Grupo La Colina

Francisco Monaldi:“Lo más preocupante para mí es la posibilidad de que se privatice el sector petrolero de manera oculta” 

LA GRAN ALDEA 

El director del Programa Latinoamericano de Energía y Profesor-Investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, Estados Unidos, Francisco Monaldi, considera que la “Ley Antibloqueo” no ofrece garantías de legitimidad en el sector petrolero. El especialista en el área y director del Centro Internacional de Energía del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) advierte que sin un levantamiento de las sanciones es difícil que las empresas internacionales, privadas o multinacionales, estén dispuestas a invertir; pero la aprobación de este texto puede ser muy útil para actores poco transparentes y negocios oscuros, sobre todo ante la posibilidad de que la información se pueda calificar como reservada o confidencial. 

-¿Qué implicaciones tiene la “Ley Antibloqueo” para el país y, específicamente, para la industria petrolera? 

-La intencionalidad, y es un tema que incluso viene previo al plan de Tareck El Aissami (ministro de Petróleo designado por Nicolás Maduro) es que el Gobierno ha venido tratando de buscar la manera de que pueda entregar la operación de las empresas mixtas a los socios internacionales y nacionales, en aquellas que los tienen; permitir que se pueda vender más de 50% del capital accionario de esas empresas mixtas a esos socios y que esos socios controlen el flujo de caja; es decir, que puedan ellos mismos vender el petróleo. Esas son cosas que desde hace mucho tiempo vienen en discusión y están plasmadas en ese plan de El Aissami, y esta Ley ofrece la oportunidad de hacer eso. Aclara que no va a tocar a PDVSA, pero ofrece la oportunidad de hacer eso claramente con las empresas mixtas. También ofrece otra oportunidad de hacer otras cosas que no estoy seguro si las quieren hacer como devolverle las empresas de servicios a sus dueños o privatizarlas, pero pareciera que una de las intencionalidades importantes es esa. Ahora es importante recordar que en el pasado ha habido otros intentos de legitimar o legalizar algún tipo de estas ideas; por ejemplo, con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en un momento dado que decía que como la Asamblea Nacional estaba en desacato, el Ejecutivo podía tomar decisiones en materia de legislación petrolera, una ley en algún momento que creaba una zona económica especial por lo menos en la Faja y le daba autoridad al Gobierno para hacer lo que quisiera en términos de impuestos, etc., pero mi sensación es que ninguno de esos instrumentos fue considerado por los socios como una opción que les daba garantías legales. 

-El gobierno de Nicolás Maduro hace esto a pocos meses de llevar a cabo unas elecciones parlamentarias que, aunque no son avaladas por la oposición ni por muchos países, le podría dar control de la Asamblea Nacional. 

-Es interesante ver que hicieron esto cuando ellos piensan que van a tener el año que viene el control de la Asamblea Nacional y sin embargo decidieron tener esta amplísima autoridad que es prácticamente el derecho a “reredactar” la Constitución en muchas materias, pero en particular en el área petrolera que está claramente por encima, en la interpretación del Gobierno, de la Ley de Hidrocarburos de 2001 y con sus modificaciones posteriores. 

-¿Realmente la “Ley Antibloqueo” da garantías a los que quieren invertir o se puede atraer un capital extranjero cuando se sabe que se aprobó de forma irregular e ilegal mediante la Asamblea Nacional Constituyente y que existen las sanciones? 

-No. La legitimidad de esta Ley es precisamente el punto que yo veo, es que después de los intentos anteriores, fracasando en términos de convencer a los socios de que era suficiente y de que el Gobierno ruso, por cierto muy abiertamente dijo, -a principios de este año cuando se pensaba que Luis Parra tomaría el control de la Asamblea Nacional y podían cambiar la Ley de Hidrocarburos-, que ellos podían colaborar con el Gobierno si había cambios en materia legal. Uno se pregunta si para alguno de estos actores internacionales esto va a ser suficiente, porque ciertamente no ofrece garantías de legitimidad en muchos sentidos. Creo que la mayoría de las grandes empresas internacionales no se van a sentir cómodas actuando dentro del marco de esta Ley. Incluso, por supuesto, tampoco se van a sentir necesariamente cómodas con algún acto legislativo de la próxima Asamblea Nacional. Lo más probable es que siga una especie de limbo para muchos de estos socios internacionales; sin embargo, no hay que descartar que esto sirva, porque esta Ley además incluye un elemento de ‘secreto’, que todo se puede hacer sin siquiera ser transparentes en informarlo, violando todas las normativas de cómo se venden activos. Se teme que pueda llevar a este tipo de privatizaciones como la que ocurrió en Rusia, en la que gente allegada al Gobierno toma el control de activos que, si bien no sea de una manera que necesariamente lo reconozca la comunidad internacional, pueda ofrecer algunas rentas o ganancias importantes a algunos grupos vinculados al poder. 

-Pero las sanciones seguirán, ¿tiene Maduro un margen de maniobra con esta “Ley Antibloqueo”? 

-Sin un levantamiento de las sanciones es muy difícil que ninguna de las empresas internacionales, privadas al menos, multinacionales, estén dispuestas a invertir en Venezuela; entonces, van quedando solamente actores poco transparentes como hay en algunas empresas mixtas que no se sabe ni siquiera quiénes son como el caso de Petrozamora, por ejemplo, que quizás sí se puede arriesgar, utilizando los mecanismos que están usándose hoy para evadir las sanciones con empresas fantasmas, de maletín, que exporten el petróleo venezolano para tratar de pagarse. ¿Básicamente cuál es la idea? La idea es que tú socio me compras una parte, por ejemplo, una empresa como Petrozamora y te repagas, inviertes por supuesto en subir la producción y te repagas con el petróleo que exportes; y mientras haya sanciones siempre va a ser eso una actividad muy riesgosa y muy complicada para ese socio lograrse cobrar. La intencionalidad pareciera ser esa y por cierto también se habla de la posibilidad de que los privados puedan vender gasolina, que no es permitido por la Ley hoy en día, pero si bien esa es la intencionalidad, la pregunta es si eso va a tener éxito y la respuesta preliminar es que yo lo dudo, excepto quizás en algunos casos que pudieran ocurrir algunas transacciones oscuras para beneficiar a gente cercana al régimen. 

-¿Para todo esto era necesario una “Ley Antibloqueo”?, ¿no era suficiente, por ejemplo, reformar la Ley de Hidrocarburos? 

-Obviamente, aprobar la “Ley Antibloqueo” no es necesario en ningún caso. Es una Ley que básicamente le da un poder absoluto al Ejecutivo, está con rango constitucional, es un disparate completo. Yo no soy abogado, pero desde el punto de vista como economista puedo ver, creo que es lo contrario de lo que se necesita en un país que es estabilidad legal, jurídica. Hay un consenso de la mayoría de la gente que sigue el sector petrolero, incluyendo en el propio Gobierno como uno lo ve en el plan de El Aissami, de que hay que cambiar el marco institucional del sector y permitir mayor participación privada y hacer más competitiva la atracción de inversiones extranjeras, pero para eso hay que tener una reforma a la Ley de Hidrocarburos o una Ley de Hidrocarburos nueva que dé las garantías de que eso se hace bien y, por supuesto, es muy difícil para un Gobierno que no es considerado legítimo por muchos otros gobiernos en el mundo y que está sometido a sanciones. El objetivo es si se quiere hacer eso; es decir, que es deseable, es hacerlo de una manera completamente transparente, con una reforma legal, consensuada en la Asamblea Nacional, que dé garantías a las empresas internacionales y, por supuesto, que sea combinado con una negociación para levantar las sanciones. Todo eso es lo que puede permitir que en Venezuela realmente haya una reactivación del sector hidrocarburos que requiere grandísimas inversiones privadas, pero esta Ley no cumple con ninguna de esas condiciones porque no tiene ni la legitimidad, ni las garantías y le da un poder gigantesco al Gobierno con total discrecionalidad. Quizás la única cosa que medio asoma allí es la posibilidad de usar mecanismos de resolución de disputas. Hasta ahora el Gobierno ha mantenido que no se puede hacer arbitraje internacional para muchas cosas, quizás es posible que esto permita que ellos firmen acuerdos con China o con Rusia para tratar de darle ciertas garantías a esos inversionistas, pero en principio esto es algo totalmente contrario a lo que se necesita de verdad para hacer una recuperación del sector petrolero; pero puede ser muy útil para algunos negocios oscuros, tratando de reactivar la producción en algunas empresas mixtas con socios de estos que están dispuestos a hacer cualquier cosa porque no cumplen con las normativas internacionales. 

-¿Qué tan peligroso es para lo que queda de PDVSA que en esta “Ley Antibloqueo” se establezca que alguna documentación puede ser clasificada como confidencial? 

-Por un lado, uno se pregunta si ya todo se hace sin ninguna transparencia, ¿qué agrega esto? Pero yo sí creo que es un poco para, básicamente, con el argumento de que están combatiendo un bloqueo, una sanción o como ellos lo tratan de hacer llamar; entonces con esa excusa podemos hacer todo en secreto y eso es legal y tranquilizar a los socios de que se estén haciendo cosas que claramente no parecen estar dentro de la ley ni de la Constitución del año 1999. Vemos que hasta hace poco se usaba el Registro de Contratistas de PDVSA, aparecían cuáles eran las empresas que compraban crudo y eso cada vez es menos transparente, cada vez se usa más para ocultar, para ayudar a evadir las sanciones. Esto legaliza eso, lo convierte en la norma, pero lo más preocupante para mí es la posibilidad de que se privatice el sector petrolero de manera oculta. Eso que es un poco lo que ocurrió en Rusia antes de Putin es una circunstancia en que, digamos, queda poco por robarse en PDVSA porque PDVSA no produce casi nada, pero si algo sería catastrófico es que encima las empresas mixtas queden en manos de boligarcas cercanos al Gobierno que de manera oculta tomen el control o de empresas totalmente no transparentes, internacionales, que sean fachada de algunos otros actores. Eso sería desastroso para la recuperación del sector petrolero venezolano. 

-Tareck El Aissami hablaba de cambios radicales y profundos. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los verdaderos cambios que se deben hacer en PDVSA para elevar la producción y de cuánto sería la inversión de la que hablaba? 

-PDVSA está quebrada, el Estado venezolano está quebrado. Venezuela va a generar menos de 4 mil, 3 mil millones de dólares en el año en ingresos petroleros y debe más de 140 mil millones de dólares. El Estado venezolano no puede recuperar a PDVSA, lo tienen que hacer los inversionistas. Eso requiere al menos entre 100 y 120 mil millones de dólares para aumentar la producción en 2 millones de barriles diarios. ¿De dónde van a venir esos inversionistas extranjeros? Bueno, solamente con un marco institucional súper creíble. Ya hay otros países que lo han hecho. Lo hizo Brasil, lo hizo Colombia, hasta cierto punto lo hizo México, aunque ahora López Obrador no siguió más con la apertura al sector privado; y lo hizo incluso Perú. Esas son el tipo de cosas que hay que hacer. El Aissami sabe que él no puede hacer esas cosas porque con las sanciones y con este problema de legitimidad legal se hace muy difícil implementar el plan que se filtró. Yo creo que el segundo mejor escenario que se le ocurre, por supuesto, es uno que le conviene a una serie de actores que obtienen beneficios del Estado venezolano, es hacer esta ‘privatización a la rusa’ con algunos actores, pero la posibilidad de que se recupere sustancialmente el sector petrolero sin todos los cambios que te describí antes y un levantamiento de las sanciones es muy lejana. Si acaso una mínima recuperación, pero hay que recordar que PDVSA produce menos de 10% de lo que producía cuando el chavismo llegó al poder. Es una cantidad ya ínfima y recuperar el sector petrolero va a ser súper difícil.