chávez encarceló para indicar a otros jueces que correrían con la misma suerte de ella si no se atenían a las exigencias de quienes controlaban el poder judicial desde su cúpula.   Sin embargo, es entre los años 2014 y 2017, y en particular durante los períodos de protesta estudiantil, que descubrimos una estrategia clara de persecución y exterminación del adversario, entendido éste como objetivo enemigo.

Ante este punto de inflexión,  surgieron múltiples declaraciones y llamados de alerta desde los distintos mecanismos de supervisión del sistema universal, incluyendo los Procedimientos Especiales, entre los que se encuentran los Relatores independientes para áreas temáticas. En total, más de 20 Relatores Independientes han pedido se les permita visitar Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos en sus áreas especificas, sobre todo, aquellos que supervisan y hacen recomendaciones relativas a los derechos civiles y políticos, que son en definitiva los considerados como derechos nucleares, es decir, sobre detenciones arbitrarias, tortura, independencia del poder judicial, o sobre libertad de expresión y asociación. 

En paralelo, en 2017, el entonces Alto Comisionado Zeid Al Hussein, decide iniciar una investigación ex officio, ante el abuso en el uso de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado frente a las protestas estudiantiles, y sobre todo, ante las denuncias de torturas atroces cometidas por estos cuerpos de seguridad. El informe desnuda una realidad que muchos desconocían y otros tantos se negaban a aceptar.

Es durante este período, que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su cancillería, decide extender  invitación a tres Relatores Independientes: el de derecho al desarrollo, el de la promoción de un orden democrático y equitativo,  y el de derechos humanos y  sanciones. A diferencia de los otros Relatores Independientes, aquí se trata de tres mecanismos impulsados por razones políticas, que obedecen a esquemas geopolíticos “Norte-Sur” propios del otrora expansionismo soviético a través del discurso victimista/desarrollista, y que dentro del esquema de Naciones Unidas, goza aun de muy buena salud.

En 2017 fue Alfred De Zayas, en ese entonces Relator Independiente para la promoción de un orden democrático equitativo. Su visita se llevó a cabo a finales de noviembre del 2017, poco después del primer informe sobre Venezuela aludido antes. Según lo presentado, el experto centró su misión en la necesidad de “promover una mayor cooperación regional e internacional, hacer un seguimiento de las políticas dirigidas a detener los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, garantizar la libertad de comercio y realización de transacciones financieras sin discriminación, atacar los problemas de la reestructuración de la deuda soberana, obtener información sobre políticas relativas a la distribución de recursos y la regulación del sector privado, y explorar medios para fortalecer la asistencia letrada mutua en los casos penales.” En su informe final encontramos los siguientes apartados:  “Obstáculos que impiden el disfrute de los derechos humanos: guerra económica”, “multilateralismo y el principio de no intervención”, “las sanciones económicas” y “crisis humanitaria e intervención humanitaria”, cuyo primer párrafo apunta: “Mediante una inquietante campaña mediática se procura forzar a los observadores a adoptar una visión preconcebida de que existe una “crisis humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela.

La señora Alena Douhan es relatora independiente para los derechos humanos y las sanciones. Es la segunda de los tres invitados, y su informe preliminar fue presentado el 12 de febrero pasado, en vísperas de la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos en el que se va a recibir un informe oral de la Misión de Determinación de Hechos, la misma que en septiembre pasado indicó que había elementos para pensar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de Lesa Humanidad. El informe preliminar de la Sra. Douhan consta de varios apartados cuyos títulos son los siguientes: “Situación económica y humanitaria en Venezuela”, “Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones”, e “Impacto en el disfrute de los derechos humanos”. El primer apartado de este informe da a entender que es debido a las sanciones que se ha deteriorado la economía en Venezuela y se ha creado la situación humanitaria actual. Ya no se trata, pues, de una campaña mediática, como dijo De Zayas, ahora, si hay una razón: las sanciones. De la misma manera, si De Zayas habla de una guerra económica como el obstáculo para impedir el disfrute de los derechos humanos, Douhan dice que la escalada de esa guerra económica, a través del bloqueo total impuesto desde el 2019, impide que la población disfrute de los derechos humanos.

Una lectura al informe de la Sra Douhan, y se destaca la ausencia de evaluación contextual o la falta de contraste de la información suministrada por quienes controlan el poder en Venezuela. Por ejemplo, la relatora dice que la economía venezolana se redujo 99% por culpa de las sanciones, pero sin dar cifras, ni punto de partida. No obstante, según las últimas cifras oficiales emitidas por las autoridades venezolanas, en el 2014, el PIB de Venezuela era de $482.359.000.000. Si partimos de esta base, llegamos a la conclusión de que la Sra. Douhan quiere decir que el PIB actual de Venezuela es de $4.823 millones. Según datos del Banco Mundial, el PIB del 2019 de Barbados es de $5.209 millones, el de Guyana es $5.173 millones y el de Sierra Leona es $4.121 millones. O sea, según el análisis contenido en el informe presentado por la relatora Douhan, la economía venezolana es más pequeña que la de una isla del Caribe, un país de 785 mil habitantes o de un país en guerra.

Más allá de la improbabilidad de que Venezuela se sitúe en tales rangos, si la relatora hiciera un poco de investigación, encontraría que existen indicadores socioeconómicos anteriores a las sanciones que muestran tendencias muy reveladoras del manejo inadecuado de los recursos del Estado. Por ejemplo, tal como consta en el Examen Periódico Universal del 2016 del mismo sistema universal de DDHH,  ya distintas ONGs  venezolanas e internacionales denunciaban entonces una drástica caída de la importación de comida y medicamentos y la ausencia de atención del tema por parte de las autoridades venezolanas, que culpaban de tal descenso a la caída de los precios del petróleo.

Más recientemente, en 2018, de acuerdo con un trabajo realizado por el centro Brookings Institution y el centro para desarrollo internacional de Harvard, se desprende que la caída de los precios petroleros o las sanciones son posteriores al descalabro humanitario ocurrido en Venezuela. De acuerdo con este trabajo de investigación, la importación de alimentos empezó a descender en Venezuela a partir del 2013, y para el 2016, año en el que bajan los precios del petróleo,  había disminuido en 71%. Asimismo, la importación de medicamentos y equipos médicos disminuyó en 68% entre el 2013 y el 2016. Otros indicadores, como por ejemplo, la ingesta calórica de un venezolano ganando sueldo mínimo pasó a ser poco más del 50% de sus necesidades dietéticas en 2017. El salario real cayó en 92% desde el 2010 al 2017 y la mortalidad infantil aumento en 44% entre el 2013 y el 2016.  Algunos economistas atribuyen este nivel de deterioro a los altos niveles de endeudamiento y posterior pago de servicio de la deuda externa, otros a la falta de inversión en la industria petrolera y en la infraestructura. Otros factores que han contribuido con el colapso del país son la destrucción del aparato productivo, en un atentado directo contra derechos económicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la corrupción y los flujos financieros ilícitos.

En suma, probablemente la situación actual sea producto de un cúmulo de factores, pero hay suficiente información para establecer que mucho antes de las sanciones, ya existía una política de Estado diseñada para destruir las “instituciones burguesas”, como dijo un ministro de Chávez y dar paso a la estructura de la revolución.

En la estrategia de largo plazo, la violación de los derechos humanos es un daño colateral en la consecución de los objetivos de quienes controlan el poder, pues ellos conocen las limitaciones inherentes a la diplomacia y, en particular, al sistema multilateral. Saben que a pesar de que hayan más de 60 llamados desde los distintos mecanismos y órganos del sistema para que Venezuela se apegue a las normas contenidas en los tratados firmados, y a pesar de que hayamos pasado de ser mencionados en declaraciones generales a formar parte permanente de la agenda del Consejo de Derechos Humanos (máximo órgano legislativo que se reúne tres veces al año por alrededor de un mes); todo puede ser diluido en un concurso de retórica, en un altercado de informes presentados por quienes defienden la democracia y los valores fundamentales, y quienes se aprovechan de las contradicciones y deficiencias de la diplomacia multilateral, para seguir avanzando mientras aparentan retroceder.

Queda de nuestra parte entender que éste es el ajedrez. Que debemos armar una estrategia de juego en consecuencia que vaya mas allá de quejarse o decir lo obvio. Queda de nuestra parte que sepamos anticiparnos a la presentación del informe definitivo de la Relatora en Septiembre próximo,  a la visita del tercer Relator que hablará seguramente de cómo las sanciones, la guerra económica, o las iguanas impiden el desarrollo de Venezuela;  a las próximas intervenciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en las que mencionará los avances que ha hecho el régimen, así sean tímidos; a los informes de los Expertos de la Misión de Determinación de los Hechos a los que el régimen acusará de tergiversar la realidad en una suerte de discurso proyectivo pero efectista; incluso, queda de nuestra parte contrarrestar el caudal de ONGs de maletín que inundarán las oficinas de los funcionarios a cargo de redactar el próximo Examen Periódico Universal.

Después de todo, no podemos dejarnos hacer jaque, y seguir moviendo las misma piezas.

Por: María Alejandra Aristeguieta.

Internacionalista UCV, experta en políticas multilaterales y defensora de DDHH.