Asambleas de ciudadanos, estrategias y el derecho a la democracia
CARLOS ROMERO M.
POLITIKA UCAB
En
estos tiempos tan difíciles no nos pueden confiscar la capacidad de
gritar con fuerza y decir con mucha contundencia que los venezolanos
tenemos el derecho a la democracia, tal y como expresamente nos recuerda
el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
Ese
instrumento jurídico internacional reconoce que la democracia es
esencial para lograr que las sociedades alcancen su desarrollo político,
social y económico. Advierte que su pleno ejercicio será posible cuando
la participación se asuma como un derecho que se ejerce de manera
permanente, responsable y éticamente orientado al desarrollo de los
propios ciudadanos.
Para
la Carta Democrática Interamericana la participación ciudadana,
ejercida en el marco del orden constitucional respectivo, representa una
herramienta efectiva para reforzar la democracia representativa.
En
tal sentido, las asambleas de ciudadanos, reconocidas en el artículo 70
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
representan esa herramienta útil de participación ciudadana que podría
ser asumida estratégicamente como fuente de la soberanía popular para
construir las bases legítimas de un acuerdo nacional sobre el cual
edificar un compromiso unitario, urgente y necesario, a los fines de
restaurar niveles básicos de confianza y sentar la bases para lograr un
mínimo de cohesión social.
Ya
no hay tiempo para ir a asambleas a escuchar a expertos y evaluar
diagnósticos sobre la naturaleza del régimen. Es el momento de hacer de
las asambleas de ciudadanos el espacio para que la participación
trascienda al reclamo cívico sin abandonarlo; para que la participación
supere la organización meramente electoral, para ampliar su dimensión
hacia la búsqueda de conformar una fuerza que, articuladamente con la
Asamblea Nacional, logre impulsar un proceso de construcción de
consensos sobre los asuntos públicos que deben ser abordados
responsablemente para enfrentar los desafíos que hoy tenemos.
Es
necesario reivindicar, en la práctica, los artículos 52 y 62 de la
Constitución Nacional. Ellos permiten comprender mejor el mandato del
artículo 333 de la Constitución y sirven de base para fundamentar, de
manera política y jurídica, las asambleas de ciudadanos como espacios
efectivos para el reencuentro y la organización política de la sociedad.
En
este sentido, en cada municipio del país una asamblea de ciudadanos
–con la presencia de su diputado electo y a través de un manifiesto
público debidamente aprobado por los ciudadanos–podría
impulsar la relegitimación y el respaldo popular a las acciones que la
Asamblea Nacional ha impulsado para la reivindicación de nuestro derecho
a la democracia.
Qué
oportuno resultaría que con espíritu unitario, a lo largo y ancho del
país, se impulsaran asambleas de ciudadanos orientadas, de manera
coherente, a respaldar y relegitimar, en principio, tres acuerdos
fundamentales aprobados por la Asamblea Nacional: el que declaró la
ruptura del orden constitucional y democrático; el que declaró la
responsabilidad política del Presidente y el abandono de sus funciones
constitucionales y el que autorizó el enjuiciamiento del Presidente por
los hechos de corrupción que se denunciaron.
Varios
actos políticos de esa naturaleza –descentralizados, estratégicamente
estructurados y respaldados por el marco constitucional– contribuirían
a reivindicar los valores y principios sobre los cuales se debe activar
la soberanía popular. Además, permitirían reiterar en momentos
electorales ante los ojos del mundo y del propio Gobierno, el respaldo
popular al único Poder Público que ostenta la legitimidad suficiente
para restaurar la democracia y la plena vigencia de la
Constitución. También sería un ejercicio de renovación del compromiso
político de la Asamblea Nacional con el país en general.
Ese ejercicio cívico que se plantea en las líneas previas podría
complementarse con un proceso estratégico de debate y construcción de
consensos, buscando sembrar las bases de un acuerdo nacional que podría
tener una incuestionable legitimidad, si en cada municipio los actores
de la sociedad civil lo suscriben formalmente como demostración de
acuerdo y es sometido públicamente a la aprobación de los electores,
como expresión clara de la soberanía popular. La Asamblea Nacional
debería ser la destinataria de esos manifiestos y de esos consensos.
Además, deberían sistematizarse mediante el debate parlamentario que
necesariamente concluiría en la aprobación de un acuerdo nacional para
la reconstrucción del país.
Foto: La Patilla
Ese
acuerdo podría suplir el vacío que percibe y reclama constantemente la
sociedad civil por la ausencia de un proyecto de país compartido.
Además, podría servir de referencia política para confrontar con ideas y
propuestas la renovación del Plan de la Patria y una eventual reforma
constitucional. Ambas propuestas no pueden ser subestimadas pues están
previstas en la hoja de ruta del Gobierno nacional.
En
cada asamblea de ciudadanos, en cada manifiesto cívico, así como en el
acuerdo que debería aprobar la Asamblea Nacional para concretar esta
estrategia participativa, debería quedar expresamente señalado el
compromiso irrestricto con el artículo 333 de la Constitución y con la
participación ciudadana a los fines de restaurar los cinco elementos
esenciales de la democracia representativa reconocidos por la Carta
Democrática Interamericana, a saber:
1. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.
3. Celebración
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
universal y secreto como expresión de soberanía del pueblo.
4. Régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
5. Separación e independencia de los poderes públicos.
Sin
esos elementos no hay democracia representativa y eso lo estamos
experimentando con mucha crudeza en la actualidad. La participación a
través de las asambleas de ciudadanos debería sensibilizar a la sociedad
sobre el valor de esos cinco elementos para la tarea de afrontar con
responsabilidad los desafíos que supone la urgencia que demanda aquellos
asuntos públicos que hoy agobian y deterioran la calidad de vida de
cada uno de los venezolanos.
Los
problemas de la escasez del agua, de la inexistencia de instituciones
públicas con capacidad de atender las necesidades básicas, el deterioro
de nuestras ciudades por falta de recursos financieros para responder al
mantenimiento y cuidado adecuado, la pobreza que va minando nuestra
sociedad, son algunos de esos asuntos públicos que nos agobian. Esos
temas están directamente relacionados con varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible y podrían ser asumidos como una referencia
oportuna para facilitar el debate político sobre los asuntos públicos,
priorizarlos y enmarcarlos en las metas globales que la ONU ha aceptado
formalmente.
Impulsar, en medio de un proceso electoral, asambleas
de ciudadanos para que la participación sirva de herramienta para la
construcción de un acuerdo sobre la reconstrucción, inspirado en los
cinco elementos de la democracia representativa ya mencionados y
adecuado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, nos permitiría
asumir el día después del 20 de mayo de una forma proactiva. A
pulso y con constancia, con participación y estrategia, podremos ir
recuperando nuestro derecho a la democracia, pero es esencial un acuerdo
formal de unidad.
El
autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización
en Derecho Administrativo. Es coordinador de proyectos de la Fundación
Konrad Adenauer. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.
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