PARA ESE JUICIO HAY SUFICIENTE MERITO
TRINO MARQUEZ
La corrupción alrededor de
Odebrecht desató una tormenta en Brasil, Perú y Ecuador, entre otros países
latinoamericanos. En Brasil provocó la salida del poder de Dilma Rousseff y el
encarcelamiento de Lula, el líder más carismático y popular de ese país desde
Getulio Vargas. En Perú, produjo la renuncia de Pedro Pablo Kuczinski y la
orden de captura de Alejandro Toledo. La acusación contra este último, se
levantó por haber cobrado una comisión indebida de veinte millones de dólares
por una obra que fue concluida. En los países de la región donde el escándalo
de Odebrecht ha estallado, los cuerpos legislativos y judiciales han actuado para
investigar y sancionar a los responsables fundamentales. La excepción es
Venezuela. Así como nunca han aparecido los responsables de pudreval; de las
numerosas empresas de maletín denunciadas por Jorge Giodani, que saquearon los
dólares preferenciales de Cadivi; de la quiebra y endeudamiento de Pdvsa, en
plena bonanza de los precios petroleros; y del desfalco de los recursos
financieros destinados a solucionar la crisis eléctrica, tampoco han aparecido
los culpables de que casi 70% de las obras construidas por Odebrecht no hayan sido
concluidas, a pesar de haberse proyectado con sobreprecio y haber sido canceladas
muchas de ellas.
El
grupo instalado en Miraflores desde hace dos décadas celebró la salida de
Carlos Andrés Pérez de la Presidencia porque, supuestamente, era el jefe de la corrupción. Su delito fue haber financiado,
con 17 millones de dólares de la partida secreta, el aparato de seguridad
encargado de la custodia de Violeta Chamorro. Ahora, esa misma gente se niega a
que Nicolás Maduro sea investigado por la AN por los miles de millones de
dólares que giran en torno a Odebrecht. Las pruebas presentadas por Luisa
Ortega Díaz en Bogotá ante el TSJ
nombrado por la AN, muestran la existencia de suficientes indicios para iniciar
un juicio contra Maduro por sus vínculos malsanos con el gigante brasileño. Con
las evidencias aportadas por Ortega Díaz y el dictamen de ese TSJ, la AN decide aprobar el antejuicio de
mérito a Maduro.
El
reto ahora consiste en establecer la pertinencia y alcances de la decisión adoptada por la AN. Tarek W. Saab
ha dicho que se trata de un proceso bufo e inmoral. Veamos. Desde el 6 de
diciembre de 2015, Maduro se ha dedicado a lanzarle misiles a la AN. El 23 de
ese mismo mes designó al TSJ, con la única finalidad de que torpedeara las
funciones del cuerpo legislativo que se constituiría el 5 de enero siguiente;
el día anterior a la instalación de la
nueva AN, ese TSJ le amputó a la oposición los tres diputados de Amazonas y, no
obstante las numerosas elecciones convocadas por el régimen, jamás ha llamado a
comicios en ese estado, sin representación parlamentaria desde entonces; pocos
días después del 5 de enero, el TSJ
aprobó el Decreto de Emergencia Económica que le ha permitido al mandatario gobernar
en este campo sin la participación del Parlamento. El presupuesto de la AN fue
drásticamente reducido, los ministros y otros altos funcionarios del gobierno
recibieron la orden de no atender los llamados de la AN para comparecer ante
ese foro. Todos los acuerdos, resoluciones y decretos aprobados por la mayoría opositora
de la AN, son saboteados por el Ejecutivo o por el TSJ. Las protestas de 2017
se iniciaron cuando el TSJ pretendió derogar en la práctica a la AN y allanar
la inmunidad de los diputados, decisión cuestionada por Luisa Ortega Díaz. Para
rematar la faena creó la Asamblea Constituyente, órgano ampliado de la
dirección del Psuv.
En
este ambiente de confrontación y pugnacidad permanente del Ejecutivo con la AN,
los parlamentarios toman la decisión de enjuiciar al presidente Maduro por sus
nexos con Odebrecht.
Se
trata de una decisión política inspirada en la necesidad imperiosa que tiene la
AN de encarar la corrupción y reafirmar su autoridad frente a un mandatario que
la ha desconocido y arrollado. En cuanto medida política resulta
incuestionable. Bufo e inmoral ha sido el saqueo cometido por los funcionarios
y amigotes del régimen, enriquecidos de forma obscena con las comisiones
concedidas por Odebrecht, y los innumerables atropellos perpetrados por el régimen
contra la representación parlamentaria opositora.
La
decisión de los diputados tuvo la ventaja de reagrupar la oposición en torno a
un objetivo común: enjuiciar a Maduro en el marco de la Constitución del 99. Los
diputados opositores deben combatir la impunidad, de lo contrario se convierten en sus cómplices. Este acuerdo
unitario era fundamental. Representa un mensaje de fortaleza y cohesión frente a la comunidad internacional y una
página más del abultado expediente que debe seguir armándose contra un
gobernante inepto, con vocación dictatorial y complaciente con la corrupción.
El
antejuicio aprobado contra Maduro no niega, ni compromete la vía electoral.
Quienes creen en esta línea pueden continuar en su esfuerzo sin ningún temor,
ni duda. Este enfoque fue adoptado por
el grupo que apoya a Henri Falcón, cuyos integrantes decidieron asistir al
Hemiciclo y votar en la sesión del martes 17 de abril. A CAP sus enemigos lo
defenestraron en plena campaña electoral. Los comicios no son otra cosa que un
escenario más de lucha.
@trinomarquezc
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