ELSA CARDOZO
La secuencia de reuniones, declaraciones, anuncios y medidas
internacionales ante la situación venezolana ha sido particularmente
densa en este abril. Mejor dicho, también en este abril. Cómo no
recordar el del año pasado cuando, tras las sentencias del TSJ de
fínales de marzo que quitaban la capacidad de legislar a la Asamblea
Nacional, se iniciaron protestas masivas y sostenidas por más de cien
días. Cayeron hace un año las primeras víctimas de la represión estatal y
paraestatal, la que en julio ya había causado la muerte de más de
centenar y medio de venezolanos, la detención arbitraria de miles, los
enjuiciamientos de civiles en tribunales militares y muchas y bien
fundamentadas denuncias de torturas, para citar solo parte del registro
de esos meses. Desde entonces arreciaron las reacciones y respuestas
internacionales ante la ya inocultable, sostenida y acelerada deriva
autoritaria del régimen venezolano, sus efectos nacionales y sus
consecuencias internacionales.
Este abril, de principio a fin, ha habido un giro visible en las
reacciones y respuestas internacionales ante la crítica situación
venezolana: no solo por la cantidad de sus expresiones, sino por los
mensajes que transmiten de modo más y menos expreso.
Todas las iniciativas, sin duda, responden en apretada secuencia a
la cada día más catastrófica situación social, económica y política de
Venezuela y a la proximidad de un proceso electoral que se considera
ilegítimo por carecer de garantías y que anuncia la continuidad del
desastre.
El Grupo de Lima, que el 6 de abril se había solidarizado con
Panamá tras las medidas impuestas por el gobierno venezolano contra sus
autoridades y empresas, sumó a Estados Unidos en su extensa declaración
del 14 de abril. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores se ha manifestado en tres momentos sobre la situación
venezolana: el 11 de abril al final de la visita del canciller Jorge
Arreaza, luego el día 19 y más recientemente el 26, al recibir al
presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, acompañado por
diputados y otros representantes de la oposición. También el 19 de
abril, en el entorno de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, los ministros de Finanzas de Estados Unidos,
Canadá, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay,
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón se reunieron para tratar
la catástrofe venezolana y coordinar medidas. En la misma jornada,
Colombia, Panamá y Estados Unidos anunciaron la creación de unidades de
inteligencia para el rastreo conjunto de operaciones ilegales con fondos
provenientes de Venezuela. Al día siguiente, seis socios de los doce de
la Unasur –Brasil Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Colombia–
anunciaron su intención de suspender su participación en este foro tan
disminuido por influencia de los intereses del régimen venezolano. El
mes cerrará con la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo
Permanente de la OEA, convocada para mañana lunes, para tratar la
situación de Venezuela.
El mensaje del conjunto de declaraciones y propuestas, como se lee
en la mayoría de ellas y en los gestos y anuncios de muchos países,
asoma la voluntad de trabajar en cuatro vías. Se mantiene la disposición
a asistir de inmediato en la emergencia humanitaria –la interior y la
que se desborda al exterior– por parte de gobiernos y, naturalmente,
también por organizaciones internacionales y no gubernamentales. También
se ha estado manifestando la disposición a coordinar posiciones y
concertar medidas en grupos de países. Sigue muy presente el mensaje de
presión de las sanciones ya en marcha y las que el seguimiento de la
situación y los temas financieros anuncia que podrían sumarse. Y,
finalmente, pero de enorme importancia en el balance y propósito
constructivo de estos mensajes, se continúa procurando el mantenimiento
de canales de comunicación al lado de cada vez más explícitas
declaraciones e iniciativas que comunican la disposición internacional
para asistir a la recuperación económica en cuanto se restablezca el
orden constitucional y democrático en Venezuela.
Todos los pronunciamientos y anuncios, valga insistir, han
incorporado un mensaje central: tal como están convocadas, las
elecciones presidenciales no son creíbles, transparentes, libres ni
legítimas. La exigencia es que lo sean, que el gobierno se comprometa
seriamente a crearlas para que se asegure la participación de todos los
partidos políticos, sin obstáculos, bajo condiciones iguales y en
conformidad con la Constitución venezolana y los estándares
internacionales, en un marco de respeto a la legalidad y los derechos
humanos, “única forma de resolver la crisis multidimensional”, en
palabras de la señora Mogherini.
Finalmente, un mensaje central, de vuelta a lo que nos toca
resolver desde Venezuela, es el que la Conferencia Episcopal Venezolana
expresó al país todo, con cuidada ponderación y franqueza el pasado 23
de abril: “Todos los venezolanos hemos de tomar conciencia de que está
en juego en estos momentos no solamente la realización de un evento
comicial más o la merma transitoria de la calidad de vida de un pueblo,
sino su misma existencia como nación libre, fraterna y democrática”.
elsacardozo@gmail.com
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